El pago a proveedores encadena un trimestre por encima del plazo legal

El pago a proveedores se resiente de los cambios organizativos y de criterios y esto hace que en lo que va de año se acumulen atrasos más allá de la norma, algo inhabitual en el Ayuntamiento. Es la primera vez en varios años en que esto sucede y no lo hace de una manera ocasional, sino con cierta acumulación. Un trimestre encadena el Ayuntamiento con un periodo medio de abono superior a los 30 días que señala la regla y la superación ha sido creciente mes a mes. El desembolso se ha retrasado un tanto, admitió el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, «es una cifra a la que no estamos acostumbrados». En marzo la magnitud quedó en 44 jornadas, 14 por encima de la norma.

La satisfacción de facturas alcanzó en enero 33 jornadas y en febrero subió a 40. Marcas desconocidas en el Ayuntamiento desde hace años, aunque muy lejos de lo que sucedía cuando en plena crisis económica la lentitud estaba a la orden del día. El Ayuntamiento de la capital es «una administración que somos de las que mejor paga», recordó Muñoz, quien explicó que para mayo «vamos a volver por el sendero anterior», ceñido a los 30 días. En cualquier caso y, pese a la demora, el municipio se encuentra en «cifras bastante asumibles» de cara a los desembolsos con las empresas.

El concejal de Hacienda explicó la situación en el «cambio de la estructura del departamento económico», que opera en dos sentidos. Por una parte, se ha modificado «la fórmula en cuanto al abono de facturas del año anterior», como se vio en el pleno de marzo con el reconocimiento extrajudicial de créditos. Esto ha «retrasado» el pago ordinario. Por otra, está el cambio de personal en las áreas de intervención y tesorería. «Hasta que los departamentos se han ajustado, también hemos tardado un poco más en pagar», refirió. Los propios trabajadores están «preocupados por este motivo», aunque con la previsión de aminorar los tiempos próximamente. Con todo, el resultado del año muestra «unas cifras en días que son asumibles» y «siempre nos hemos caracterizado por pagar en tiempo y forma».

El promedio de mayor tardanza se conoció en marzo, con los mencionados 44 días. Es la última referencia sobre este concepto. En ese periodo el Ayuntamiento realizó abonos por importe de 2,9 millones de euros y quedaba una cantidad prácticamente igual (en concreto, tres millones) pendiente de pagar a los proveedores.

Los datos del Ministerio de Hacienda sitúan en 1,1 millones los desembolsos del mes de febrero, con un acumulado pendiente de 2,6 millones. Para el mes de enero no hay registro sobre cantidades en el seguimiento mensual por parte del Ministerio.

La pérdida de los 30 días coincide con el cambio de año, ya que diciembre siguió la tónica de un largo listado de meses precedentes, sin sustos de demoras. Al final de 2023 el Consistorio de la capital liberaba las facturas en un promedio de 20 días, nivel que, sin ser el mejor del ejercicio, quedó dentro de los límites legales y bastante alejado de ellos. En enero comenzó la tendencia al alza, con 33 días y así en febrero y marzo.

El caso es inédito desde 2018, cuando se produjeron modificaciones en los criterios de cómputo de las 30 jornadas, un cambio por parte del Ministerio que cogió a contrapié a bastantes ayuntamientos, entre ellos al de Soria. Así, en abril de 2018 la capital se quedó en 38 días. Los días de más también se repitieron en mayo (32) y agosto (31). Tardanzas escasas, aunque llamativas por la regularidad con que Soria aborda sus facturas. El caso es que antes de abril de ese año el pago a proveedores computaba 30 jornadas para examinar las facturas y el plazo comenzaba a correr desde que recibían el visto bueno. En la práctica, las administraciones tenían 60 días para liberar el dinero. Después de abril el plazo comienza a correr desde que se registra la reclamación.

En 2023 el periodo medio osciló entre los 11 días de febrero y agosto y los 23 de octubre. Los tiempos actuales, que el Consistorio espera revertir en mayo, nada tienen que ver con la crisis financiera, cuando existía un auténtico atasco de facturas en el Ayuntamiento. De hecho, hubo momentos en que las reclamaciones rondaban 200 días en satisfacerse.