Luz verde para adjudicar la redacción del nuevo Centro de Salud Soria Norte

El futuro Centro de Salud Soria Norte empieza a despejar su camino. Tras un tortuoso proceso de licitación que se ha alargado mucho más de lo previsto, la Gerencia de Salud de Castilla y León ya tiene el visto bueno para proceder a la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcyl) ha inadmitido el recurso presentado por una de las licitadoras contra la propuesta de adjudicación por consideran que no se había justificado la ‘baja temeraria’.

La resolución 13/2024 del Tarcyl, fechada el pasado 25 de enero, inadmite el recurso interpuesto por la firma Itau Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo contra la decisión de la mesa de contratación del procedimiento en la que se daba por válida la justificación de un oferta económica en presunción de anormalidad realizada por la empresa propuesta como adjudicataria del contrato. La resolución es ejecutiva, aunque permite la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la sala del citado orden del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

El contrato del Soria Norte hacía referencia a la «redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del Centro de Salud de Soria Norte» por 332.750 euros y ya acumula varios meses de retraso por diversas razones.

Según informó la Junta cuando lanzó el contrato «una vez realizada la selección del adjudicatario, este deberá realizar en el plazo de dos meses, desde la formalización del contrato, el levantamiento topográfico y proyecto básico correspondiente, que se estima el 1 de septiembre de 2023» . Además, explicaba que «con posterioridad, y en un plazo adicional de cuatro meses a contar desde la supervisión favorable del proyecto básico, se deberá elaborar el proyecto de ejecución, proyectos específicos de instalaciones, estudio de seguridad y salud, proyecto de gestión de residuos y estudio acústico, que serán la base de la licitación del expediente de obras». Los plazos no se han podido cumplir.

Tal y como informó este medio al concurso público se presentaron 7 ofertas y ya se tardó un poco más de la cuenta en el análisis de las propuestas por dos propuestas «anormalmente bajas» lo que antes se conocía como baja temeraria. A finales de diciembre por fin se procedió a la adjudicación provisional a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por María Isabel Jiménez y María de la O García, según consta en la plataforma de Contratación del Estado. Los trabajos supondrán un coste de 200.000 euros.

Esta UTE era de las que había incurrido en posible baja temeraria, aunque tras la documentación presentada pudo «acreditar y justificar la viabilidad de su oferta», según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación. La otra oferta no lo hizo. Esto abría paso a la adjudicación, pero el proceso volvió a frenarse por la presentación del recurso ahora inadmitido.

El recurso fue presentado por la firma Itau, Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo –que es la tercera propuesta mejor valorada tras las dos bajas temerarias– y estaba enfocado contra la decisión de dar por válida la oferta y además pedía la suspensión cautelar del procedimiento hasta la resolución del recurso.

Itau cuestionaba en su escrito ante el Tarcyl el ahorro que permite el procedimiento de ejecución propuesto por la UTE ‘adjudicataria’, las soluciones técnicas y las condiciones «excepcionalmente favorables» aludidas, la supuesta innovación y originalidad de la propuesta y «el respeto a las obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral».

La empresa aseguró, entre otras cuestiones, que los precios propuestos por la UTE adjudicataria «no tienen justificación» y recordaba que en el propio informe se observa que «no se pueden considerar unas ventajas objetivas diferenciadoras al resto de licitadores» en referencia a las soluciones técnicas propuestas. A modo de resumen desde Itau incidían en que «los precios anormalmente bajos con bajas iguales o superiores al 40% sin concretar ningún tipo de metodología extraordinaria, en un proyecto que implica la participación de agentes especializados, ponen en riesgo la correcta realización del servicio profesional ofertado».

La inadmisión del recurso de Itau abre la puerta a que el Sacyl de continuidad al procedimiento de contratación. El próximo paso debería ser la confirmación de la propuesta de adjudicación en favor de la UTE formada por María Isabel Jiménez y María de la O García dando luz verde al inicio de la redacción del proyecto.