Heraldo-Diario de Soria

Soria dice no a las plantas fotovoltaicas en tierras de cultivo y pide copiar a Italia

El sector asegura que hay muchas zonas improductivas donde pueden ubicarse las instalaciones de energías renovables

Placas solares junto a un campo de girasoles

Placas solares junto a un campo de girasolesMARIO TEJEDOR

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El crecimiento exponencial de las instalaciones fotovoltaicas en la provincia en campos de cultivo en los últimos años ha llevado a poner en jaque a los agricultores y ganaderos profesionales, que reivindican su ubicación en terrenos improductivos para no afectar a su actividad ante la posible amenaza de las empresas de renovables. Ahora, tras la prohibición de Italia de la instalación masiva de placas fotovoltaicas en tierras agrícolas, priorizando así la protección de los agricultores y el equilibrio ecológico, el campo soriano pide seguir el ejemplo del Gobierno italiano para no echar al sector de su medio de vida.

Las organizaciones agrarias de la provincia aseguran que apoyan totalmente la puesta en marcha de instalaciones de energías renovables, pero no a costa de afectar a la agricultura y la ganadería, y por ello, esperan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez copie a Italia en esta protección del sector primario.

La presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor, recuerda que es una de las reivindicaciones de la organización desde hace tiempo, y que también ha sido una de las principales demandas en este año de protestas: “Por supuesto que estamos a favor de las energías renovables, pero este territorio es muy extenso y las instalaciones no tienen por qué ir en tierras de cultivo ni de pasto para el ganado”, sostiene Pastor, quien añade que hay mucha superficie donde su ubicación no afectaría al sector primario.

“Los que nos dedicamos a la actividad primaria no queremos las instalaciones de esta forma porque si no tenemos tierras para cultivar y para que pasten nuestros ganados nos acaban echando del campo”, añade la máxima responsable de Asaja Soria.

El presidente regional, Donaciano Dujo, indica que Asaja lleva insistiendo desde hace cinco años a la Junta para que al menos el Gobierno de Castilla y León proteja el sector primario y ponga límites en los campos de la Comunidad: “Hemos enviado cartas al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, pero hasta el momento no tenemos nada”. Pero la organización no se ha quedado ahí, sino que también lo ha trasladado a nivel nacional “en todas las instituciones donde hemos podido dar nuestra opinión”.

A su juicio, “es una barbaridad que se pongan en tierras agrícolas o en pastos echándonos de nuestro territorio. Más aún si las instalaciones se declaran de interés general, de modo que al agricultor le expropian y no le queda otro remedio”.

Sobre todo porque “Castilla y León exporta más del 50% de la electricidad que produce”, por lo que además exige que “la región debería tener un reporte económico para los consumidores gracias a esta energía limpia de la que se benefician otros territorios”.

También coincide en esto el secretario de organización de UPA Soria, José María Sanz, quien asegura que “hay mucho terreno erial compatible con placas solares”. No entiende por qué las empresas de energías renovables se van a las tierras agrícolas porque lo que provocan es que desaparezca el sector primario”. Cree que en todo caso puede que sea porque es más fácil y más rápido a nivel administrativo.

Asegura que hay tierras de los ayuntamientos que no son de aprovechamiento y que se podrían dedicar a la instalación de placas fotovoltaicas, con el consiguiente beneficio para los pueblos y sus habitantes.

En la misma línea se muestra el presidente de COAG Soria, Alfredo Cabrerizo, quien está “totalmente de acuerdo” con la prohibición en Italia de las placas solares en tierras de cultivo: “Estamos a favor de las fotovoltaicas, pero en todas las hectáreas improductivas que hay, y entiendo que el Gobierno de España tiene que hacer lo mismo para no expulsar a los agricultores y ganaderos de nuestras tierras. No puede permitir esa barbaridad”.

Lo cierto es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lleva más de un año preparando un proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de plantas fotovoltaicas u otro tipo de infraestructuras de estas características en terrenos de regadío. En la propuesta de regulación, el Ministerio de Luis Planas apunta dentro de su protección a las zonas regables, a terrenos transformados del secano al regadío, a las superficies que se hayan beneficiado de ayudas como la PAC o similares para modernizar las infraestructuras de riego, las que estén declaradas de interés general del Estado o que directamente hayan contado con inversiones públicas, una prohibición que indica que de aprobarse estaría vigente durante 50 años. También quedarían protegidos los terrenos situados en zonas regables declaradas de interés general del Estado donde no se hayan realizado inversiones públicas, pero estén previstas a través de un Plan General de Transformación.

Sí que añade el texto que se exceptúan de esta prohibición las instalaciones de generación de energía renovable vinculadas al funcionamiento y operatividad de las instalaciones de regadío.

Pero el campo soriano pide que esta ley no se limite sólo al regadío, sino que se extienda a tierras de secano, como se va a aplicar en Italia.

De hecho, Sumar ha presentado hace unos días una Proposición No de Ley (PNL) para regular la instalación de placas solares en terrenos cultivables y áreas de especial protección ecológica, dado que reconoce una preocupación similar a la que ha llevado a Italia a preservar las tierras agrícolas y el medio ambiente, buscando establecer medidas que armonicen la producción de energía con la actividad agrícola.

El movimiento político SOS Rural también lo considera “absolutamente decisivo” para el conjunto del campo en el sur de Europa, que está siendo presionado por regulaciones locales y nacionales que facilitan el alicatado masivo de tierras de cultivo propiedad de agricultores previamente atosigados con una legislación que hace inviable su actividad”. De hecho, SOS Rural valora con satisfacción la medida tomada en Italia porque “sienta un precedente que nos anima a seguir denunciando los abusos de políticos y multinacionales frente a agricultores y ganaderos desunidos, débiles y aplastados por regulaciones leoninas y kafkianas”.

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