El PP recurrirá la resolución que ‘salva’ la quinta planta de Pajaritos II

La altura de más construida en el edificio de Pajaritos II, la problemática quinta planta, se da una tregua y, a cambio, acaba en el juzgado. El PP anunció su propósito de llevar al Contencioso Administrativo la resolución de Alcaldía que ‘salva’ el nivel que no ampara la licencia, frente a la decisión inicial de que fuera demolido. El complejo asunto, que tiene varios frentes abiertos y cuya judicialización por cualquier parte entraba en lo previsible, no está ni mucho menos resuelto. Y tampoco está claro que lo sobreelevado y ahora entre paréntesis acabe en viviendas. De momento, lo que hay es un visto bueno a la cubierta con el fin de que se instalen placas solares. El expediente que se iba a exponer en una Comisión informativa saltó a la palestra con el anuncio de los populares y las explicaciones del equipo de Gobierno. De paso, quedó desvelada la posible sanción a la empresa constructora: 150.000 euros por falta grave.

La enrevesada peripecia de la quinta planta firmó su ‘penúltimo’ capítulo a mediados de mayo, con la orden de derribo tras resolver el Ayuntamiento las alegaciones de la constructora. La portavoz del PP, Belén Izquierdo, refirió que una resolución de Alcaldía de mediados de julio, en respuesta al recurso administrativo de la empresa, «suspende la demolición de la quinta planta». Izquierdo adelantó que «vamos a llevar este tema al Contencioso Administrativo». La decisión «lo que viene a decir es que se paralice la demolición, ya que carece de sentido demoler para tener que volver a hacer». Los populares reclamarán que «no se estime el recurso de reposición», el administrativo que admite la resolución, y que por tanto se vuelva a lo acordado en mayo, el derribo. El PP estudiará si pide posibles medidas cautelares, en el sentido de que se «mantenga la orden de demolición o si mientras que se resuelve se mantenga la suspensión de la orden de demolición».

La resolución de Alcaldía contiene varios apartados, que detalló el concejal de Urbanismo, Luis Rey. «No es legalizar que haya una planta más con viviendas en ese edificio, lo que legaliza es la posible instalación de placas solares». Una parte apunta a la «legalización de la cubierta para la colocación de placas solares», indicó.

En cuanto al resto, «hay una parte que ya se ha demolido de las demoliciones que estaban encargadas». Y hay «otra parte que no se ha demolido y que entiende [el técnico que informa] que, cautelarmente, hasta que se resuelva todo el expediente de modificación puntual [del PGOU], deposite [la empresa] un aval por esa parte para garantizar que si hay que hacer la demolición la pueda hacer el Ayuntamiento si no la hace el particular». Entiende el técnico en todo caso que habría que derribar, porque «no se ajusta a la licencia». Pero si sale adelante la modificación del PGOU para ‘remediar’ el conjunto y la destrucción ya estuviera realizada, «podría llevar incluso a reclamaciones contra el Ayuntamiento». El concejal de Urbanismo matizó que este derribo se refiere a unos paños del inmueble.

La base del recurso del PP se asentará en el tema de las placas solares. El concejal Saturnino de Gregorio indicó, sobre la base del PGOU, que de lo informado no se desprende la «normativa sectorial aplicable» ni la necesidad de que haya tales elementos en la quinta planta.

Esta «parece ser que sólo se ha hecho para instalar placas solares», señaló Izquierdo, quien recordó que «hay personas a las que se les han vendido esas propiedades». La portavoz afirmó que «a día de hoy no podemos adoptar un criterio» sobre el conjunto, demoler o buscar alguna solución para los compradores. «Veremos qué posición se adopta, todavía hay temas que están pendientes» e «iremos viendo, no nos gusta la situación de las familias».

La impresión del PP es que «incumplir la normativa sale barato». Se refería la portavoz a la propuesta de sanción de 150.000 euros a la constructora. Se preguntó si con esta multa puede «salir a cuenta» el «saltarnos la normativa» para realizar ocho viviendas de más.

Los 150.000 se corresponden con una infracción grave, cuyo arco va de 10.001 a 300.000 euros. «La sanción es cuantiosa», consideró el concejal de Urbanismo, quien expresó el «máximo respeto» por el técnico que ha propuesto la cuantía. «Otra cosa es que al PP y al señor De Gregorio no le guste lo que digan los técnicos», lamentó Rey de manera general y en referencia a los reparos normativos expresados por el concejal popular. En este sentido, pidió que «no se confunda lo político con lo técnico».

Al respecto, la portavoz del PP había expresado el respeto a los funcionarios pero el diferente parecer con sus criterios, de manera que «lo aclaren los tribunales».

Con la quinta planta en pocos días en el Contencioso y la sanción encauzada, pero sin firmeza y con posibilidades de reclamación, tales son los últimos movimientos en dos de los frentes que tiene el enrevesado sector de Pajaritos II. Todavía tiene que reactivarse el importante de la modificación del PGOU que podría zanjar la polémica en el sentido que sea, si no se acude a los tribunales. El cambio va ligado a la permuta por la parcela de las Ánimas, la última ‘pata’ de todo este proceso.

El pleno dio el visto bueno a la modificación del planeamiento el pasado marzo. Se trata de la luz verde provisional y aún tiene que regresar a la asamblea para la inicial antes de que la Junta proceda a la decisión definitiva. Por ahora no hay nada previsto para su regreso al pleno, que tendrá que decidir sobre unas alegaciones que todavía no han sido informadas.

El sector de Los Pajaritos II supone dos parcelas, la del inmueble en obras y otra municipal con unas determinaciones de escaso interés para los constructores, por lo que tiene poca salida en caso de enajenación. El cambio en el planeamiento supone asignar la edificabilidad del suelo municipal al otro, de donde sale la altura de más con ocho viviendas. Todo esto, sobre la base de la permuta de la parcela junto al puente de piedra donde se celebra la lectura de las Ánimas. Este ‘canje’ recibió el visto bueno en la Junta de Gobierno Local a comienzos de julio. Los valores de los suelos se fijan en 275.000 euros y hay un pequeño desajuste de 8.000 que la empresa tendrá que abonar al Consistorio.

En octubre del año pasado el pleno iba a entender de la modificación, pero el punto se retiró del orden del día. Y es que, en lugar de haber esperado al planeamiento, se constató que el constructor se había adelantado y edificado sin amparo de la licencia, que era por cuatro alturas. Inicialmente la quinta venía amparada por un estudio de detalle que no recibió alegaciones. Esta herramienta quedó desautorizada cuando la Junta comunicó que la asignación de la edificabilidad tenía que tramitarse como modificación de planeamiento.

Por ahora, hay cuatro plantas ‘legales’, que los compradores podrían habitar en su caso cuando se acabe la urbanización. El Consistorio estudiará las posibilidades de una licencia de primera ocupación tras revisar el informe de tal obra.