Casi 60 pisos y 9 alturas desatascan el solar de la Avenida de Valladolid de Soria

Sin otra utilidad que albergar de vez en cuando un circo, al gran solar frente a la estación de autobuses le toca por fin desarrollarse. El pleno dio ayer el visto bueno a la modificación del PGOU que abre las puertas a que se ejecuten hasta 58 viviendas y una zona comercial en este suelo urbano no consolidado. Si bien todos los grupos estaban de acuerdo en que ya era hora de que se construya en este sector entre la avenida de Valladolid y García Solier, existían algunas pegas o reparos que imposibilitaron la unanimidad. Mientras PSOE y Podemos daban el visto bueno a la operación, el PP se abstenía y Ciudadanos votaba en contra. La diferencia principal estaba en cómo unir las dos calles paralelas, de manera que la gente se ahorre el rodeo.

Son algo más de 8.200 metros cuadrados los de este suelo que en la actualidad ocupan árboles, maleza, algunas ruinas y carteles publicitarios. Desde hace muchos años no sirve para otra cosa (circo aparte) y el promotor que lo impulsa busca una ordenación distinta a la del PGOU, ya que por lo visto la actual es poco hacedera. Es la zona comercial, explicó el concejal de Urbanismo, Luis Rey, la que asegura la viabilidad del desarrollo, con un 20% de superficie de sector terciario. Este espacio mira a García Solier, con una transición ajardinada y de aparcamiento.

De las 58 viviendas, 17 son de protección. La modificación abre la «posibilidad» de que se agrupen en un bloque de nueve alturas del lado de la avenida. Al parecer, sería complicado construir una torre y es probable que el constructor la descarte para hacer un edificio escalonado. En esta parte de la ciudad los inmuebles de gran (para Soria) alzada están a la orden del día, en versión torre y versión más progresiva. A Saturnino de Gregorio, de Ciudadanos, las nueve plantas le parecían una «barbaridad» y el PP, con Ignacio Soria, pedía vigilancia para que aquello no acabe en una «mole».

Cómo pasar de García Solier a la avenida de Valladolid fue el punto discutido. Y es que a todos les parecía bien poner fin a un abandono mediante un trámite que Rey resumió como dar «cobertura y cerramiento» a un lugar que lleva «demasiados años dando una mala imagen».

Según la modificación, el tránsito se realizará mediante un pasaje. Como el Beltrán, el de Rota o la calle San Juan, con sus situaciones y connotaciones. Cuando se habla de un «pasaje soportal obligatorio», reconoció Marisa Muñoz, por Podemos, «se nos encienden algunas alarmas», ya que pueden ser sitios «conflictivos». Aún más explícito, De Gregorio consideró que «lo único que nos puede crear es suciedad e inseguridad». Soria apeló a una «calle abierta y no techada», pues estos pasajes «se degradan» o «terminan con una reja». Incluso se habló de un paso para coches, aunque sin mucha insistencia, pues sería añadir otro cruce a la avenida. Este recorrido peatonal, con ancho mínimo de tres metros y una altura de dos plantas, inclinó las posiciones de PP y Ciudadanos.

De Gregorio añadió algunas pinceladas más. «La propiedad de los terrenos no queda acreditada», expuso. Y la modificación suprime la mención de «ordenación vinculante». Cuestiones más técnicas que Rey despejó recordando que, por ser cosa de planeamiento, no es preciso que «aparezcan las propiedades» y que, en su caso, el Ayuntamiento sigue teniendo la «llave» de los documentos que pudieran llegar.

Con la excepción del solar, los demás puntos de gestión resultaron por unanimidad. No había mucho que discutir sobre la incorporación de las ayudas del Gobierno como consecuencia de los estragos del temporal Filomena, así que sin mayor problema salió adelante la modificación presupuestaria para incorporar 415.000 euros. Es lo que corresponde al ejercicio de los 2,5 millones concedidos para una inversión de casi 5,2 y que se destina a arreglos en las calles y edificios como el parque de bomberos, el Centro Cívico Bécquer, el Palacio de la Audiencia o los colegios.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (las plusvalías) sigue coleando tras los vaivenes en el Tribunal Constitucional. Todos los grupos dieron luz verde a los coeficientes en la Ordenanza para ajustarse a las normas estatales que buscar arreglar el desconcierto. Y tampoco hubo discordancia en ajustar el Reglamento del suministro de agua a los parámetros del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre control metrológico. O sea, los contadores. La empresa del agua gestionará estos dispositivos, que el abonado custodiará y que tendrán una vigencia de 12 años.