Ondara está abocada a una cuarta prórroga del ERTE para 50 empleados

Ondara Directorships está abocado a una cuarta prórroga del ERTE que expirará en diciembre. La más que probable extensión del Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) que se aplicaría a 50 trabajadores que sumarán en diciembre seis más, es decir, hace año y medio sin poder acudir a su puesto de trabajo. La prórroga llegó sin el aval de los sindicatos que reclamaron, sin éxito, que la empresa abonara los aproximadamente 100.000 euros que adeuda ya a la plantilla por el complemento al ERTE acordado y las vacaciones generadas, en algunos casos, desde el año 2021.

No es esta la única noticia negativa que sacude el invernadero de la planta afincada en Garray, cuya trayectoria deja corto el adjetivo de azarosa. Según explicaron fuentes sindicales, tras la comisión de seguimiento del ERTE celebrada ayer, los potenciales clientes no quieren hacer negocios con la firma soriana por disponer únicamente de un determinado tipo de genética en el cannabis, esto es, prefieren que tengan variedad. 

Esto supone que el almacenamiento en la planta del producto desde el pasado mes de abril, después de la cosecha, pondría en el disparadero el género que cuenta «con fecha de caducidad», seguramente en torno a un año. La «estupefacción» de los sindicatos fue total cuando conoció por boca de los representantes de la empresa los problemas que ponen los posibles proveedores a la hora de comprar el producto.

Como se recordará, Ondara obtuvo, el pasado 7 de junio, el certificado GMP que acredita que la empresa cumple con los principios de fabricación de sustancias activas, un paso que resultaba imprescindible. A grandes rasgos, la empresa necesita dos certificados para poder producir cannabis y obtener el permiso de la Agencia del Medicamento. El primero es el certificado GACP, que acredita que las instalaciones de la empresa cumplen con las condiciones necesarias para el cultivo de cannabis. Este sello se obtiene de manera externa, a través de una auditoría, y Ondara cumplió con el procedimiento en junio del año pasado.

El proceso más costoso, y que depende directamente de la Agencia del Medicamento, es el sello GMP que avala el método de cultivo. Este es el sello que consiguió el 7 de junio Ondara y que deriva de la inspección que la Agencia del Medicamento realizó a las instalaciones de Garray el pasado mes de marzo. El certificado considera que Ondara «cumple con los principios de Normas de Correcta Fabricación –GMP en sus siglas en inglés– para sustancias activas».

El certificado tiene carácter público y figura en el Registro Unificado de Empresas de Sustancias Activas (Ruesa), del que Ondara forma parte desde febrero de este año. Tal y como informó este medio en aquel momento, la inscripción en el Ruesa era un hito importante a la hora de lograr la autorización para la producción y exportación de cannabis. Pero al final los proveedores son los que mandan y comienzan a poner pegas para comprar el género. «Nos pintaron un panorama idílico cuando lograron la certificación y nos hemos dado cuenta de que no es así», subrayaron las citadas fuentes sindicales.

Otra de las noticias que también ha llevado la incertidumbre hasta los sindicatos es que la firma ha dado cuenta de la salida del técnico de prevención de riesgos laborales de la empresa, un hecho que se produjo hace dos semanas: «Ni nos han llamado, se ha ido y ni siquiera lo anunciaron», explicaron ayer fuentes sindicales». «Esta empresa es así». Por el contrario, la firma ha colocado a una nueva abogada laboralista. Las labores de interlocución en la comisión de seguimiento pertenecen a un abogado en España del grupo estadounidense propietario de Ondara.

Por otra parte, los sindicatos han acusado también a la empresa de no haber promovido el acuerdo de cursos de formación para los empleados, uno de los acuerdos que figura en el Expediente de Regulación de Empleo, a pesar de haberse iniciado ya el mes de septiembre, otro de los datos que invita al pesimismo en cuanto al futuro que le espera a la empresa. Esto lleva a pensar que la cuarta prórroga del ERTE puede ser irremediable. «Nos han engañado día tras día. Los trabajadores que están en el expediente nos les importan nada, no tienen ningún interés».

De igual modo, Ondara ha rechazado la propuesta sindical de pagar a los trabajadores 20.000 euros de lo que se les adeuda del ERTE de 2022. «La mayoría de los empleados se ha quedado ya sin paro y sin prestación, y no tienen tampoco 20.000 euros para pagarles». En este sentido, los sindicatos explican que los trabajadores ya les han pedido que pidan a la empresa que ponga en marcha un ERE para lograr la desvinculación con la firma y poder acceder a las indemnizaciones. «La mayoría se ha tenido que buscar la vida con otros contratos mientras dura el ERTE, pero no pueden desvincularse por completo de la empresa porque eso supondría una baja voluntaria», explican.

«La incertidumbre es enorme porque de momento no vemos visos de que esto pueda arrancar de ninguna manera, y los empleados ya no saben qué hacer ante esta situación», finalizan.