FOES insta a rebajar un 50% los impuestos a trabajadores y empresas de Soria

El lobby que conforman las patronales de Soria, Cuenca y Teruel, la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) presentó ayer un nuevo «documento de posición» con el que pretende establecer «una guía» de acciones contra la despoblación para los responsables de las instituciones que gobiernen. El documento llega a poco más de 40 días para las elecciones y desgrana una serie de acciones enfocadas al desarrollo de territorios como Soria, Cuenca o Teruel. Una de las más importantes es la «reducción del 50% en impuestos para trabajadores y empresas» de estas provincias. También se insta a impulsar la descentralización, la ampliación de las ayudas de funcionamiento o la creación de una agencia de desarrollo autónoma. 

El documento se estructura en seis campos de acción que plantean «soluciones de manera global» con una petición sobre la importancia de definir de manera «clara» las áreas escasamente pobladas y los municipios con «desventajas demográficas graves y permanentes». El documento se publica en plena precampaña electoral y busca ser un elemento de «referencia» para las políticas en materia de despoblación. 

El primer epígrafe está enfocado a medidas para el reequilibrio y la cohesión territorial y desde la SSPA se aboga en primer término por la citada «zonificación clara» de las zonas despobladas. De igual modo, se insta a la consignación de presupuestos europeos que «prioricen» estos territorios despoblados de la mano de un sistema de «seguimiento y evaluación» que sirva para que haya un uso efectivo de los fondos. En este apartado la SSPA vuelve a incluir la necesidad de crear una agencia de desarrollo territorial especializada en las áreas demográficamente frágiles, siguiendo el modelo de lo ocurrido en las Tierras Altas de Escocia. Esta agencia, de carácter público, tendría un funcionamiento «autónomo y despolitizado». 

Para favorecer la cohesión territorial, la SSPA defiende también continuar con la senda de la «descentralización» de los órganos de la administración y empresas públicas. En este sentido, destaca que «uno de los principales gestos, con amplia repercusión simbólica, pero también económica, debe ser la descentralización de muy diferentes órganos de la Administración Central y autonómica, así como de empresas del sector público». Además, se defiende que en las convocatorias se introduzcan criterios correctores para no penalizar a estos territorios por su baja población. 

Una de las cuestiones más importantes afectan a la actividad económica. La SSPA pone el foco en la reducción de cargas administrativas y legislativas y su adaptación a las necesidades del territorio. La medida de más impacto no obstante, es la «reducción efectiva del 50% de la cuota íntegra de las principales figuras impositivas para trabajadores y empresas que operan en estas provincias. En esta cuestión, la SSPA incluye el IRPF – la renta–, el Impuesto de Sociedades, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto de Patrimonio o el Impuesto de Sucesiones. Las dos primeras figuras impositivas están gestionadas por el Estado y el resto por las Comunidades Autónomas. «Cada uno de estos impuestos afecta significativamente a los ingresos de asalariados, autónomos y empresas de todas las escalas, especialmente a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus actividades corrientes y patrimoniales». 

Otro punto importante son las ayudas de funcionamiento. Activadas en 2023 desde la red SSPA consideran que hay margen para aprovechar su potencial elevando la intensidad, con medidas como la inclusión de los autónomos  o incluir a todas las localidades en el tramo máximo de ayudas, no como en la actualidad que solo llegan a las de menos de 1.000 habitantes y para nuevos  indefinidos.