Dos recursos suspenden la licitación del Centro de Datos

El proceso de construcción del nuevo Centro de Proceso de Datos de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social en Soria afronta su primer contratiempo. El proceso de licitación, que arrancó a primeros de diciembre, está suspendido cautelarmente por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) a causa de dos recursos presentados por el Colegio de Ingenieros y la Confederación Nacional de la Construcción, según consta en la Plataforma de Contratación. No obstante, la suspensión cautelar no ha afectado a la recepción de ofertas  y ya hay tres firmas –algunas de las principales constructoras del país– que ya han manifestado su intención de optar a la obra que movilizará más de 88 millones. 

La Plataforma de Contratación del Estado ha publicado dos resoluciones, fechadas el 3 y el 4 de enero de 2022, en las que informa de dos acuerdos del TACRC sobre el proceso de licitación de las obras de construcción del CPD en Soria. Ambos acuerdos, corresponde a recursos presentados y estudiados el pasado 29 de diciembre. Tal y como está explicado con anterioridad, los recursos procedente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Confederación Nacional de la Construcción. 

El acuerdo del Tribunal de Recursos Contractuales explica que en los dos casos se interpuso un «recurso especial en materia de contratación contra los pliegos» del procedimiento de contratación de la obra del CPD. En ambos recursos se solicita también la adopción de medidas cautelares. En este sentido, tanto el Colegio de Ingenieros como la Confederación Nacional de la Construcción indicaron que pudieran derivarse «perjuicios»  de «difícil o imposible reparación» que podrían producirse en el caso de que el proceso de contratación continúe tal y como estaba previsto. 

Vistos los preceptos legales, desde el TACRC concluye que no hay causas de inadmisibilidad del recurso y que procede «conceder la medida cautelar consistente en suspender el procedimiento de contratación». De la misma forma incide que esta suspensión cautelar no afecta al plazo de presentación de ofertas. Desde la Confederación Nacional de la Construcción explicaron que su recurso se debe a los requisitos del pliego, tanto en las habilitaciones solicitadas a las empresas como a las necesidades de personal que son necesarias para acreditar la solvencia. 

Desde esta organización consideran que «este requisito para completar la solvencia mediante una adscripción de medios personales tan numeroso y  con una experiencia muy determinada, y que excluye a la empresa que no lo cumpla, vulnera lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público». Además «vulnera los principios generales de la contratación pública de proporcionalidad, de igualdad de trato y no discriminación y de libre concurrencia, en cuanto que la adscripción de los medios personales debe ser razonable, justificada y proporcional, de forma que no limite la participación de las PYMES en la licitación».

Tres ofertas

Justo antes de la paralización el proceso de licitación cumplió su primer hito. Cabe recordar que se trata de un procedimiento restringido,  es decir, desde la propia Gerencia se seleccionará el número de empresas, o Unión Temporal de Empresas, que pueden presentarse al concurso.  El plazo de presentación de propuestas acabó el pasado 29 de diciembre. La apertura de sobres se hizo el pasado día 2 de enero. 

El acta de la mesa de contratación de la reunión celebrada ese día constata la existencia de tres empresas. Se trata de Ferrovial Construcción y las Unión Temporal de Empresas formada por Iterbon-Cobra y FCC Industrial-FCC Construcción. En el documento, publicado en la Plataforma de Contratación se informa de que en los tres casos las ofertas tenían alguna deficiencia que deberán corregir antes del día 6 de enero. Ferrovial y FCC solo cuentan con una deficiencia a subsanar e Interbón con cinco, aunque en todos los casos se trata de la corrección de documentación correspondiente a certificaciones de otras obras similares realizadas por las ofertantes. 

En principio, cuando subsanen esos pequeños errores, la Gerencia continuará el proceso de selección, a la espera de la resolución definitiva sobre el proceso del Tribunal de Recursos. Esta selección se hará en base a criterios objetivos como la titulación del equipo técnicos responsable de la ejecución de la obra, las obras ejecutadas de carácter similar al objeto del contrato, el volumen anual de negocios o la plantilla media anual de la empresa. Cabe recordar que tanto por su volumen económico como por las características técnicas del edificio así como por la sensibilidad de albergar los datos de la Seguridad Social, desde la Gerencia buscan una empresa que pueda cumplir con la construcción con las máximas garantías. 

A la espera de saber cuanto interfiere la suspensión cautelar en el desarrollo del procedimiento,  la intención del Gobierno es que las obras puedan estar adjudicadas en torno al mes de mayo o junio por lo que tras completar los trámites la intervención debería poder comenzar en torno al verano de 2023. Una vez se inicien las obras el plazo de construcción es de 24 meses, es decir, el edificio debería estar finalizado en torno al tercer trimestre de 2025. Paralelamente a las últimas fases de la construcción comenzará la dotación de equipamiento y cuando finalicen las obrase completará la adquisición e instalación de material y progresivamente se procederá al proceso de traslado, tanto del personal como del apagado de los equipos,  de la sede actual de Madrid a las nuevas instalaciones de Soria. El objetivo es que entre finales de 2025 y principios de 2026 el CPD de Soria pueda estar ya operativo.