Heraldo-Diario de Soria

Economía

FOES, UGT y CCOO estudian llevar al salario las ayudas de funcionamiento

Primera toma de contacto evidenciando que lo fundamental es que se aumenten

Reunión en las instalaciones de FOES.

Reunión en las instalaciones de FOES.HDS

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Soria

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La primera toma de contacto ente la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, FOES, y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, precisamente a instancias de esta última que reclama que las ayudas al funcionamiento otorgadas a las empresas de Soria, Cuenca y Teruel tengan un reflejo en los salarios de los trabajadores de la provincia, puso de manifiesto que repartir de poco da menos aún.

«Con las cantidades tan ridículas, la consigna es ir en una línea conjunta para que estas ayudas al funcionamiento se incrementen», señaló la directora general de FOES, Marian Fernández, quien resumió de «cordial y de trabajo» el primer encuentro mantenido este lunes con ambos sindicatos, que reclaman que esta fiscalidad diferenciada se revierta también en los trabajadores.

«Si se consiguiera el 20%, las empresas acabarían subiendo los sueldos», matizó sobre el traslado de estas ayudas al trabajador de Soria, si bien, con las cifras tan bajas actualmente, «el tanto por ciento es ridículo, no sirve ni para las empresas ni para el trabajador». Recordó que si son 21 euros por trabajador lo que suponen estas ayudas al mes, «es ridículo repartir 10 euros», apelando a insistir en la necesidad de su incremento.

Por ese motivo, insistió en que el objetivo es ir trabajando y estudiando cómo pueden aumentarse, dejando claro que las ayudas no son un mero beneficio para las empresas o los trabajadores, sino «sobre todo para el territorio». «Se trata de compensar a las empresas para desarrollar actividad económica en zonas despobladas», y esa finalidad es la que no hay que perder.

La reunión mantenida en FOES no descendió al fondo de la cuestión, pero sí sirvió para abrir una mesa de negociación, como manifestó UGT, «para trasladar a los salarios de las personas trabajadoras de Soria las ayudas al funcionamiento que las empresas llevan recibiendo desde enero como ayuda contra la despoblación, y que se consiguieron con la movilización de toda la sociedad soriana». Desde UGT, su secretaria provincial, Azucena Pérez, reconoció que «parece que sí, que FOES está dispuesta a negociar algo, pero nada en concreto», indicando la cordialidad de un encuentro de trabajo sobre un objetivo «en el que acabamos de empezar».

Lo que los sindicatos reclaman es que de las ayudas al funcionamiento que perciben las empresas, el 50% se vea reflejado en los salarios de los trabajadores. En cualquier caso, reconocen que «todavía queda bastante trabajo por hacer», en todos los sentidos, también a la hora de reclamar que dichas ayudas aumenten sus porcentajes de aplicación en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel.

Pérez indicó que el Gobierno otorgó el porcentaje de ayudas «en función de la petición que se hizo», pero matizó que trabajarán de forma conjunta para «que sean más». Lo importante, destacó la responsable provincial de UGT es que «redunden en los trabajadores, y en definitiva en la sociedad soriana. Es un círculo que volverá a repercutir en las empresas».

De momento están sentadas las bases, pero no será hasta después del verano cuando patronal y sindicatos vuelvan a reunirse para abordar este asunto.

Las ayudas de funcionamiento en el planteamiento que permite la UE habilita a reducir en un 20% los costes laborales de las empresas de Soria, Cuenca y Teruel como fórmula de compensación a las por las dificultades que afronta el tejido productivo de estos territorios como consecuencia de la despoblación y de tener menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Son los únicos territorios donde se permiten estas ayudas en España. Sin embargo, la aplicación contemplan apenas una reducción del 5% en las cotizaciones por contingencias comunes de todos los trabajadores con contrato indefinido a 31 de diciembre de 2023 en Soria, Cuenca y Teruel. Se amplía al 15% en los contratos indefinidos que se firmen a partir del 1 de enero de este año en las poblaciones de más de 1.000 habitantes y al 20% en ese mismo sentido para los municipios de menos de un millar.

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