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LA CAPITAL

La capital ultima la puesta en marcha de una Oficina de Ciberseguridad

El contrato, ya en fase de evaluación, supondrá en desembolso de 185.000 euros

El patio de columnas del Ayuntamiento de Soria. / HDS-

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Soria

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El Ayuntamiento de Soria está ya en la última fase de un proceso de contratación iniciado el pasado mes de junio para la puesta en marcha de una Oficina de Ciberseguridad en la administración municipal. El contrato movilizará casi 200.000 euros e incluye también la renovación de la electrónica de la red municipal. La Oficina, al menos, permanecerá activa al menos durante dos años, los especificados en el pliego.

La licitación se lanzó el pasado mes de junio a través de Alcaldía y las ofertas pudieron presentarse hasta el pasado 7 de julio. Ahora mismo, el contrato está en fase de evaluación por lo que la previsión es que la adjudicación se produzca una vez entrado el mes de septiembre. El procedimiento está dividido en dos lotes –uno para la Oficina y otro para la renovación– , pero el conjunto del contrato supondrá al Consistorio un desembolso de 184.177,41 euros.

La parte más importante del contrato va dirigida a la habilitación de una Oficina de Ciberseguridad en el Ayuntamiento de Soria. En el propio pliego se expone que dentro de las líneas de fondos europeos se ha procedido a la evaluación de la situación actual del Consistorio en materia de Ciberseguridad y el resultado «ha puesto de manifiesto las carencias actuales, considerándose mejorable el estado actual en la protección de sus sistemas tecnológicos y la necesaria consecución de un proyecto de Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC)».

Para ello se pretende que las diferentes áreas municipales «mejoren sus capacidades de vigilancia y detección de amenazas en la operación diaria de los sistemas de información y comunicación, así como su capacidad de respuesta ante cualquier ataque».

Una de las grandes carencias detectadas es «la falta de personal cualificado dentro del Ayuntamiento para llevar las operaciones diarias necesarias en el ámbito de la ciberseguridad, tanto en número de personas como en la formación y conocimiento necesarios». Es por eso que el proyecto impulsado recoge tanto la implementación de la Oficina de Ciberseguridad como «la capacitación del personal».

La Oficina de Cibersegurridad coordinará «todas las actividades encaminadas a la mejora de la seguridad, entre las que destaca la puesta en marca de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), que deberá ser explotado por una empresa que esté adherida a la Red Nacional de SOCs». De forma más específica, además de la constitución de la Oficina de Ciberseguridad, la empresa adjudicataria deberá hacer un estudio pormenorizado de la situación actual y elaborar un plan de renovación de la certificación en base al Esquema Nacional de Seguridad. Otra de sus funciones será la implementación del despliegue de nuevas soluciones de seguridad y la activación y mantenimiento del Centro de Operaciones de Seguridad.

El segundo lote, orientado al renovación de la electrónica de la red municipal, comprende el suministro de 24 concentradores con funcionalidades que permiten la puesta en marcha de una solución de seguridad de control de acceso a la red en la red municipal del Ayuntamiento de Soria que sea compatible con la electrónica actual y administrable desde los dispositivos existentes. Asimismo, se incide en que todas las soluciones implantadas en ambos lotes deberán estar incluidas dentro del catálogo de productos de seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación establecidos en la guía del Centro Criptológico Nacional.

1,3 millones

Las administraciones públicas de Castilla y León invirtieron 1,31 millones de euros para salvaguardar su ciberseguridad durante la primera mitad de este año, una cifra que solo supone el 1,6 por ciento del total nacional, que alcanzó los 81,04 millones mediante un total de 300 adjudicaciones.

Delitos como el phishing, robo de tarjetas, hackeos, suplantación de identidad, amenazas, coacciones e interferencia de datos y sistemas son algunos de los delitos cibernéticos con los que la sociedad del siglo XXI se ha familiarizado tras la eclosión de la digitalización. Con el propósito de reducir su impacto y daño, las administraciones se han visto obligados a realizar inversiones millonarias en un espacio que antes no requería de tanta atención, pero en el que los expertos consideran que todas las administraciones deben mejorar dada la capacidad y el margen existente. El director de Consultoría de Adjudicaciones y Licitaciones TIC, Carlos Canitrot, sostuvo que las inversiones en ciberseguridad en este periodo han experimentado un “aumento significativo” debido al creciente reconocimiento de los riesgos asociados con las amenazas cibernéticas.