Csif cifra en 20 millones lo que Soria deja de recibir en nóminas de empleo público

«A Soria no se la trata bien en materia de empleo público», asegura la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Csif, quien sostiene que la Consejería de Presidencia «se ha olvidado completamente de nosotros», indicó el responsable provincial de Administración General de la Junta del sindicato, Mariano Prieto.

Según apunta Csif, el 38% de los puestos de la Junta no están cubiertos en la provincia, 450 en términos absolutos, ya que Soria ha perdido cerca de 300 funcionarios en los últimos cuatro años, lo que repercute negativamente en los servicios públicos por un lado, y en la economía general, por otro.

«Supone falta de inversión, lo que implica que Soria está perdiendo en nóminas más de 20 millones de euros al año», afirmó Prieto, quien añadió que supone «una pena que el comercio, hostelería, etc, no puedan recibir ese dineral en una Soria por falta de personal. La Junta no está apostando por el empleo público en Soria», concluyó en declaraciones previas a la reunión del Consejo Sindical de Csif Soria, al que asistió el presidente autonómico, Benjamín Castro, para analizar la situación de los servicios públicos y de sus trabajadores en la provincia.

«Esos dineros que no vienen por el empleo, ya sea en el área de servicios sociales, medio ambiente, carreteras, en Ecyl, etc, supone que cada vez hay menos empleo público, inversión y nóminas, y por lo tanto menos generación de riqueza en la provincia», matizó.

Csif alertó, a modo de ejemplo, de que servicios como los agrarios y las unidades veterinarias «se quedan sin personal». «Las diez unidades veterinarias y los servicios de Agricultura se están quedando vacíos, sin técnicos, precisamente cuando más carga burocrática tienen los ganaderos y agricultores», mencionó en referencia a las protestas del campo precisamente por un exceso de burocracia.

Desde Csif señalaron que la situación de las plantillas públicas es especialmente en grave en sectores como la sanidad, donde el 40% de Atención Primaria podrían jubilarse en unos seis años, y el 25% en el caso de la Atención Especializada. Haciendo una media, significa que el 27% de la plantilla provincial de Sacyl pasaría a la jubilación en 2030, puesto que son unos 550 trabajadores los que actualmente tienen 59 años o más de un total de 2.000 que completan la plantilla entre médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, administrativos, mantenimiento, etcétera, recordó el responsable provincial de Sanidad de Csif en Soria, Ricardo Sanz. En este sentido, desde Csif apuestan por un plan de incentivos, económicos y laborales, que impidan que los profesionales se marchen fuera.

En materia sanitaria, indicó que el sindicato estará «muy vigilante» para que se plasme en la normativa anual el compromiso del consejero de Sanidad adquirido ante Csif de que se reconozca el complemento del turno ordinario de los sábados a todo el personal de Sacyl, del mismo modo que reclamó que el solape –al realizar el cambio de turno– sea reconocido a todas las categorías que efectivamente lo realizan.

Por su parte, el presidente autonómico, Benjamín Castro, afirmó que todos estos datos son «alarmantes» y evidencian que «los servicios públicos de la Junta, tanto en Soria como en la Comunidad Autónoma, se encuentran claramente amenazados y en jaque por la escasez de sus plantillas y la tremenda ola de jubilaciones que se avecina», y cifró en un 47% las previstas en los próximos diez años. «Sin embargo, el Ejecutivo autonómico sigue mirando para otro lado a pesar de las señales, sin planificar la gestión adecuada del personal».

Castro insistió en que «ha llegado el momento de avanzar en la negociación de la estabilización y en el refuerzo de plantillas, la mejora de las condiciones laborales o la equiparación salarial de los trabajadores de la Junta», por lo que reclamó la convocatoria de la Mesa General de Empleados Públicos. Recordó que Castilla y León es la tercera Comunidad por la cola «que peor trata a sus empleados públicos», por lo que exigió una equiparación laboral, cifrando en un 20% la pérdida de poder adquisitivo. Puso de manifiesto, igualmente, la elevada temporalidad, del 33%, que llega incluso al 77% en áreas como los servicios sociales.