El pleno ratifica la suspensión de plazos del cerro de los Moros

La ordenación del cerro de los Moros se da un respiro y suspende los plazos por la ausencia de algunos de los informes preceptivos. Este paso, ya conocido desde hace días tras su paso por la Comisión de Urbanismo, tuvo que ser ratificado por el pleno en convocatoria de urgencia para aportar una mayor seguridad jurídica ante una situación que, según se reflejó en la asamblea, resulta bastante inédita. Como la iniciativa privada puso por su cuenta la modificación del PGOU en exposición pública, también hay un componente de autonomía local, debido a que, si no, sería en su caso la Comunidad Autónoma en tener la última palabra antes de tiempo. PSOE y Podemos avalaron con sus votos la suspensión que, aunque no está claro, puede operar por tres o seis meses. PP y Ciudadanos votaron en contra, al considerar que, o no eran formas, o que el asunto tenía que haberse tramitado ya.

La paralización de plazos se acordó inicialmente mediante resolución de Alcaldía, pero el miércoles los servicios jurídicos advirtieron de la conveniencia de una ratificación por el pleno. El informe alertaba de la imposibilidad de seguir adelante con los trámites o denegar el cambio urbanístico y por certeza jurídica aconsejaba el acuerdo asambleario. Al parecer, ni siquiera la norma urbanística deja claro como actuar, según se expuso en el debate. El 6 de marzo iba a vencer el plazo para que el Ayuntamiento resolviera y, aunque el asunto parecía zanjado tras la Comisión y resolución de hace unos días, la prudencia indicó una garantía a mayores.

La incompleción de informes del expediente se refiere a los de Patrimonio, Protección Civil y el procedimiento ambiental. Si bien la oposición coincidió en que la decisión se formaliza al filo del plazo del 6 de marzo, Podemos dio por buena la "prórroga que nos concedemos". El voto en contra del PP estuvo motivado en que "no son las formas adecuadas", según Ignacio Soria. Por Ciudadanos se expuso la conveniencia de resolver ya y en el sentido de denegar la modificación. Con los antecedentes del desfavorable convenio de 2004, cuyos derechos urbanísticos consolidó el PGOU de 2006, el alcalde, Carlos Martínez, apeló a la necesidad de un "equilibrio" entre tales derechos y el interés municipal. No sólo en cuanto a la defensa de los valores naturales y paisajísticos del cerro, sino también de las arcas municipales. Una millonaria reclamación flota en el aire con la actual propiedad de Pilares del Arlanzón y ya son dos las planteadas por la original, la familia Pastor Ridruejo: una para compensar el exceso de edificabilidad por más de un millón de euros y otra por el justiprecio del suelo de la depuradora. Hace tres décadas no se lo pagaron y, por lo visto, tampoco reclamaron.