El Ayuntamiento de Soria mantiene facturas impagadas «en el cajón» por 1,7 millones desde 2020

La llegada del nuevo interventor municipal al Ayuntamiento de Soria el pasado otoño ha sacado a la luz facturas impagadas, «en un cajón», por valor de 1,7 millones, correspondientes a los años 2020 a 2023, señalan desde el Grupo Municipal Popular que se pregunta «¿por qué no se han pagado?» y pide explicaciones al PSOE. En el orden del día del pleno de hoy se incluye su pago, a través de un reconocimiento extrajudicial de créditos, que el PP reclamó ayer que se aparque ante las «dudas razonables» que le suscitan dichas facturas y el asunto se devuelva a la comisión informativa para analizarlas.

La portavoz del grupo, Belén Izquierdo, indicó que recibieron el martes las facturas y las están revisando. Algunas de ellas por más de 300.000 euros. «El equipo de Gobierno asegura que es cuestión de la forma de trabajar del interventor, pero queremos analizarlo bien», añadió el concejal del PP, Saturnino de Gregorio, insistiendo en cuestionar «por qué hay sin abonar desde el año 2020, por qué tienen tanta prisa, o algún interés en que no se puedan revisar todos los gastos». Según indicaron, se trata de facturas «visadas y selladas pero en el baúl del olvido».

El PP criticó además el hecho de que algunas de las facturas fueran firmadas por técnicos ajenos a la materia a la que correspondían, así como por el concejal de Hacienda, «al que ni le preocupa ni asume responsabilidades».

El grupo municipal sostiene que las facturas «en el cajón» por casi dos millones de euros dejan en entredicho las liquidaciones del presupuesto de los ejercicios 2020 a 2022.

Entre las que el Grupo Socialista les ha entregado han encontrado «pagos duplicados y facturas de gastos en consumo de hasta 18.000 euros correspondientes a meses de pandemia donde dichas instalaciones se encontraban cerradas».

Algunas de ellas superan los 300.000 euros, y muchas corresponden a la empresa SOS, que viene realizando tareas para el Consistorio, a pesar de que, recordó De Gregorio, la Inspección de Trabajo ya indicó hace años que dicha fórmula no es válida. «Hay gastos de 8.000 euros mensuales de los cines Mercado», puso como ejemplo De Gregorio, insistiendo en preguntar «por qué el anterior interventor no las quiso pagar».

La fórmula para aprobar las facturas en el pleno, el reconocimiento extrajudicial de créditos, es habitual en los ayuntamientos para abonar las últimas del ejercicio que han quedado pendientes, y para no tener que recurrir a una modificación de crédito, reconoció el PP, pero en el de Soria no se utilizó ni en 2021 ni en 2022.

«El concejal nos dice que cada interventor trabaja de una forma», apuntó Izquierdo, quien aseguró que no están diciendo que existan irregularidades pero sí quieren estudiar las facturas con detenimiento y buscan explicaciones de por qué hay sin abonar desde 2020, «que no figuraban en la contabilidad y que estaban en el cajón», ya confirmadas pero no pagadas.

«Esas facturas las tiene que conocer el concejal de Hacienda, porque están informadas desde 2021. No puede decir ahora que las desconocía», señaló De Gregorio, que atribuyó «responsabilidad directa al concejal», Jesús Muñoz.

Por su parte, el responsable de Hacienda del equipo de Gobierno afirmó que las facturas pendientes son «la mayoría» de 2023, y las más antiguas corresponden a la empresa Rebi, como él mismo informó en la rueda de prensa ofrecida la semana pasada sobre la liquidación del presupuesto de 2023, quiso destacar. «Se estaba en discusión con la empresa por los excesos de consumo derivados de la pandemia. Y ahora se ha llegado a un acuerdo revisado por los técnicos municipales», expuso el concejal responsable de Hacienda.

A este respecto, desde el PP evidenciaron que 330.000 euros se corresponden al pago de facturas a una única empresa, la cual siguió facturando el consumo en instalaciones deportivas de marzo, abril y mayo del 2020, «cuando dichas instalaciones se encontraban cerradas en plena pandemia».

Muñoz matizó que incluyen el gasto del servicio, no sólo del consumo, y el exceso de éste se debe a la ventilación obligada, que requería aumentar temperatura para compensar: «Sobrecostes originados en pandemia».

También se refirió a otras facturas no pagadas de a la empresa adjudicataria de la recogida de basuras, pertenecientes a 2023, que se elevan a 600.000 euros.

Asimismo, recriminó al PP que no haya leído el informe del interventor, «de cuatro páginas», en el que explica la situación generada con las facturas y el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como otro sobre la modificación presupuestaria, que igualmente va al pleno de hoy y cuya retirada también solicitó el Grupo Municipal del PP. «Ayer –por el martes– fueron a los departamentos y pidieron las facturas, como los malos estudiantes», apuntó Muñoz.

Sobre el fondo del asunto y el informe del interventor, explicó que el reconocimiento de créditos se realiza para facturas que acaban el año con la partida agotada, pero el servicio ya realizado: «No se había utilizado en el Ayuntamiento pero los técnicos quieren hacerlo». Hasta ahora se hacía con cargo a remanentes, lo que restaba al siguiente presupuesto. «Con esto se entrará más limpios para 2024», defendió, alabando la labor realizada por los técnicos.

Un trabajo que también ensalzó el PP, que habló de unos informes «como nunca» «La mejor presentación de las cuentas, pero el resultado es malo, como en estos últimos años de Gobierno», dijo Izquierdo, denunciando que el PSOE ha gastado por encima de los recaudado en 2023, con 53,9 millones en el primer caso y 51,7 en el segundo. Indicó que la deuda es de 24 millones y el equipo de Gobierno quiere reducirla a base de la subida de impuestos.