La Capital
El PSOE libera el pago de las facturas ‘en el cajón’ con reparos de PP y Vox
López cuestiona el procedimiento y De Gregorio apunta a la falta de documentación y alerta de una «incompatibilidad personal» mientras Muñoz les afea que Diputación aprobó una operación similar en diciembre
La bancada de la oposición en el Pleno municipal.
El Pleno del Ayuntamiento de Soria aprobó ayer con el voto favorable del PSOE y la posición en contra de toda la oposición el reconocimiento extrajudicial de créditos y la modificación presupuestaria que permitirán abonar al Consistorio los 1,7 millones acumulados por facturas impagadas desde el año 2020. La aprobación llega con el equipo de Gobierno justificando un procedimiento «excepcional», pero con el aval «de los técnicos» y los reproches de PP y Vox por la forma, el fondo y algunas cuestiones sin aclarar. El PP, que incluso pidió la retirada del punto, advirtió incluso de una posible «incompatiblidad personal».
Tal y como destapó el PP en la víspera, el debate atañe a un conjunto de algo más de 200 facturas pendientes de los ejercicios 2020-2023. La propuesta municipal, que ha sido aprobada, pasa por utilizar la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos para esos 1,7 millones y acto seguido aprobar una modificación presupuestaria por el mismo valor para afrontar el pago. Por este motivo, los puntos se debatieron de forma conjunta.
Desde el equipo de Gobierno, su responsable económico, Javier Muñoz, justificó la operación recordando que el reconocimiento extrajudicial se usa para facturas que llegan con posterioridad a la finalización del ejercicio o gastos en los que no había, o se había agotado, la consignación presupuestaria. El Ayuntamiento afronta su pago para evitar «un enriquecimiento injusto» y ya defendió que las facturas contaba con toda la documentación necesaria para acreditar que se han prestado unos servicios o comprado unos bienes. Para evitar el «consumo» del crédito de 2024, se decide abonarlas con los remanentes.
Ya en su primera intervención la concejala de Vox, Sara López, puso en duda el sistema utilizado por el equipo de Gobierno. Además, recordó que mientras se presume de un pago medio en poco más de 20 días ahora aparecen facturas de hasta 2020. Aludiendo a una sentencia asturiana, la edil advirtió también del riesgo de nulidad por la inexistencia de créditos.
Las criticas del PP fueron más amplias, pero su portavoz en este punto, Saturnino de Gregorio, enfocó sus dudas en tres facturas de Rebi correspondientes al suministro energético de los meses de marzo, abril y mayo de 2020 –cuando estalló la pandemia– de instalaciones deportivas. «Estaban cerradas», recordó apuntando que «no tenemos los informes». De Gregorio aseguró que hay documentos «a favor» y «en contra» del pago y que en los informes incluso defieren las cantidades. «Tampoco hay lecturas de contadores», lamentó cuestionado «¿porqué no se pagaron antes?». De Gregorio también mencionó la Ley de Contratos para recordar que la conformidad debería estar firmada por «un funcionario» no por un «personal laboral temporal» y aquí señaló una posible «incompatibilidad personal con la empresa». «Por eso pedimos una comisión y poder hablar tranquilamente». indicó advirtiendo que inicialmente la factura total era de 197.000 euros sin IVA y ahora de 331.000 con impuestos.
Muñoz replicó apelando a la «responsabilidad» y criticó tanto a Vox –por no decir nada en la comisión– como a PP –por no acudir a ver las facturas con tiempo– su falta de trabajo. Asimismo, preguntó si el criterio para situaciones similares «depende de la administración».
Muñoz justificó las tres facturas de Rebi explicando que están vinculadas al contrato ordinario de suministro que se paga «estén abiertas o cerradas» las instalaciones y que el resto deriva de «excesos» de consumo que se cometieron para tener las instalaciones abiertas cuando la normativa –por la pandemia– obligaba a tener las ventanas abiertas. Sí reconoció «controversia» por los importes entre los servicios municipales y la empresa y por ello la tardanza en llegar a un acuerdo por las mismas. Volvió a apelar a la «responsabilidad» Muñoz recordando que el propio De Gregorio, en Golmayo –donde ejerce de secretario– utiliza también los reconocimientos extrajudiciales . «Todos los años», apostilló el aludido.
Poco variaron los argumentos en la dúplica. López recalcó su rechazo al reconocimiento y su apuesta, como en la sentencia asturiana, por la «revisión de actos nulos». De Gregorio insistió en que sus preguntas no habían sido respondidas y apuntó, entre otras cuestiones, que si las facturas de 2020 son de un contrato ordinario «¿porqué tiene cantidades diferentes?». «Claro que hay que pagar, pero porqué debemos creernos esos gastos si no hay informes?», insistió.
Muñoz reiteró que el expediente contaba con la documentación necesaria y la firma de los técnicos municipales y volvió a referirse a la «responsabilidad». El golpe de efecto preparado fue recordar a PP y VOX que la Diputación aprobó en similares condiciones un reconocimiento extrajudicial de crédito el pasado 8 de septiembre, también con facturas del año 2021 para servicios de vigilancia del aeródromo. Se aprobó por unanimidad con el voto de Vox, PP y PSOE en la institución provincial. Muñoz aludió que era «más grave» ya que en ese momento no había contrato, pero se abonó «por responsabilidad en los servicios prestados». «Aquí los informes son favorables y lanzan la sombra de la sospecha», lamentó. «Hipocresía», cerró.
El socialista Gregorio García tomó ayer posesión como concejal en sustitución de Jesús Bárez.
TENSIÓN POR EL CAMPO Y EL 8-M
Vox, PP y PSOE presentaron cada uno una moción para el apoyo al sector agrícola y ganadero. Solo se aprobó la socialista, respaldada por la mayoría que lidera Carlos Martínez en el Ayuntamiento. Vox exhibió su postura en contra del «pacto verde» y acusó de falta de credibilidad a PP y PSOE responsable, a su juicio, de las decisiones políticas que han provocado la situación del campo, según explicó Fernando Castillo.
Desde el PP, Javier Muñoz Remacha, se reivindicaron como «el partido del campo» y recordaron a Vox su proyecto antieuropeo explicando que la PAC suponen el 33% del presupuesto comunitario. Desde el PSOE, que contó con el alcalde como portavoz, se defendió la política de «hechos» frente a Vox que «solo busca la foto». Martínez recordó que las organizaciones agrarias ya han calificado a la formación de Santiago Abascal como «traidores» y acusó a Castillo de «abusar» de las instituciones como Ayuntamiento de Soria animándoles a «trabajar» desde las instituciones que Gobiernan como la consejería de Agricultura de la Junta.
El tono fue más bronco con la moción del 8-M que hasta la entrada de Vox en el Ayuntamiento había tomado forma de declaración institucional. Vox defendió su posición aludiendo al «fracaso» de las políticas del Gobierno para la protección de la mujer, señalando a las «culturar que denigran a la mujer» y definiendo el feminismo como «un negocio institucional». El PP defendió la adhesión garantizando su «compromiso» con la igualdad real, pero la mayor tensión se produjo con la intervención de la titular del área de Igualdad municipal, Gloria Gonzalo, emocionada y enfadada a partes iguales. Gonzalo clamó contra la «xenofobia» de Vox criticando que «van a por los migrantes porque los odian más que a las mujeres». La concejala responsabilizó a Vox, y su discurso, del aumento de casos y de que «la vida de la mujer sea peor». Gonzalo llegó a asegurar su intención de «acabar» con la presencia de Vox en las instituciones. «Fuera los fascistas que son cómplices del machismo, no busque culpables en los migrantes», insistió. La moción salió adelante con el voto de PSOE y PP y la posición contraria de Vox . El Pleno terminó con el alcalde negándole la palabra a la concejala Sara López de Vox –que aludió a una alusión que Martínez no consideró como tal– y dando la sesión por terminada.