Sánchez limita la fiscalidad diferenciada a menos de un 1% del coste laboral

Tras año y medio de dudas, excusas y retrasos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en el Congreso la puesta en marcha de las ayudas de funcionamiento para Soria, Cuenca y Teruel. Un paso importante y positivo, pero todavía rodeado de incertidumbre a falta de conocer el alcance exacto de la medida. Un primer cálculo limita el ahorro de las empresas –según los datos actuales– a un máximo de unos seis millones de euros al año, una cifra muy alejada de los alrededor de 140 que podrían alcanzarse si, tal y como aprobó la UE, se aplicara el 20% de bonificación –el máximo permitido– en el conjunto de costes laborales. 

La propuesta desvelada por el Gobierno incluye un 5% de reducción en la cotización por contingencias comunes de la empresa en todos los contratos indefinidos existentes en la actualidad. El porcentaje se eleva al 15% en los nuevos contratos y alcanza al 20% de la cotización en contingencias comunes a los nuevos contratos en empresas de poblaciones de menos de 1.000 habitantes. De momento, no se han aclarado cuestiones claves como si se aplicarán con carácter retroactivo a 1 de enero de 2022–como aseguró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero–, si afecta a todos los sectores productivos y si incluso la reducción se aplica al tipo impositivo.  

El primer factor a tener en cuenta es que las ayudas de funcionamiento aprobadas por la UE  preveían bonificaciones de hasta un 20% en los costes laborales y la propuesta se limita a una reducción, en los contratos indefinidos actuales, del 5% en la cuota de contingencias comunes, que es una parte, la más cuantiosa, del importe que las empresas abonan a la Seguridad Social cada año.  De momento, las ayudas solo pueden llegar a Soria, Cuenca y Teruel al ser las únicas provincias de España que acreditan menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Las estimaciones aún son prematuras hasta conocer la redacción exacta de la norma y teniendo en cuenta que las cifras pueden variar dependiendo de factores como el tamaño de las empresas ( no se aplican a las de más de 250 trabajadores y 50 millones de facturación) o su ubicación (la reducción aumentará en empresas de poblaciones de menos de 1.000 habitantes que hagan nuevos contratos). Ni el Gobierno ni el PSOE ofrecieron ayer ninguna cifra sobre el impacto económico de la medida. 

La base media de cotización en Soria se sitúa en los 1.900 euros y a eso hay que añadir que mensualmente las empresas pagan, siempre hablando de medias, un 31,5% más a la Seguridad Social por diferentes cuestiones. Es decir, el coste laboral medio de cada trabajador de Soria se sitúa en los 2.500 euros.

Los últimos datos correspondientes al mes de septiembre indican que hay en la provincia 41.214 cotizantes. A esa cifra hay que restar los autónomos (7.849) y los trabajadores del régimen agrario y empleadas del hogar (1190 y 641 respectivamente). Son 31.524 trabajadores y todavía hay que eliminar del cálculo a los aproximadamente 8.000 funcionarios de la provincia, por lo que el número de trabajadores sobre los que calcular la bonificación se reduciría a 23.524. 

Si la base media es 1.900 y el número de trabajadores  son los citados 23.524, el resultado es que el coste salarial (salario bruto) se sitúa en unos 536,3 millones de euros anuales que perciben los trabajadores. Las aportaciones por contingencias comunes suponen un 23,6% del coste salarial, es decir, 126,5 millones por lo que la reducción del 5% de esa aportación ascenderá a unos 6,3 millones. Cabe incidir en que la cifra es probable que sea inferior al introducir las variables de trabajadores que estén en grandes empresas o aquellos que no tengan contratos indefinidos y que no se podrán acoger a la reducción. 

Hay que tener en cuenta que además de los 536 millones que las empresas pagan en salarios, el coste laboral incluye un 31,5% más de esa cantidad que es lo que cada año se abona directamente a la Seguridad Social por diferentes cuestiones como las cotizaciones comunes, el desempleo o el fogasa. Esto significa que el coste laboral total –coste salarial más aportaciones a la Seguridad Social– de las empresas se sitúa por encima de los 700 millones de euros –2.500 mensuales por cada uno de los 23.524 trabajadores–. El 20%, el porcentaje máximo que permite la UE, del coste laboral son 140 millones de euros. Es decir, de los 140 millones que podrían haberse ahorrado las empresas, la reducción se limita a 6 millones o, dicho de otra forma, de poderse ahorrar hasta el 20% del coste laboral la bonificación no alcanzará ni el 1%.   

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La Comisión Europea aprobó el 19 de abril de 2021 el texto definitivo sobre las ayudas estatales incluyendo la posibilidad de compensar las desventajas competitivas que sufren las empresas de Soria, Cuenca y Teruel por la situación de despoblación de esos territorios. Fue el punto culminante de una pelea de años en han desempeñado un papel importante los europarlamentarios españoles –de todos los colores políticos–, la red SSPA, que integran las patronales de Soria, Cuenca y Teruel, los Gobiernos de las tres Comunidades Autónomas y expertos como Mercedes Molina. 

Esta aprobación derivó en intensas reclamaciones por parte de los territorios y el siguiente hito importante fue la inclusión, mediante una disposición adicional en los Presupuestos de 2022, de la posibilidad de aplicar estas ayudas. «Dentro del marco establecido a nivel europeo para las ayudas estatales de finalidad regional, el Gobierno establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes para las zonas con una densidad de población muy baja, en concreto aquellas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, así como velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas», establecía el texto normativo. El anuncio realizado ayer parece lejano de ese «máximo aprovechamiento» marcado por el propio Ejecutivo, aunque en las próximas horas se espera que desde el Gobierno despejen todas las dudas sobre la aplicación de las ayudas de funcionamiento.