La exclusión financiera sigue en 109 municipios de Soria y 28 dejan la ‘lista’

Castilla y León continúa siendo la autonomía más afectada con creces por la exclusión financiera. Un total de 239.228 personas residentes en 1.422 localidades de la Comunidad carecían de acceso a servicios bancarios a finales de 2022, lo que supone el 48,3 por ciento de los afectados y el 50,8 por ciento de los municipios de España que lo sufren (494.916 vecinos de 2.797 poblaciones, en total).

En el caso de la provincia de Soria hay buenas y malas noticias. Las buenas son que 28 municipios han salido de la ‘lista’ de la exclusión financiera, que suman 2.689 personas. Las malas, que se mantienen 109 pueblos en idéntica situación, con una población total de 5.806 personas.

El informe publicado esta semana por el Ivie, informa Ical, revela que el 18,4 por ciento de la población de la Comunidad (437.084 personas), no podía acceder en su localidad a una oficina; el 17 por ciento (402.667), a sucursal con cajero; el 15 por ciento (355.866), a oficina, cajero y agente; el 12 por ciento (285.289), a todo lo anterior ni a oficina móvil; el once por ciento (261.815), carecía de todos esos servicios y tampoco de oficina de correros; el 10,2 por ciento (241.863), sumaba a esas carencias el cash back (sacar dinero en un establecimiento, una tienda o la gasolinera); y el 10,1 por ciento (239.228), no disponía de nada, ni de cajeros gestionados por terceros. Los porcentajes en España se sitúan en una horquilla entre el 3,5 por ciento de la población sin acceso a oficina al uno por ciento sin ningún servicio financiero.

Caja Rural de Soria es uno de los ejemplos de entidad que combate esta exclusión. Y es que el pasado año puso a disposición de clientes tres cajeros ubicados en municipios sin oficina, y dio servicio a 10 poblaciones adicionales a través de agencias. Además, incrementó el servicio financiero en 40 localidades sorianas, gracias a la puesta en funcionamiento de una segunda unidad móvil.

Con estas dos oficinas móviles se da servicio a 6.200 habitantes de 57 localidades. Así mismo, este servicio de dispensación de efectivo se presta tanto a socios y clientes de la Caja como a clientes de otras entidades.

Por otra parte, la Diputación Provincial de Soria destinó 70.000 euros a llevar oficinas bancarias móviles a los pueblos de la provincia que no tienen servicio y cuyos habitantes sufren la exclusión bancaria. La institución optó por este modelo para llevar la atención bancaria a los sorianos que residen en el medio rural y que se han quedado sin ella.

El estudio del Ivie revela que los municipios sin ningún servicio bancario de la Comunidad (1.422), suponen el 63,3 por ciento del total, frente a un peso en España de los 2.297 afectados del 34,4 por ciento. El porcentaje de pueblos sin oficinas (1.905) asciende al 84,7 por ciento en Castilla y León; si se van descartando más servicios a éste y se añade sin cajero (1.866), baja al 83 por ciento; sin agente (1.808), al 80,4 por ciento; sin oficina móvil (1.495), al 66,5 por ciento; además sin oficina de correos (1.467), al 65,3 por ciento; y ni cash back (1.425), al 63,4 por ciento.

Siete provincias de Castilla y León están entre las diez primeras con mayor porcentaje de población sobre el total sin puntos de acceso presencial a servicios bancarios, con Zamora (21,9 por ciento), Salamanca (16,9 por ciento), León (12,9 por ciento) y Burgos (10,7 por ciento), en los puestos de cabeza; Soria (6,6 por ciento) y Palencia (6,3 por ciento), en el sexto y séptimo y Valladolid (4,7 por ciento) en el décimo. Ávila (3,8 por ciento) y Segovia (3,7 por ciento) están en el 15 y 16. Todos muy por encima del uno por ciento de media en España.

En cuanto al porcentaje de municipios sin ningún medio financiero, alcanza al 80,7 por ciento en Salamanca; 74,7 por ciento en Burgos; 70,2 por ciento en Valladolid; 69,8 por ciento en Zamora; 62,1 por ciento en León; 59,6 por ciento en Soria; 57,6 por ciento en Palencia; 37,8 por ciento en Segovia; y 37,5 por ciento en Ávila.

El Informe sobre la inclusión financiera en España de 2022, elaborado para la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), analiza el impacto del plan puesto en marcha por las patronales bancarias para restablecer los servicios financieros. Al respecto, la población excluida cayó en diez comunidades autónomas, encabezando el ranking Castilla y León, con 26.584 personas menos, seguida por Valencia, con 22.794, y Cataluña, con 18.560.