La capital da dos meses a Domus para tirar la 5ª planta de Pajaritos II

Dos meses. Ese es el plazo que tiene Domus Nebrija para demoler la polémica quinta planta del edificio ubicado en el sector Pajaritos II, según consta en la resolución del Ayuntamiento de Soria a la que ha tenido acceso este medio. El derribo ordenado afecta a la estructura, la fachada y otros elementos que están por encima del forjado de la cubierta de la planta cuarta ya que otros elementos han sido eliminados en los últimos meses. La empresa, que aún tiene posibilidad de presentar recursos, trató de salvar la quinta planta llegando a plantear que era un espacio para ubicar paneles solares. 

La resolución municipal está fechada el 15 de mayo y toma como base los informes técnico y jurídico fechados el 12 de mayo. El documento desestima las alegaciones presentadas por Domus y declara que las obras ejecutas por encima del forjado de cubierta de la planta cuarta «son manifiestamente ilegales por su incompatibilidad con el ordenamiento urbanístico en vigor». Por este motivo se eleva a «definitiva» la propuesta de demolición decretada en febrero y se ordena la ejecución de la misma «en el plazo de dos meses» en lo concerniente a «la estructura, fachada y otros elementos» construidos por encima del forjado de la planta cuarta. 

Ante esta resolución la empresa hay doble vía de recurso.  Domus puede presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes. En caso de optar por esta opción se advierte que «excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado». Si en un mes no hay respuesta del Ayuntamiento se entenderá desestimado y se abrirá un plazo de seis meses para un recurso contencioso-administrativo. La según vía es ir directamente a un recurso contencioso-administrativo. 

El extenso informe sobre las obras incluye varios elementos claves para entender el caso. Cabe destacar que el pasado 2 de mayo se realizaron dos visitas a las obras para comprobar el estado de ejecución del edificio. Destaca pro ejemplo que en ese momento «no hay ninguna vivienda ejecutada» en la quinta planta. En esa altura se explica que hay una construcción «en la que no se han terminado de cerrar fachadas» y que se ha aplicado «un tratamiento de impermeabilización» Solo en el bloque 4 del complejo «aparecen pilares y vigas que sustentan un último forjado». Además, «hay tubos de instalaciones que suben hasta este nivel». 

En el expediente se da cuenta de las diferentes modificaciones del proyecto presentadas por la promotor. El presentado el 9 de marzo de 2022 tiene diversos cambios sobre el proyecto aprobado sobre todo que el número de vivienda, con la nueva planta, crece en 8 unidades. El técnico municipal constata que las obras «realmente ejecutadas» son coincidentes en esencia con el proyecto aprobado salvo en el bloque 4 donde hay partes conforme al proyecto del 9 de marzo del 2022 si bien «se observan demoliciones que según informa la promotora están encaminados a ajustar las obras al proyecto por el que se obtuvo la licencia». Además, hay una quinta planta «con estructura petos y cerramientos parciales». 

El 2 de diciembre –el escándalo se había destapado en octubre– la empresa presentó nueva documentación en la que llegó a justificar la estructura de la quinta planta «en base a la instalación de paneles solares» aunque desde la parte municipal se incide en que «no se informó de estos paneles en la visita –la del 2 de mayo–, no están previsto ni van a ser instalados». «Puede concluirse que, además de exceder la altura máxima, todo lo construido por encima del forjado de la cuarta planta, no tiene justificación técnica alguna».  La empresa, en su intento de salvar la obra, presentó nueva documentación en febrero planteando una «solución» que es calificada como «artificial» y por tanto, rechazada. 

Otra cuestión importante es las alegaciones de la empresa a la demolición son calificadas por los técnico municipales como un «festival de la confusión». Entre otras cuestiones, advierte que a pesar de las demoliciones practicadas –entre los meses de octubre, cuando salta el caso, y mayo, cuando se resuelve– no restituyen la legalidad sino que se trata de una «reposición» de los bienes afectados. El técnico recalca que el ordenamiento que regula las obras del edificio es el Estudio de Detalle de 2009 y que están afectadas, por ejemplo, por la modificación del PGOU aprobada en marzo por más que haya un informe favorable. «Estos actos previos no pueden servir para justificar la compatibilidad de las obras ejecutadas», subraya.