El Ayuntamiento contrata a un abogado de Zaragoza como asesor del expediente del Cerro de los Moros

El Ayuntamiento de Soria ha suscrito un contrato en materia de asesoramiento jurídico con un abogado de Zaragoza para recibir asistencia en el expediente sobre la modificación urbanística que afecta al Cerro de los Moros. Durante el próximo año, los servicios jurídicos y técnicos municipales contarán con el apoyo del especialista en Urbanismo, Ángel Aguirre Pardillos, para tratar de encauzar la polémica que afecta al citado expediente. La capital pagará poco más de 18.000 euros por los servicios del abogado, según consta en la Plataforma de Contratación.

Según consta en la documentación oficial, el contrato se suscribió hace algo más de un mes, el pasado 16 de mayo y contó con el beneplácito de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento –la última sesión antes de las elecciones municipales, aunque el contrato no se ha publicado en la Plataforma hasta el pasado martes, 20 de junio. Concretamente, el objeto del contrato es una «colaboración externa de asesoramiento jurídico en el expediente que se tramita para la modificación puntual número 27 del Plan General de Ordenación Urbana de Soria (PGOU)» que afecta al sector Cerro de los Moros.

Se trata de un contrato menor que ha recaído en el abogado Ángel Agurre Pardillo, cuyo despacho profesional está ubicado en Zaragoza, aunque en otras ocasiones ya ha trabajado para el Ayuntamiento capitalino. Según el pliego oficial del contrato, la colaboración se extenderá durante un año y el asesor jurídico cobrará 18.143,95 euros por sus servicios, impuestos incluidos.

El expediente del Cerro de los Moros es uno de las cuestiones más polémicas que debe resolver el Ayuntamiento en la legislatura que ahora arranca. Hay que recordar que el expediente se encuentra ahora mismo en suspenso tras la decisión adoptada por el Pleno del Ayuntamiento el pasado mes de marzo. En aquel momento, el equipo de Gobierno optó por la suspensión justificando su decisión en que la promotora Pilares del Arlanzón no ha puesto sobre la mesa algunos informes preceptivos (trámite ambiental, Patrimonio y Protección Civil). Esta decisión abría un ‘limbo’ del que se desconoce su duración y que oscila entre 3 meses –que se cumpliría ahora– y los 6 meses. La decisión se tomó horas antes de que venciera el plazo que el Ayuntamiento tenía para responder al proceso iniciado por la empresa con el lanzamiento del a modificación urbanística a exposición pública.

Además de la cuestión meramente urbanística, cabe recordar que derivado del mismo procedimiento el Ayuntamiento tiene por delante dos importantes reclamaciones patrimoniales. La primera, por valor de 1,3 millones por el exceso de edificabilidad que no se puede materializar en el sector y la otra por el justiprecio de la parcela donde se ubica la actual depuradora.