«La estafa informática es el delito que más ve la Fiscalía de Soria, y ha subido mucho, hasta 205 casos»

La fiscal jefe de Soria, María José Burgos, asume una nueva responsabilidad, delegada de la especialidad civil y de protección jurídica de personas con discapacidad y mayores en Castilla y León. Colectivos vulnerables a los que la nueva ley quiere proteger. Sólo el año pasado se revisaron en Soria 159 casos de mayores incapacitados con el objetivo de devolverles sus derechos civiles. Además, la Fiscalía abordó 132 ingresos no voluntarios en psiquiatría, una cifra que ha aumentado de forma notable desde la pandemia, especialmente en menores. Una circunstancia que, reconoce, llama mucho la atención. Como el hecho de que las estafas informáticas sean ya los delitos que más trata el Ministerio Fiscal en la provincia. En 2023 se dispararon hasta los 205 casos, difíciles de investigar, resolver y por tanto recuperar lo estafado.

Pregunta. ¿Cuál es su función en el nuevo cargo?

Respuesta. Coordinar a todos los delegados provinciales y ser enlace con el fiscal de sala coordinador de toda España, que está en Madrid. Unificar criterios de actuación de todos los fiscales destinados en la comunidad autónoma, elaborar informes estadísticos, la memoria anual, representación ante las administraciones, de mano del fiscal superior... Esto es muy importante porque se intentará firmar convenios para que todo sea más fluido, tenemos previsto un protocolo.

P. ¿Qué asuntos se abordan en esta materia?

R. Por un lado todo lo que se refiere a la modificación de la ley 8/21, que es la provisión de apoyos a las personas con discapacidad, ha habido un cambio muy fuerte en la legislación y en la mentalidad de las personas, y esto está costando. Tenemos que pensar que las personas que tienen una discapacidad, con determinados apoyos, pueden vivir en igualdad de condiciones que el resto. Por otro, en el ámbito penal, la persona con discapacidad, si es acusado, quizá necesita ciertos apoyos para entender qué le está pasando, que está en una sala de vistas, que le están condenando... Que esté bien asesorado y acompañado. Hemos pedido medios para que las personas con discapacidad auditiva pueda conectar nuestros micrófonos con sus audífonos. Una figura que regula la ley es la del facilitador, que no hay. Por ejemplo, cuando nos conectamos con las residencias, el trabajador social que le grita al oído para poder comunicarse con nosotros. Podría haber alguien fijo en los juzgados para ayudar en la accesibilidad, a entender bien el procedimiento. Hay muchos organismos en el tercer sector dispuestos a colaborar con la administración de Justicia.

P. Todo eso tiene que llegar acompañado de una dotación económica.

R. Sí, como todo, pero hay aspectos que no necesitan tanto. Son pequeños apoyos que hemos pedido y creo que la Gerencia de Justicia lo puede afrontar.

P. ¿Tipología de casos?

R. Con la nueva ley que entró en vigor en 2021, estamos transformando la incapacidad por guardas de hecho a las personas mayores que están debidamente cuidadas. Se está desjudicializando. El año pasado revisamos 159 casos y es el tercer año que se hace. Porque la ley, que dignifica a la persona con discapacidad, no quiere incapacitar a esas personas, y salvo que necesiten una participación en el ámbito jurídico, es decir, que tenga que comprar, vender, hipotecar un bien, la herencia, que en ese caso puntual sí que vendrá al juzgado a intervenir, no las vamos a quitar sus derechos civiles, su derecho a voto, su carné de conducir..., como hacíamos antes. Eso se evita. Está costando mucho porque la gente tiene la mentalidad de que hay que incapacitar cuando los padres están muy mayores y no quieren que eso se cambie. Nos está costando mucho explicarles que si no es necesario no hay que hacerlo. Tiene que haber un cambio de mentalidad. En cuanto a los enfermos mentales, los ingresos psiquiátricos no voluntarios han aumentado bastante desde la pandemia. Hace falta un informe forense y dictamen del Ministerio Fiscal. Por su propia enfermedad, no entienden que han de entrar en un centro para estabilizar la patología.

P. ¿Cuántos ingresos psiquiátricos no voluntarios ha habido?

R. El año pasado tuvimos 132, que son muchos. Han aumentado los casos desde la pandemia y ha bajado la edad, vimos en 2023 más casos de menores, niños, adolescentes, que otros años. Es un dato que nos llama mucho la atención. No significa que esa persona luego vaya a necesitar una provisión de apoyos, porque puede ser que, una vez estabilizada y siguiendo un tratamiento, recobre su vida con normalidad.

P. ¿Encuentran una explicación?

R. No, esto lo analizaremos más a largo plazo. Todo el mundo lo achaca a la pandemia. Los adolescentes lo pasaron muy mal, pero es pronto para sacar conclusiones.

P. ¿Es complicado determinar una incapacidad en el caso de enfermos mentales?

R. La enfermedad mental suele estar asociada por un lado a consumo de tóxicos y por otro a personas con nivel cultural muy alto, muy inteligentes, que tienen problemas, y cuesta mucho que esas personas entiendan esta situación. Las drogas están haciendo mucho daño. Vemos que el consumo de drogas despierta enfermedades mentales, y cada vez son más jóvenes, de 30 o 40 años, que debutan en la patología. Suelen ser politoxicómanos que empiezan con el hachís y pasan a otras. El problema es que la droga cada vez es de peor calidad. Para producir más le añaden más químicos. Toda esa porquería que se meten hace que se despierte o provoque la enfermedad. Llevamos tiempo viendo esta evolución.

P. ¿En Soria se investigó la derivación desde las residencias a los hospitales durante la época covid?

R. No hemos tenido ninguna actuación. Vino alguien a preguntar pero no se ha judicializado nada por derivación de residencias, sí tenemos algún asunto de personas no vulnerables que fallecieron en casa por no recibir la asistencia necesaria y se denunciaron dos casos. En residencias estamos investigando ahora porque no están cumpliendo los parámetros, porque otra de las funciones del Ministerio Fiscal es la inspección de las residencias, el control tanto ordinario como de las medidas de contención. Estamos coordinados con la Junta y cuando detectan algo nos avisan. Ahora se va hacia un modelo libre de contenciones evitando que las residencias de personas mayores o con discapacidad les aten para prevenir caídas, que se levanten por la noche, etc. Todos los proyectos de las residencias van en esa dirección y en Soria tenemos uno estrella, en Santo Ángel de la Guarda, que lo ha conseguido a nivel autonómico, totalmente libre de contención. Se trata de retirar barandillas en las camas, los pijamas fantasmas con los que estaban toda la noche atados... Es un proceso largo y quien lo ha conseguido culminar es Santo Ángel de la Guarda.

P. ¿Qué residencias investigan?

R. Estamos en fase de investigación en dos porque no tienen las condiciones óptimas, en colaboración con la Junta. No se trata de maltrato, pero a lo mejor no tienen el suficiente bienestar para los residentes. Tema de calefacción, limpieza, alimentación... pero no es vulneración de derechos de manera grotesca, por ahora. Nos llegan a través de la Guardia Civil donde han puesto denuncia los trabajadores. Lo cual está muy bien porque es el cauce, porque así va la Guardia Civil a levantar atestado y nos da objetividad.

P. ¿Hay conflictividad en las residencias? Dos casos de asesinatos en la historia judicial de Soria fueron en esos centros, en Vinuesa y El Burgo de Osma.

R. Fueron casos aislados y difíciles de detectar, porque si se hubiera previsto que esa persona es tan conflictiva como para dar ese salto, que es por su enfermedad mental, la residencia, sin duda, hubiera adoptado alguna medida más de aislamiento.

P. También se encarga de la Fiscalía de Menores, ¿le gustan los casos vulnerables?

R. Sí. La parte social de la Fiscalía es la que más me ha gustado siempre , donde mejor me muevo. La Fiscalía puede aportar muchísimo en ese ámbito. Lo llevamos otra fiscal y yo porque siempre tiene que haber alguien de referencia y el problema es que hay mucha movilidad. La última fiscal que lo llevaba estuvo un año.

P. ¿Cómo evolucionan los delitos en menores, sobre todo en materia sexual?

R. El año pasado se redujeron. Sí que tuvimos casos de agresión sexual entre menores pero fueron pocos, dos. Sin embargo, sí que vemos en los menores un comportamiento agresivo. Las peleas famosas que ahora les da por grabarse. Son cosas horribles, pegándose, la gente animando... Pero las consecuencias son pequeñas, tienen un desgarro de pelo y poco más, y la Fiscalía se queda con un delito leve de lesiones, que no es nada, pero el hecho es grotesco y feo. Los menores tienen esas conductas que no son graves en sus consecuencias pero sí lo en sí mismas. También ha empezado a haber mucho absentismo, casos graves que nos derivan, cuando sobrepasa el 50% de la asistencia. Para la Fiscalía, en el absentismo es responsable el padre aunque también vemos al chico para echarle una buena reprimenda.

P. ¿En cuanto a los delitos sexuales en adultos?

R. Como el año pasado cambió la ley, cambió la tipificación y lo que considerábamos abuso sexual, ahora todo ha pasado a ser agresión, por eso los números han aumentado, pero el volumen es más o menos igual. Hubo 35 delitos de agresión sexual, y fueron siete a menores de 16 años, que suelen producirse en el ámbito familiar. En general Soria es tranquila, tenemos casos pero no son números alarmantes.

P. ¿Cuál es el tipo de delito que más ve la Fiscalía?

R. La estafa informática. El año pasado tuvimos 205 casos, que ha aumentado mucho. Y es muy difícil investigar porque el ciberdelincuente va muy por delante en cuanto a tecnología, y siempre hay un elemento transnacional. Casi siempre el dinero sale fuera de España. Si lo hace a países con los que no tenemos colaboración, lo hemos perdido. Y por otro lado, por la de intervinientes que tienen, con muchas personas involucradas, pues para una estafa pueden ser cinco o seis. También pueden estar requisitoriadas y no las encontramos... Cuesta mucho seguir estos casos. Además, los medios de la Policía, que es la que nos investiga, son escasos. Se suma a que los ciberdelincuentes son expertos en lo que denominamos ingeniería social. Que te llame una persona y sea capaz de convencerte para que le des las claves bancarias... Eso lo manejan fenomenal, se aprovechan de que te apuras porque piensas que te ha pasado algo en tu cuenta, que ves una persona que te ayuda y tú estás dispuesta a darle lo que sea con tal de que te eche una mano... Estafas en el alquiler de piso, que te dan plena confianza porque te mandan fotos preciosas... Conocen muy bien la mentalidad del ser humano, parece que son psicólogos profesionales.

P. El esclarecimiento, detención y recuperación del dinero es difícil.

R. Sí, porque hay detenciones y acaban asumiendo los hechos pero no pagando el dinero. Aunque eso no prescribe nunca. A veces los bancos tienen el seguro de responsabilidad civil y pueden pagar, pero consideran que en el momento en que la víctima hace un acto de consentimiento, ya se eximen de la responsabilidad. Las campañas informativas son brutales pero aun así la gente sigue cayendo.

P. ¿Cómo evoluciona la violencia en el seno familiar?

R. Cada guardia tenemos asuntos de violencia de género, eso no baja. Todos los años tenemos un poco más, y en parejas jóvenes, aunque no menores. No vemos grandes agresiones pero sí el control que el agresor hace de la víctima, por redes sociales, teléfono, con quién va, qué se pone. Eso es acoso y vulneración del derecho a la intimidad. Luego, ponemos una orden de alejamiento y la quebrantan, porque quieren seguir controlando a la víctima. Hasta 103 tuvimos el año pasado, frente a 68 en 2022. Ha aumentado mucho. Tenemos muchísimo delito de quebrantamiento en el ámbito de la violencia de género.

P. ¿La Fiscalía de Soria cuenta con los medios necesarios?

R. Faltan cosas pero no nos podemos quejar. Tenemos un sistema digital que no tiene Madrid, todo el expediente digitalizado, grabación de todas las declaraciones, puedo escribir textos dictados... Contamos con medios tecnológicos y creo que en el territorio Ministerio de Justicia estamos bien. Por supuesto que nos faltan cosas, vamos pidiendo y la Gerencia responde. Ahora somos siete fiscales y un refuerzo y pedimos que se cree una plaza más.