«Los empresarios trasladan decepción y hartazgo en el primer mes de la fiscalidad diferenciada»

Cuando se cumple un mes de la entrada en vigor de las ayudas de funcionamiento para las empresas de Soria, Cuenca y Teruel, el empresariado de la provincia sólo traslada decepción por una medida cualitativa pero no cuantitativa. «Nos quedamos a las puertas», señala la directora general de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria, FOES, Marian Fernández, manteniendo el espíritu de reivindicación ante el amplio margen de mejora de esta fiscalidad diferenciada.

Pregunta.- ¿Cómo va a ayudar la fiscalidad diferenciada a la provincia de Soria tal y como está planteada?

Respuesta.- Para este 2023 las ayudas de funcionamiento suponen una reducción del 5% de la cotización de contingencias comunes que en la práctica, de media, son unos 21,75 euros por trabajador y mes, 261 al año. Obviamente es indefendible que vayamos a observar ningún cambio de tendencia en la provincia de Soria, y eso justamente es lo que nos vienen trasladando los empresarios durante todo el mes de enero; decepción y hartazgo, pues ven que nos quedamos en puertas, y que no hay el suficiente interés para aplicar en Soria medidas ambiciosas para solventar el gravísimo problema que arrastramos hace décadas. Con todo, la puesta en marcha de las ayudas de funcionamiento por el Gobierno de España es un hito histórico para nuestra provincia, y no entendemos que se haya dado un paso tan importante y apenas vaya a tener incidencia. Por parte de FOES vamos a seguir trabajando con la misma intensidad de los últimos años, con la CEOE de Teruel y de Cuenca, para trasladar al Ejecutivo central la necesidad de mejorar sustancialmente estas ayudas.

P.- ¿Qué margen de mejora existe?

R.- Con los actuales porcentajes, las empresas estarían percibiendo en concepto de ayudas de funcionamiento alrededor de un 1% de sus costes laborales totales, y la Comisión Europea permite hasta un 20%. En términos presupuestarios, no estamos hablando de cantidades inasumibles. Si el Gobierno de España optase por ir a los máximos que permite la Comisión, en el caso de la provincia de Soria supondría para las arcas del Estado alrededor de 80 millones de euros al año. Entre los 6 millones de euros que supondrán en 2023 y los 80 permitidos está claro que hay mucho margen de mejora, y no sólo en porcentajes, sino también en equiparación entre las empresas ya implantadas en el territorio con aquellas nuevas que pudieran venir. Entendemos que para unas y para otras, las reducciones en las cuotas a la Seguridad Social deberían ser similares.

También es necesario repensar las diferencias de reducción entre empresas según se ubiquen en municipios de más o menos de 1.000 habitantes. En Soria tenemos 172 municipios de menos de 1.000, en los que teóricamente, si se instalasen nuevas empresas y contratasen nuevos trabajadores, podrían beneficiarse de un mayor porcentaje de reducción de cuotas a la Seguridad Social, pero la realidad es que sólo 7 disponen de suelo industrial.

P.- ¿Y de las ayudas de la Junta?

R.- También existen posibilidades de mejora por parte del Gobierno regional, que puede aplicar ayudas de funcionamiento por todos los conceptos considerados gastos corrientes, como alquileres, energía, mantenimiento, comunicaciones servicios contratados, materiales, etc… Si los gobiernos central y regional quisieran, podrían aunar esfuerzos para convertir a la provincia de Soria en uno de los lugares más atractivos de España desde el punto de vista empresarial. Y sería una apuesta estratégica no sólo para Soria, sino para Castilla y León y también para España. Con las ayudas de funcionamiento, recordemos ayudas excepcionales, se permite que territorios como Soria puedan aportar mayores beneficios a las empresas, beneficios taxativamente prohibidos en otras zonas de la UE.

P.- ¿Qué respuesta están teniendo por parte del Gobierno para aumentar esas ayudas?

R.- Hemos pedido reuniones con el Gobierno, de la Mesa de Diálogo Social, pero nunca se ha hablado de las ayudas al funcionamiento, aunque nos dicen que es el foro. Queremos una reunión específica para trasladar que las ayudas son insuficientes. Esto es un paso histórico pero han de tener un poco más de fondo económico para que pueda significar algo. Las directrices de la UE dicen que son para ayudar a las empresas del territorio para compensar los costes, pero además han de ser idóneas para conseguir el objetivo, y no lo son, con lo que puede ocurrir que la Comisión Europea diga, cuando haga una revisión, damos una oportunidad y no se aprovecha, y que lo echen para atrás.

P.- ¿Hasta qué punto puede animar a una empresa a instalarse en Soria?

R.- No es mucho el margen pero puede llegar a un 3,7% de los costes laborales, por lo que para empresas con muchos trabajadores sí que puede suponer una diferencia.  Desde luego, para las empresas del territorio, las que ya están implantadas, no va a suponer ningún elemento diferencial.

P.- La inflación ataca los bolsillos de los consumidores, pero mirando ya al futuro, ¿qué efectos se prevén en las empresas sorianas?

R- El año 2022 fue realmente complicado para las empresas por los altísimos niveles de inflación derivados de la subida de los precios energéticos y de las materias primas. Supuso mayores costes de producción, que en determinados sectores y empresas fue imposible repercutir en el precio final, por estar indexado a contratos previos. Esto ha supuesto para las empresas recortes en beneficios, e incluso, entrada en pérdidas. Cerca del 70% de las empresas sorianas mantuvieron la facturación respecto al año anterior, si bien los márgenes disminuyeron entre un 10% y un 25%. Al haber menos dinero, hay menos inversiones y menos contrataciones. Cierto es que los peores momentos se vivieron durante el pasado 2022 y ahora, se ha moderado la inflación, pues tanto los costes energéticos como de las materias primas están acercándose a niveles previos a la guerra de Ucrania, si bien se mantienen los niveles de incertidumbre respecto al futuro.

P.- ¿Cómo está afectando todo ello a la economía soriana?

R.- Veremos a lo largo del año cómo se comporta la inflación, aunque todo parece indicar que se está moderando, y en consecuencia, los tipos de interés deberían mejorar antes de que acabe el año y acercarse a la situación de enero de 2022, y con ello veríamos una mejora de la situación económica en general de Soria. Por el contrario, si el precio del dinero subiera, ello afectaría al poder adquisitivo de las familias, desincentivaría el consumo e impactaría negativamente en el mercado laboral.

P.- ¿Qué le va a suponer al empresario soriano la subida del salario mínimo interprofesional?

P.- El mayor coste que tienen las empresas es el de personal, subir los costes laborales inflaciona todo y habrá que repercutirlo. Esto supone que los precios de los productos y los servicios van a ser mayores.

P.- ¿Qué es lo que más preocupa al empresariado de la provincia?

R.- Si ahora saliéramos a la calle y preguntásemos a cualquier empresario de Soria, nos diría que su mayor problema es la falta de trabajadores; que no encuentran gente que quiera trabajar y que eso les hace muy difícil no solo crecer, sino lo que es peor, mantener el negocio. Es muy duro decir que siete de cada diez empresas sorianas tienen problemas para cubrir puestos de trabajo, y en el medio rural, este dato empeora. Esta es una de las letales consecuencias de nuestra pirámide de población, de seguir perdiendo talento y de no ser capaces de atraer nuevos habitantes. Y la solución pasa por hacer de Soria una provincia atractiva donde vivir y donde trabajar. Si las cuantías de las ayudas de funcionamiento fueran significativas habría más empresas que se fijarían en Soria y ello necesariamente atraería trabajadores y a sus familias. Eso es precisamente lo que ha pasado en los países nórdicos con la puesta en marcha de las ayudas de funcionamiento: en las zonas despobladas de Noruega, la población, y por tanto la mano de obra, ha crecido un 5%, las empresas crecieron un 11,3%, el empleo un 5,4% y los salarios se incrementaron el equivalente a una cuarta parte de la reducción de la cotización.

P.- La última EPA evidenciaba que el paro crece en Soria y en Zamora. ¿A qué cree que es debido esa diferencia con otras provincias de la región?

P.- Los datos de la EPA en Soria hay que tomarlos con todas las cautelas ya que no olvidemos que salen de un sondeo, y debido al reducidísimo número de encuestas que se hacen en nuestra provincia, el margen de error es del 19,7% frente al 1,7% de España y al 5,37% en Castilla y León, en relación con la estimación del número de parados. El dato que tenemos que tener en cuenta es el del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), que ese sí es real y nos dice que empezamos 2023 subiendo en paro, con 3.318 parados, pero con una cifra de las más bajas de los últimos 15 años. No hay personas suficientes para cubrir las demandas de las empresas, y que el reducido número de parados, lejos de ser algo positivo, es una consecuencia perniciosa de nuestra despoblación que nos mantiene continuamente en un círculo vicioso. La gente sale de Soria porque no hay suficientes oportunidades laborales por parte de las empresas, y no hay más empresas, porque no hay gente suficiente para trabajar.

P.- ¿Hasta qué punto preocupa a la federación los expedientes de regulación de empleo, que parece que iban a circunscribirse a la pandemia pero continúa el goteo?

R.- El dato es muy preocupante, pues una veintena de empresas sorianas y más de 800 trabajadores del sector industrial están afectados por un ERTE y las razones hay que buscarlas en las fuertes oscilaciones en la demanda de determinados sectores a raíz del covid, en el incremento de los costes de producción, así como en la dependencia en el suministro de materias primas de mercados exteriores, como Ucrania o China. Hay que pensar que los ERTE son preventivos y no extintivos, pero las previsiones no son como quisiéramos, y estamos viendo que los grandes fabricantes de coches están planteándolos y estos se podrían extender por toda la cadena de suministradores, y todos conocemos que el sector de componentes de automoción es muy relevante en nuestra provincia.

P.- ¿Qué efectos supondría para Soria la supresión del Servicio Regional de Relaciones Laborales, Serla, que preparan desde la Consejería de Industria de la Junta?

R.- El Serla abre una solución a conflictos colectivos, previa a la convocatoria de huelga por parte de los sindicatos. Este servicio de mediación ha impedido numerosas convocatorias de huelga. Por ello, las empresas son conscientes de que cuando la situación se tensa es mejor un acuerdo vía Serla (aun cuando ello suponga ceder) que soportar una huelga e incluso, tener que ir a juicio. Ejemplos hay y muy cercanos. Justamente esta semana, gracias a la mediación del Serla, FOES y sindicatos hemos llegado a un acuerdo en el convenio de limpiezas, estancado desde diciembre, y sobre el cual pendía la amenaza sindical de convocatoria de huelga. Para que veamos la trascendencia en Soria, ha ayudado a resolver conflictos en el 6% de empresas de la provincia, afectando a más del 50% de los trabajadores. Sólo en 2020 y en 2021, el Serla recibió en Soria 23 expedientes, que afectaron a 23 empresas y a 3.539 trabajadores. Si el Gobierno de Castilla y León decide continuar con la supresión, generará inseguridad jurídica e incertidumbre en las relaciones laborales entre trabajadores y empresas, a la vez que se cerraría una vía que afecta muy directamente a la paz social y a la estabilidad económica.

P.- ¿Qué alternativas tiene Soria en la red de transporte ferroviario? ¿Con las vías desmanteladas hay opciones?

R.- Parece estar decidido que en la península Ibérica se ejecutarán dos corredores ferroviarios de transporte de viajeros y de mercancías, el corredor mediterráneo y el atlántico. Y la provincia de Soria corre el riesgo de no conectarse con ninguno de ellos, y por tanto quedar aislada. El momento de ser incluidos es ahora, y desde FOES estimamos dos opciones: la conexión Valladolid–Soria-Ariza y la línea Soria–Castejón. Esta última está siendo objeto de un estudio de viabilidad, pero todos sabemos que esa viabilidad económica será negativa, por lo que hay que apelar a la viabilidad social, para que esa línea se planifique, ejecute y nos conecte con el corredor Mediterráneo. No es ninguna barbaridad, pues la mayoría de las líneas ferroviarias en España son deficitarias. Con respecto a que estas líneas hayan sido cerradas o desmanteladas, ello no debería suponer ningún problema, puesto que el Ministerio de Transportes cuenta con un presupuesto de más de 24.000 millones de euros hasta 2027 para corregir los desequilibrios de la red ferroviaria. Lo cierto es que si no se planifica en este momento, en el que se está redefiniendo la estrategia de transporte en España y en Europa, no esperemos que vaya a hacerse nunca. La sociedad soriana debería concienciarse y reclamar esas conexiones antes de que sea tarde y perdamos nuestro último tren.