Los jueces de paz tramitaron más de 2.500 asuntos penales y civiles en Soria

«Cuando estaba el anterior juez, falleció una persona de repente y tuvo que firmar la defunción, pero en mi mandato ha habido muy poquita cosa. Los vecinos no son problemáticos, así que apenas algún papel oficial de herencias, alguna firma y las votaciones de las elecciones que hay que llevarlas a la junta electoral, que está en los juzgados». Isabel Vera, jueza de paz de Torreblacos, resume en apenas unas frases su actividad en el cargo en sus primeros cuatro años de mandato, ahora que está iniciando el segundo. «Nunca ocurre nada, y cuando ocurre van directamente al juzgado», explica sobre la tarea de los jueces de paz, que pasa por actuar sobre todo como mediador y cuyo objetivo es evitar y juzgar aquellos comportamientos y actuaciones que alteren la paz en una localidad, de acuerdo con las competencias y procesos establecidos en la Ley, que cada vez los ha ido mermando más. 

Con todo, en 2021, los jueces de paz de la provincia resolvieron más de 2.500 asuntos, en concreto 1.132 de tipo penal y 1.480 civiles. Si bien, la mayoría fueron exhortos  –peticiones que hacen otros juzgados–, y en asuntos civiles 32 actos de conciliación pero ningún juicio verbal.

Esta figura, un juez no profesional, acabará desapareciendo por obra y gracia de la Ley de Eficiencia Organizativa que prepara el Gobierno y que lo cambiará por unas oficinas de Justicia de Municipios, atendidas por un funcionario, que emplearán principalmente medios telemáticos para evitar que en determinados trámites judiciales el ciudadano tenga que acudir al juzgado más cercano, que en el caso de la provincia de Soria se limita a la capital, El Burgo de Osma o Almazán.

«Es una responsabilidad, porque es un cargo, es tu firma la que figura, pero sin complicaciones ni dolores de cabeza ni ninguna angustia», añade Vera, puesto que cada vez se han ido reduciendo las funciones de los jueces de paz, que como su nombre indica, actúan de pacificadores ante conflictos entre vecinos, dentro de sus competencias. 

Se trata de órganos unipersonales ubicados en los municipios donde no existe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, es decir, en la provincia de Soria existen 180 jueces de paz, además de sus suplentes, que asumen competencias de menor importancia tanto en el orden civil como en el penal. La figura del secretario de Juzgado de Paz, que sí es funcionario, es el encargado de allanarle el camino al juez.

Como apunta el presidente de la Audiencia Provincial de Soria, José Manuel Sánchez Siscart, «su función era muy importante en sitios pequeños cuando no estaba todo tan digitalizado. Era una persona respetada, por su prestigio y funciones conciliadoras cuando existían discusiones. Un mediador imparcial. Pero la sociedad ha cambiado, hay mayor movilidad y esta figura ya casi no se utiliza. Aun siendo tan importante, la ley le ha ido restando competencias, porque antes si llevaba temas penales además de civiles». Los asuntos penales se limitaban a faltas e insultos.

Su misión se ha quedado por tato prácticamente relegada a trasladar los votos en las elecciones, a reclamaciones de cantidad de menos de 90 euros y a gestionar los exhortos. «Ofrecen un servicio relevante en materia de cooperación judicial al facilitar la comunicación de los demás órganos judiciales con los ciudadanos residentes en los municipios donde el Juzgado de Paz tiene su sede», como recuerda el Consejo General del Poder Judicial.

«Los jueces de paz hacemos nuestra función y no creo que la figura deba desaparecer», considera Cristina Pascual, que lleva la friolera de 20 años ejerciendo esta tarea, la que asumió siendo veinteañera. «La mayoría de las actuaciones tienen que ver con partidas de nacimientos, defunciones para trámites», matiza sobre la dinámica que le lleva a firmar al menos una vez al mes. Asegura que el secretario del Juzgado de Paz les allana el camino. «La labor es sencilla, no son juicios, ni mucho menos. Algún acto de conciliación entre dos que no se ponen de acuerdo por tema de fincas, pero la mayoría de estos actos no llegan a ningún sitio y acaban yendo a juicio», reconoce. 

Por eso su labor se ha quedado más bien en algo administrativo, para dar fe, y los libros de registro, también los muy antiguos, son una herramienta de trabajo. «Te puede llegar alguien buscando una partida de nacimiento sin saber a ciencia cierta los datos y toca encontrarlos», comenta a modo de anécdota.

También ha sido casamentera. Aunque de forma habitual es el alcalde quien se encarga de este cometido, en dos ocasiones pidieron expresamente que fuera ella quien oficiara.

El juez de paz era antiguamente una persona con autoridad moral y ética, aunque no supiera nada de leyes. Su condición de hombre –no era habitual una mujer– respetable le hacía merecedor del cargo y su trayectoria le avalaba. Ahora, en localidades cada vez más despobladas, no siempre es fácil encontrar relevos. Sánchez Siscart reconoce que no es sencillo. 

Son elegidos por la mayoría absoluta del pleno del Ayuntamiento, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Son nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia por un periodo de cuatro años y prestan juramento ante el juez de Primera Instancia e Instrucción. El nombramiento de este año podría ser el último. «A mí me parece mal que desaparezca esta figura», confiesa Sánchez Siscart, por la labor mediadora que desarrollan, una función que también se busca en la Justicia al objeto de no tener que llegar siempre a judicializar los asuntos.