Tursoria denuncia el aumento de alojamientos ilegales

La asociación de turismo rural de Soria va a luchar de forma efectiva contra los alquileres fraudulentos y para ello emprenderá acciones contra estos establecimientos ilegales que hay en la provincia, que ni pagan los impuestos correspondientes ni por supuesto declaran unos ingresos que les quitan a los alojamientos oficiales. Hartos ya de esta competencia desleal que practican algunos particulares, los profesionales van a acometer distintas iniciativas para acabar con este fraude que se repite año tras año y cada vez va a más, sobre todo en agosto y los puentes festivos.

“Para ser alojamiento turístico rural se debe cumplir una normativa exhaustiva que llevamos a rajatabla los socios de Tursoria”, asegura la presidenta de esta asociación provincial, Beatriz Calavia, quien sostiene que si el sector asume esta legislación debería estar más protegido por las administraciones en caso de existir una ilegalidad. Porque de la misma manera que se les exige el cumplimiento a los establecimientos oficiales, se debería penar a los que cometen fraude de ley, se ofrecen de boca a boca a familiares y amigos, una práctica muy habitual en los pueblos en los últimos tiempos, e incluso tienen el atrevimiento de aparecer en algunas plataformas. Una práctica que se incrementa sobre todo en el mes de agosto y en los puentes festivos al haber más movimiento turístico ya que pasan más desapercibidos.

Más aún después de un julio en el que los alojamientos rurales han registrado una ocupación que no ha pasado del 40%. Calavia reconoce que está resultando “un verano atípico a lo que venía siendo en cuanto al turismo de la provincia en los últimos años y con unos índices de ocupación por debajo de lo esperado”, si bien espera remontar cifras en agosto, donde sí que el nivel de reservas se encuentra en un 90%.

Así, Tursoria emprenderá todo tipo de acciones contra todas aquellas viviendas y pisos ilegales que sin estar regulados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León se publicitan y se alquilan a un tercero y no cumplen con la normativa de alojamientos rurales y no han pasado las respectivas inspecciones de turismo. “No debemos olvidar el suceso en un alojamiento de Castillejo de Robledo de hace un año que tras ser alquilado de una forma ilegal como casa rural sufrió un incendio que podía haber tenido consecuencias muy graves”, sostiene Calavia.

Y es que el incendio en la citada vivienda de Castillejo de Robledo hizo, de nuevo, saltar las alarmas de los alojamientos ilegales en Soria, a unos días de la Semana Santa, cuando la provincia se llena de turistas y visitantes. El suceso ocurrió en la madrugada del sábado, aunque por suerte, las cinco personas que se encontraban en el interior no sufrieron daños. Los hechos se detectaron sobre las 5.30 horas. Para la intervención se movilizaron los bomberos de la Diputación de los parques de El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz, desplazando tres vehículos.

De hecho, recuerda que a este respecto “Tursoria se puso en contacto con el Departamento de Turismo de la Junta para que situaciones así no volviesen a repetirse y se hiciese seguimiento de los ilegales que de una forma impune y a la vista de todos reiteran sus alquileres fraudulentos sin pensar que esta forma de proceder repercute directamente en todos aquellos alojamientos rurales de la provincia establecidos y reglados por Turismo y que mantienen la normativa que se exige y que en contacto con hospederías de la Guardia Civil registran cada viajero que recibimos en nuestros establecimientos y hacen el seguimiento de personas que pueden llegar a nuestra provincia y están buscadas por la policía”.

Entonces el sector puso en cuestión la existencia de una bolsa importante de alojamientos rurales en la provincia que no están registrados ante la Administración regional, como organismo competente en materia de turismo. Entonces habló de que podría haber mínimo un 20% más de los establecimientos oficiales, entre pisos, habitaciones y otros alojamientos. Calavia lamenta que son propiedades que no se esconden y se publicitan abiertamente. «Desde Tursoria no estamos de acuerdo con esta práctica, y nos consta que tampoco lo está la Consejería de Turismo, como así refleja en los planes de estrategias turísticas que elabora y que suelen durar unos cuatro años. En ellos se habla de la supervisión de viviendas turísticas y alojamientos ilegales en la Comunidad».

Insiste la presidenta de Tursoria que la asociación no va a dejar de hacer el seguimiento desde los pueblos “de todos y cada uno de estos alojamientos ilegales que se publicitan en las plataformas muchas veces bajo el amparo de ‘casa rural’, siendo o no alojamiento turístico”. Porque “para ser alojamiento rural se debe cumplir una normativa exhaustiva que no todos los alojamientos que se encuentran en un pueblo la cumplen”.

No obstante, Tursoria no es un organismo competente para sancionar. No hay que olvidar que es una asociación sin ánimo de lucro que apoya la sostenibilidad y la excelencia turística de los entornos rurales de la provincia con la participación y colaboración de todos los agentes públicos y privados que intervienen en los procesos de desarrollo económico, social y cultural. Su objetivo principal es mejorar las posibilidades de desarrollo de las zonas rurales de la provincia de Soria.

Así, es la Junta la que debe llevar el control de los establecimientos y abrir los expedientes administrativos e incluso sancionadores que comienzan desde los 3.000 euros. Sin olvidar que la Guardia Civil también puede multar por una práctica ilegal e incluso Hacienda por la actividad regular sin declarar.

Calavia cree que es muy fácil llevar a cabo un control de estos casos. «Tenemos el mes de agosto con un nivel de ocupación muy alto. Es tan sencillo como recorrer nuestros pueblos y tener los alojamientos registrados legalmente en la mano. Alojamientos que pagamos nuestro mantenimiento de extintores, que pasamos las inspecciones que nos hace la Guardia Civil, que seguimos las instrucciones de Covid del Instituto de Calidad Turística ICTE, que hacemos nuestra facturas y que declaramos nuestros ingresos, entre otras muchas cuestiones, y los que no estén en esta lista son ilegales», sentencia. Es entonces cuando entraría la Junta a abrir un expediente sancionador y proceder al cierre del establecimiento.