Vox pretende convertir en BIC seis vestigios franquistas en la provincia

Varios procuradores de Vox en Castilla y León han registrado este martes una solicitud en el registro de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para que se incluyan 190 vestigios franquistas, entre ellos seis de la provincia de Soria, la mayoría de ellos soportes epigráficos, en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León. El objetivo de esta inclusión es el estudio por parte de la Consejería para su posible consideración como Bien de Interés Cultural (BIC):

Los seis vestigios franquistas de Soria son los dos escudos heráldicos de Vinuesa y Langa de Duero; las placas adosadas a la calle Erilla en Castillejo de Robledo; el conjunto «monumental» de esculturas del general Yagüe en San Leonardo, además de la vidriera con «cruz de Santiago y diversos escudos y fecha relacionadoas con acontecimientos históricos», y lo que la formación de García Gallardo da en denominar el «conjunto arquitectónico monumental Pórtico de Covaleda». 

Con esta medida, Vox pretende sortear la Ley de Memoria Democrática y reclama al Gobierno autonómico que adopte las medidas precisas para «evitar la destrucción, retirada o eliminación de edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas u otros elementos que transmiten información significativa sobre nuestro pasado histórico, adosados a edificios públicos o situados en la vía pública por ser considerados contrarios a la memoria democrática», informa Ical.

«Como ciudadanos, hacemos uso de los artículos 18 y 19 de la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla y León para poner en evidencia la amenaza clara que sufren estos bienes por la Ley de la Memoria Democrática. , defendió el cargo de Vox David Hierro.

Para el portavoz del Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, se ha dado «un primer paso» utilizando los instrumentos jurídicos que tienen a su disposición, ante una futura presentación de una Proposición No de Ley sobre esta cuestión. «En el momento en el que esta solicitud de inclusión de bienes esté aceptada por parte de la Consejería, procederemos a registrar esa PNL para que estos bienes, una vez incluidos en el Catálogo de la Junta de Castilla y León, sean declarados BIC», explicó.

A su juicio, el proyecto de Ley de Memoria Democrática «supone un ataque a la concordia y a la reconciliación de todos los españoles, y una destrucción del patrimonio histórico cultural de Castilla y León y toda España». «Lo único que hacemos es ser vanguardia a la oposición del Gobierno de Pedro Sánchez».

Hierro, por su parte, denunció que el proyecto del Ejecutivo central considera estos bienes «exaltación del franquismo y dice es que hay que extinguirlos». «Lo que hace la Ley de Memoria Democrática es un proceso de selección o de memoria selectiva, y la historia no puede ser selectiva. El Estado no puede legislar la historia para seleccionar qué parte de esa documentación puede ser válida en función de una ideología», defendió.

La mayor parte de los bienes incluidos en el listado son, a juicio de Vox, «inscripciones que tienen que ver con testimonios históricos, que están recogidas a través de la epigrafía, una disciplina que entiende que son documentos escritos como inscripciones en lápidas o en otros soportes duros, que hacen relación de unos hechos históricos y, por lo tanto, tienen un carácter documental». «Ese carácter documental queda recogido a través de la disciplina epigráfica que estudia esos documentos como parte de las posiciones documentales sobre las cuales se puede escribir la historia, por lo tanto, como bienes documentales que son, solicitamos su protección a través de su inclusión en el Inventario de Bienes de Castilla y León», relató.

Hierro expuso que casi todos hacen referencia al periodo histórico de la Guerra Civil, si bien aclaró que «la epigrafía no entiende de momentos históricos». «Nosotros estamos hablando de historia, no podemos hablar de si atenta o no contra una ley ideológica. Hablamos de historia, son documentos históricos como pueden ser los que se recogen en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca. Los documentos históricos no atentan contra ninguna memoria, sino que la acreditan», esgrimió.

Por su parte, la delegada del Gobierno de Castilla y León, Virginia Barcones, advirtió en Tardelcuende que se encuentran al margen de la ley quienes intentan «buscar subterfugios» para eludir la ley de la Memoria Democrática y «seguir manteniendo los vestigios del pasado».A preguntas de los periodistas Barcones decláro que en un país democrático «las leyes se cumplen y la de memoria histórica y democrática se va a cumplir».