Heraldo-Diario de Soria

FISCALIDAD DIFERENCIADA

Ribera confirma que las ayudas de funcionamiento serán retroactivas

La ministra no aclara el impacto económico, pero sí explica que serán indefinidas 

La ministra junto al subdelegado en la reunión mantenida ayer con los alcaldes. GONZALO MONTESEGURO

La ministra junto al subdelegado en la reunión mantenida ayer con los alcaldes. GONZALO MONTESEGURO

Publicado por
J.S.
Soria

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La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, confirmó ayer en Soria que las ayudas de funcionamiento a las empresas de Soria, Cuenca y Teruel anunciadas la pasada semana por el presidente Pedro Sánchez serán retroactivas y que no tendrán un límite temporal. Aunque admitió que existe una estimación sobre su impacto económico no lo verbalizó y sí pidió en varias ocasiones que la herramienta que aplicará el Gobierno tenga un complemento por parte de las Comunidades Autónomas. 

Ribera visitó las instalaciones de Gamesa en Ágreda, mantuvo un encuentro con el alcalde de Soria, Carlos Martínez y celebró una reunión de trabajo una veintena de alcaldes de la provincia. Sobre la mesa las diferentes posibilidades que ofrece el Gobierno para mejorar la vida en los pequeños municipios y, las ayudas de funcionamiento tan ansiadas por la provincia desde que fueran aprobadas por la UE en abril de 2021. Unas ayudas que nacen para «generar nuevo empleo» y que acompañan a «otros recursos» que pueden beneficiar a provincias de Soria. Ya en un primer momento recordó la «capacidad» de las Comunidades para aplicar una «fiscalidad diferenciada» modificando el tramo del IRPF y «seguir sumando a esta primera aportación en las ayudas al funcionamiento para la generación de nuevo empleo». 

Cuestionada específicamente por la retroactividad a uno de enero del 2022 la ministra aseguró: «Sí, en principio sí tendrán carácter retroactivo. Van a aplicarse a los contratos indefinidos que existen y que están operativos hoy». La respuesta parece bastante clara, aunque otras fuentes del Gobierno explicaron que la cuestión no está completamente definida. Según las palabras de la ministra, las ayudas «no cuentan con limitación temporal». «Queremos ensayar, consolidar, ver qué significa y cómo funciona», subrayó explicando que la decisión de aplicar porcentajes diferentes se ampara en una «discriminación positiva» para los pequeños ayuntamientos y su capacidad de generar nuevos empleos. 

Cabe recordar que la propuestas desvelada por el Gobierno incluye un 5% de reducción de la cuota de contingencias comunes para los contratos indefinidos. La cifra sube a un 15% para los nuevos contratos y un 20% si esos nuevos contratos indefinidos corresponden a firmas ubicadas en localidades de menos de 1.000 habitantes. Ribera reiteró que las ayudas estarán activas de forma indefinida a la espera de que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social «termine de perfilar las características técnicas». 

La ministra no ofreció cifras concretas sobre el impacto económico. «Dependen en gran medida del éxito del nuevo lanzamiento, de los nuevos emprendimientos», señaló añadiendo que «se barajan unas horquillas y es algo que dejo al ministro de Inclusión  –José Luis Escrivá– que lo comparta». «Nuestra convicción es que es un muy buen momento para nuevos empleos», aseveró incidiendo en que «me parece que es una oportunidad muy grande que confiamos que tenga éxito, pero iremos midiendo los próximos meses y años lo que significa». 

Otro de los elementos a aclarar es si la medida afecta o no a los autónomos y si hay limitaciones a las empresas. Ribera recordó que las ayudas de funcionamiento se sustentan en las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes para el empleo indefinido que ya existe. «Esto cubre los puestos de trabajo que puedan crear los autónomos», pero no a los trabajadores por cuenta propia que tiene un régimen especial. Además, insistió, esta medida «puede ser complementada por otras medidas de apoyo y acompañamiento a iniciativa del Estado o de las Comunidades Autónomas». 

Ribera volvió a repetir el papel «capital» que juegan las Comunidades Autónomas con «la priorización de objetivos operativos en algunos territorios o el acceso a fondos estructurales» incidiendo en que «no siempre se discrimina en este sentidos». «Confiamos en que con este apoyo extra se pueda reforzar de forma importante», afirmó. 

Cuestionada por la no aplicación del 20% sobre los costes laborales que permite la UE, la ministra defendió el papel del Gobierno y volvió a señalar a las CCAA. «Bruselas dice que hasta un 20% y el Gobierno está canalizando una parte muy importante de los recursos del conjunto de programas de recuperación a este tipo de municipios», explicó recalcando que «la intención es crear generar nuevo empleo y reducir esa desigualdad en términos de densidad de población y de oportunidades de empleo». Ribera defendió que la lucha contra la despoblación «no solo depende del Estado, también de las Comunidades Autónomas que por ahora no han priorizado estos territorios». En este sentido apunto que sí hay territorios que están priorizando estas políticas, citando como ejemplo Teruel que cuenta con «recursos adicionales» bajo el paraguas de los planes de Transición Justa y recuperación de zonas mineras, un esquema que también se repite en León.  

Reunión con alcaldes

En la tarde de ayer Ribera mantuvo una reunión de trabajo con una veintena de alcaldes de los municipios más poblados de la provincia de Soria. En la cita se habló sobre «proyectos, prioridades y preocupaciones» en una provincia que «simboliza la dualidad de una España que en la costa y el área metropolitana de Madrid no deja de crecer y ve como se pierde población en una muy buena parte del territorio». La «convicción» del Gobierno es trabajar para reducir esas diferencias «trabajando en la prestación de servicios de calidad, conectividad, digitalización y movilidad entre los diferentes términos municipales». Otra área de trabajo es «facilitar nuevos emprendimientos y actividad laboral» y por último, Ribera apuntó al acceso a vivienda «una de las demandas más importantes de cualquier familia». 

En la reunión estuvo presente el presidente de la Diputación, alcalde de Golmayo y presidente del PP de Soria, Benito Serrano que lamentó el «sentimiento contradictorio» que produce la llegada de las ayudas pero que tendrán una «repercusión pequeña» en comparación con los 350 millones anunciados para Baleares. A pesar de preguntar por esta cuestión, Serrano aseguró que no hubo respuesta. «Sí, tendremos las ayudas, pero muy pequeñas y nos hubiera gustado que nos aclarada esa diferencia tan grande y que consideremos que es una discriminación para una provincia como Soria», explicó Serrano. 

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