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La capital

El PSOE mantiene en solitario la subida del 3,5% del IBI y Vehículos en Soria

El equipo de Gobierno recuerda el «alza de los precios en todos los ámbitos» y el PP insiste en la rebaja fiscal y habla de otras vías para compensar ingresos. El Catastro sostiene que no se pueden revisar los valores

Un momento del pleno municipal. ANA RENTA

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Soria

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Sin sorpresas en las votaciones y con un afán de hablar desmesurado, el pleno dio el visto bueno a la aprobación inicial de las novedades fiscales del próximo año. Las subidas del 3,5% en el IBI y el Impuesto sobre Vehículos, acompañadas de una aplicación de coeficientes a un periodo de devengo de plusvalías antes exento, constituyen el eje de una puesta al día impositiva justificada en la importante inflación acumulada. Una elevación que no llegará a las tasas por servicios y ocupaciones, que mantendrán su actual nivel, sin tocar desde 2019. El equipo de Gobierno sostuvo su posición en solitario, mientras PP y Vox confirmaron con su mano alzada la negativa que habían manifestado en el dictamen de la Comisión de Hacienda.

La facundia a raudales que se apoderó del pleno desbordó la materia de debate, de manera que a alguien que se hubiera incorporado en los momentos más frondosos le hubiera costado averiguar el objeto principal de todo eso.

De la radioterapia a la necesidad de un vicepresidente regional de Vox sin funciones, pasando por los corredores ferroviarios, la fiscalidad diferenciada, el taxi a Calatayud, la ‘oficina antiokupas’ que no tiene trabajo por no haberlos, la subvención de la gasolina, las actuaciones de la Consejería de Agricultura, cómo se adquiere una vivienda o el IVA de Rajoy, la sesión se desparramó como una tertulia. Hasta el punto de aburrir al paciente Ignacio Gutiérrez, de La Barriada, al que hacía que no se le veía como público y que acabó marchándose horas antes de que los concejales acabaran de aporrearse con la idea de qué son los impuestos y para qué sirven.

Al menos el turno inicial sirvió para fijar algunas posiciones. El portavoz del PSOE, Javier Muñoz, explicó las elevaciones en la obligación de contar con «ingresos suficientes para cubrir las necesidades» de servicios, inversiones, atención social y empleo. Se ha producido un «alza de los precios en todos los ámbitos» y el IPC acumulado a finales de año se estima que rondará «el 10%» desde 2022. Esto supone un menoscabo «para todos, también para la administración». En el caso del Consistorio, la decisión se centra en elevar «un tercio» del IPC los tres impuestos, tras la congelación de 2023, «sin ningún tipo de subidas» en las tasas. «Pagará quien tiene más patrimonio», resumió sobre el IBI, en la que consideró una «fiscalidad equilibrada y justa».

El PP manifestó su oposición con un largo repaso de la historia del IBI a partir de la entrada en vigor de la ponencia de valores de 2009, cuando los inmuebles alcanzaban «uno de los precios más caros de la historia». La portavoz popular, Belén Izquierdo, recordó que en el periodo electoral sostuvo que «el IBI se podía bajar y lo mantenemos». En cuanto a la plusvalía, «se premia al que usa la vivienda con carácter especulativo». En general, «no hablamos de otras fuentes de financiación» para compensar sin alzas los 615.000 euros que el equipo de Gobierno requiere de ingresos adicionales. Izquierdo calculó que, con una recaudación estatal de «récord», a Soria le corresponderían, según su extrapolación, tres millones por la participación en los tributos generales.

Lo confuso o lanzado del debate se puso de manifiesto cuando Muñoz se puso a replicar a objeciones o propuestas que el PP ni siquiera había expuesto en ese momento. Tal vez llevado del conocimiento previo de los planteamientos, por la Comisión del lunes o la exposición pública que Izquierdo había hecho en la víspera. Parece que peticiones formales no había y lo mismo se aplicaba a Vox. «El pasado lunes tuvimos Comisión, hubiera bastado con registrar la propuesta», refirió el portavoz del PSOE.

Más allá de esto y de que a lo largo del exuberante cruce asomaran iniciativas (la preferencia de bonificación máxima del PP en plusvalías entre familiares de primer grado) o retazos de ellas, era patente que los populares habían puesto sobre la mesa la revisión de los valores catastrales. «Se lo hemos trasladado al Catastro el pasado año y otro año», refirió Muñoz, y «se nos informó que ya no se hacen revisiones catastrales», que «los valores están ajustados». En cuanto a la participación de los tributos del Estado, la proyección de Izquierdo no servía, ya que la liquidación se hace sobre anteriores ejercicios. Pero la portavoz del PP también había introducido como solución el «trabajo, análisis y voluntad» para recortar gastos asumidos y no tener que elevar impuestos para conseguir los 615.000 euros.

Los populares no entraron en esto, pero sí lo hizo Vox, manifestando su voluntad de cercenar los Cines Mercado y su «prescindible» programación, las ayudas de cooperación al desarrollo, el festival de música afroamericana Enclave de Agua o las asignaciones a los grupos. Izquierdo había asegurado que «la fiscalidad, yo sí creo en ella». En contraste, Fernando Castillo, de Vox, hablaba de «desfalco al bolsillo» de los ciudadanos. «El dinero de los sorianos, donde debe estar es en el bolsillo de los sorianos», sostuvo, y luego, «libertad» de gasto.

El pleno había comenzado ya con algún percance poco pacífico en el análisis de la modificación presupuestaria de 820.000 euros, necesaria, entre otras cosas, para cubrir el desequilibrio en la concesión del autobús urbano, el nuevo contrato de gestión de nóminas, que de retrasarse a 2024 causaría trastornos, según los servicios técnicos, o los mayores gastos inflacionistas de las fiestas de San Juan. Hasta 107.000 euros de los ingresos proceden de los intereses de los depósitos locales y la concejala de Vox, Sara López, había puesto en «entredicho que las remuneraciones obtenidas sean ciertas», ya que no le había llegado el certificado. Esto suponía un «ataque frontal a los técnicos de esta casa», tanto como decir que «el interventor está mintiendo», reprochó Muñoz.

Lo de los intereses motivó el voto contrario de Vox y eso que consideraba que la modificación era «necesaria». Lo mismo opinaba el PP a través de Saturnino de Gregorio. Los populares se abstuvieron «por no tener datos para hacer el seguimiento correcto de la ejecución del presupuesto».