Protesta contra el Gobierno por desatender los daños de la fauna silvestre en el campo

La Unión de Uniones ha denunciado que los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica "se inhiben" de la obligación del Gobierno de elaborar un proyecto de Ley de Gestión de fauna cinegética y silvestre para evitar daños agrarios. Esta obligación está aprobada en la ley de la PAC de diciembre de 2022 y ha sido requerida por escrito por Unión de Uniones, ante lo que califica de "dejadez de funciones ante un gravísimo problema para el sector”.

La organización agraria recuerda que la Ley 30/2022 de Gestión de la PAC contempla en su disposición adicional novena que el Gobierno debía presentar a las Cortes un Proyecto de Ley de Gestión de la fauna cinegética y fauna silvestre para el control y prevención contra los daños ocasionados a la agricultura y ganadería. Este proyecto debía incluir además la creación de un Inventario de Daños. El plazo para hacerlo era de nueve meses y expiró el 3 de octubre del pasado año.

Por esta razón Unión de Uniones requirió tanto al Ministerio de Agricultura (Mapa) como al de Transición Ecológica (Miteco) para el cumplimiento de dicha disposición adicional, "con respuestas -en su opinión- absolutamente decepcionantes de ambos ministerios".

El primero argumenta que solo tiene competencias en materia cinegética y traslada “la pelota” al Miteco, responsable de biodiversidad. Éste, por su parte, rehúsa asumir la responsabilidad de redactar el proyecto porque no dispone de información adecuada sobre los daños causados. Igualmente, señala Transición Ecológica, que, para afrontar esta problemática, la Ley 42/2027 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad permite excepciones a la protección de la fauna silvestre siempre que no exista otra alternativa o solución satisfactoria y sin perjudicar nunca a la conservación de las poblaciones de que se trate.

En este sentido, el Miteco entiende que proteger los cultivos es la mejor solución y que, en todo caso, cualquier actuación en zonas de titularidad pública que pretenda el control poblacional requiere de la autorización de las Comunidades Autónomas.

Para Unión de Uniones, se trata de nuevo "excusas de mal pagador para no cumplir con sus obligaciones”. La organización señala que el problema de los daños por fauna silvestre a los cultivos y por contaminación de enfermedades a la ganadería es cada vez más grave y está cada vez más extendido". Además, subraya que el volumen de los perjuicios económicos es cada vez mayor, "hasta el punto de que en muchos casos ya ni se pueden asegurar, y que las administraciones no hacen nada efectivo para atajarlo".

“Es paradójico que se diga que no se tiene información sobre los daños, pero no se pongan a trabajar en un Proyecto de Ley que incluya un inventario de estos”, critican desde la organización en un comunicado. De la misma forma, para el colectivo agrario sostener que la protección de los cultivos es una solución eficaz demuestra que se desconoce totalmente la problemática sobre el terreno.

“Los protectores y las vallas son una alternativa costosa que se ha demostrado en las parcelas que es inútil en muchas zonas cuando hay una explosión de población de la fauna” apunta. Además, recuerdan que el perjuicio no se produce únicamente sobre las parcelas agrícolas, sino también sobre las granjas, porque la fauna silvestre actúa de reservorio de enfermedades del ganado, como la tuberculosis, debido a la cual se sacrifican sobre 22.000 vacas al año.

La organización reprocha a ambos ministerios que ni siquiera se hayan tomado la molestia de plantearse la orientación de una posible Ley que permitiera coordinar los diferentes instrumentos que podrían utilizarse para resolver el problema y coordinar las actuaciones de las diferentes comunidades autónomas, así como evaluar el alcance de los daños y hacer su seguimiento. También sería importante dotar financieramente en el presupuesto de cada año las cantidades necesarias para acometer actuaciones de control de la población y prevención en determinadas áreas para evitar los daños a la agricultura provocados por la sobrepoblación de fauna silvestre y compensarlos cuando se produzcan debido a una mala o inexistente gestión de dicha fauna en los terrenos responsabilidad de la Administración. “Esto de que tanto Planas como Ribera se llamen a andanas a la hora de cumplir leyes es un tema ya recurrente que sigue causando indignación, pero ya no sorpresa”, concluyen.

Unión de Uniones ha convocado un acto de protesta el próximo 21 de febrero en Madrid que finalizará en las puertas del Ministerio de Agricultura, para denunciar esta situación en torno a la fauna silvestre y otros problemas que afectan al sector.