Veredicto de asesinato para el acusado de matar a Diolimar

«Probado». Fue el veredicto de culpabilidad declarado ayer por el jurado popular sobre el acusado de matar a su expareja sentimental, Diolimar, de una puñalada, en su vivienda de la plaza del Rosario de la capital soriana, el 9 de junio de 2022.

El jurado popular tardó un día en deliberar y votar el objeto del veredicto, las preguntas formuladas por el magistrado de la Audiencia Provincial de Soria y entregadas el pasado miércoles, a las que ayer dio respuesta el portavoz de los cinco hombres y cuatro mujeres, ante la atenta mirada del acusado que recibió la noticia sin cambiar el gesto.

«Consideramos probado que Nahum, con ánimo de acabar con la vida de Diolimar, le clavó un cuchillo asestándole una puñalada entre la séptima y la octava costilla en la zona intercostal izquierda que le causaría la muerte dando ella un fuerte grito», pronunció el portavoz del jurado, dejando bien claro que su veredicto considera al acusado autor de un delito de asesinato, como solicitaban la Fiscalía y la acusación particular –de la hija de la víctima–, y no de homicidio, como reclamaba la defensa.

Una tras otra, las preguntas del objeto del veredicto fueron respondidas en positivo, «probado» que Nahum estaba en la vivienda en el momento de los hechos, que también se encontraba la hija menor de la víctima –aunque en otra habitación–, y sobre todo, que el acusado se aprovechó de la circunstancia de que la víctima no pudo defenderse puesto que espero a que se quitara la ropa y se tumbara en la cama para cometer el crimen.

También reconocieron que el tío de la víctima, con quien trabajaba en un bar del centro y que esa noche dormía en la vivienda, tal y como se indicó durante la declaración de los testigos, entró en la habitación al escuchar el grito de «auxilio» de su sobrina, encontrándose a la víctima sobre la cama y al encausado sentado con el cuchillo en la mano. Dieron como hechos probados que él dejó el arma en el fregadero y se marchó de la vivienda portando una mochila con documentación y diversos objetos personales y útiles de higiene. E igualmente, estimaron probado que acusado y víctima habían sido pareja pero que la relación «se había deteriorado» y que ella decidió poner fin a la misma. De hecho, estaba en la casa sólo hasta que encontrara otro alojamiento.

Todos ellos aspectos que fueron puestos de manifiesto a lo largo del juicio, desarrollado en la Audiencia Provincial de Soria desde el día 15 de noviembre en cinco sesiones, tanto en las declaraciones de los testigos como de los responsables policiales y forenses que se encargaron del caso.

A partir de ahora, será el magistrado ponente de la causa, Rafael Carnicero, quien determine la pena a imponer. Las acusaciones piden 23 años de cárcel, incluida la agravante de parentesco, y una indemnización a la hija de la víctima, de 9 años, de 250.000 euros. No es la pena máxima que permite el Código Penal para el delito de asesinato, cuya horquilla está entre 15 y 25 años. Precisamente el letrado del acusado solicitó que, en virtud de las pruebas practicadas en el juicio, se aplicara la pena en su grado mínimo, es decir, 15 años. El ya condenado se encontraba en prisión provisional desde junio de 2022 que se cometieron los hechos.

Tras disolverse el jurado popular, el magistrado les agradeció el trabajo prestado, «han sido verdaderos profesionales». Una tarea que les mantuvo aislados durante un día –incluida la estancia nocturna en un hotel– y que les hizo no perder detalle durante la vista oral, tomando notas y trasladando preguntas al juez para que las planteara. A la salida del juzgado, arrastrando maletas, reconocieron, a preguntas de si había sido difícil, «mucho».

Por su parte, algunos de los familiares de la víctima, que han seguido el juicio desde los bancos del público, no pudieron evitar las lágrimas tras abandonar la sala de vistas una vez conocido el veredicto. «Esperamos la pena máxima», aseguró una de las tías de Diolimar. La familia tiene la esperanza de que el magistrado, que es quien tiene que imponer la pena según las peticiones de las partes, aplique lo máximo que permite el Código Penal para el delito de asesinato, 25 años de prisión. «Confiamos en Dios y en el jurado», apuntó, reclamando «justicia» y destacando las «mentiras» del acusado quien declaró que lo ocurrido fue algo accidental y fruto de un forcejeo. Visiblemente afectados, los familiares afirmaron sobre el ya condenado que se trata «de un delincuente que no puede andar por la calle, porque hoy ha sido Diolimar, pero mañana puede ser otra».