Servicios jurídicos del PP de Soria estudian una denuncia por el edificio de Pajaritos

El grupo municipal popular todavía no ha decidido si finalmente llevará a la Fiscalía el asunto de la quinta planta en un edificio en construcción en Los Pajaritos que no figuraba en el proyecto. Según indicó el portavoz del grupo, Javier Muñoz Remacha, el caso está en manos de los servicios jurídicos del PP, que estudian la manera de hacerlo, matizando que «la decisión no está tomada al cien por cien», aunque ya a finales de marzo indicó que «hay indicios más que suficientes para acudir a la vía judicial».

Muñoz Remacha concretó que uno de los aspecto a tener en cuenta a la hora de adoptar la decisión definitiva tiene que ver con los «principales perjudicados, que son los propietarios por la presunta mala praxis», teniendo en cuenta que cualquier judicialización puede supone una dilación no deseada en el tiempo. «Es lógico que los compradores de las viviendas reclamen celeridad al Ayuntamiento –como publicó ayer este periódico– porque no se la está dando», criticó el portavoz del grupo municipal de PP. Insistió en que «algo ha fallado por parte del Ayuntamiento y de la empresa, puesto que si no contaban con permiso tendrán que asumir las responsabilidades». 

Además, Muñoz Remacha señaló que la valoración de las parcelas objeto de permuta entre Ayuntamiento y constructora, Domus Nebrija, que permitiría la planta adicional en el inmueble de la polémica, beneficiaría a la empresa. «La valoración es más baja, en proporción, a lo que vale una quinta planta en el mercado», señaló, en referencia al terreno propiedad del Ayuntamiento que se encuentra en el sector Los Pajaritos y que se permutaría por el espacio donde se celebran las Ánimas, que es propiedad de la constructora. Dicho cambio de terrenos daría a  Domus la posibilidad de aumentar edificabilidad al incorporar la del solar municipal anexo.

En la misma línea se pronunció el concejal no adscrito, Saturnino de Gregorio, asegurando que la valoración del terreno «es menor». «Está complicado el tema», reconoció sobre la solución sin perjudicar a los propietarios, «porque en el urbanismo es que se perjudica a una ciudad. Lamento que haya afectados, pero las cosas se hacen bien, no hacer esas chapuzas y paralizarlas y aun así seguir».

Según De Gregorio, «es cuestión de políticos, no de técnicos, porque, presuntamente, sin una autorización verbal de algún político no siguen haciendo una obra así», manifestó.

En cuanto al expediente de restitución de la legalidad urbanística, desde el PP recordaron que se encuentra en periodo de alegaciones por parte de la constructora, que inicialmente era de 10 días, que ya habrían expirado, pero Domus solicitó una prórroga. «Desconocemos los plazos porque en las comisiones no se nos informan», criticó Muñoz Remacha.

Mientras tanto, los compradores de las viviendas en el edificio afectado reclaman al Ayuntamiento que resuelva cuanto antes ya que temen que el periodo electoral dilate aún más una solución a esta situación en la que se han visto envueltos.

Este periódico intentó ponerse en contacto con la Concejalía de Urbanismo, sin éxito.