Los agricultores de Soria reciben decenas de multas por sus movilizaciones
El movimiento 6-F cuantifica en 20.000 euros el montante de las 50 denuncias comunicadas hasta el momento y asegura que recurrirá todas porque las considera «desproporcionadas y no razonables»
Una de las tractoradas celebradas en la provincia en febrero en defensa del campo
Las movilizaciones del campo durante el mes de febrero han desembocado hasta el momento en medio centenar de denuncias que ya ha comunicado la Subdelegación del Gobierno, unas en materia de tráfico y otras por seguridad ciudadana, y que el movimiento 6-F ha cuantificado en un montante global que podría rondar los 20.00 euros. No obstante, el portavoz del grupo 6-F en Soria, Miguel Ángel Aguilera, asegura que van a recurrir todas las sanciones porque las consideran «desproporcionadas» y porque el único objetivo de sus manifestaciones era defender su «medio de vida», además de «garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos».
Así, hay 50 denuncias, 49 sancionados, según la Subdelegación del Gobierno, dos en Soria capital, dos en Cadosa, cuatro en Almazán, seis en Ágreda, cinco en Almenar-Cardejón, cuatro en Almenar-Peroniel y 27 en San Esteban, con multas desde los 601 hasta los 30.000 euros, la mayoría «por desobediencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación», y por «faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal».
Además, doce de los infractores sancionados se han acogido al procedimiento abreviado, efectuando el pago el 50% de la sanción, de modo que son expedientes ya terminados. Y un infractor efectuó alegaciones en plazo.
Las sanciones administrativas que se han comunicado son calificadas como infracciones graves por «obstruir la vía de comunicación» y «hacer cortes intermitentes de la circulación rodada, sin tener autorización para manifestarse en ese día y lugar». Además, indican en el documento que «por parte de los agentes se procede a solicitarles que se disuelvan en reiteradas ocasiones, de forma clara y concisa», al carecer de autorización para cortar la vía, «haciendo caso omiso y manifestando que van a continuar con dichos cortes de circulación». Y «ante la negativa a cumplir las órdenes de los agentes» se les informó que los hechos iban a ser puestos en conocimiento de la autoridad competente.
Así, la Subdelegación del Gobierno dictó acuerdo de iniciación de los correspondientes expedientes sancionadores que luego notificó a los presuntos infractores. En ese momento se les ofreció la posibilidad de acogerse al procedimiento abreviado, aunque la mayoría no procedió dentro del periodo voluntario, ni formuló alegaciones, por lo que ahora medio centenar de agricultores y ganaderos se enfrentan a multas de 601 euros que van a recurrir. «Lo hemos puesto todo en manos de un abogado y estamos siguiendo sus instrucciones».
Aguilera señala que del medio centenar han llegado a su destino 41, dado que se formularon atendiendo a las matrículas de los vehículos, sin pedir los documentos de identidad de los manifestantes, con lo que nueve denuncias fueron a sociedades. Lamenta que el único propósito era atemorizarles para que no continuaran con las movilizaciones y aprovechando al mismo tiempo para recaudar. A su juicio, «no son razonables y son desproporcionadas porque en todo momento se atendió a la Guardia Civil». En cuanto a obstaculizar el tráfico responde que «los tractores van a velocidad lenta siempre».
Además, asegura que van a seguir reivindicando porque defienden su medio de vida y la seguridad alimentaria de la sociedad. De hecho, en las protestas del próximo 3 de junio ya ha confirmado que acudirá al menos medio centenar de agricultores y ganaderos en un autobús desde Soria a la paralización de toda la frontera que ha anunciado la Unión de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) junto con los vecinos franceses, tras no haber obtenido respuesta por parte del Ministerio de Agricultura Español a sus peticiones de movilización y después de varios intentos de reunión.
Al parecer, las sanciones son del día 7 de febrero, cuando varios grupos continuaron con las movilizaciones del día anterior pero sin comunicarlas previamente, y del 23 de febrero, cuando se inauguró el cuartel de la Guardia Civil de San Esteban de Gormaz.
El 7 de febrero se tramitaron hasta 36 denuncias, 17 en materia de tráfico y otras 19 por seguridad ciudadana. Ese día el punto más conflictivo fue en la A-15, en la rotonda de salida de la autovía hacia la N-113, que duró gran parte de la jornada: comenzó a las 11.30 horas y se prolongó hasta las 19.05, casi ocho horas, con unas 30 personas participantes y unos 20 tractores. En este caso hubo seis propuestas de sanción.
En la Nacional 234 una treintena de personas llevó a cabo cortes alternativos del tráfico, con la participación de 10 tractores. Los cortes se iniciaron a las 12.25 horas hasta las 16 horas y derivaron en nueve denuncias.
A ellas hay que sumar los cortes ocurridos en la CL 101, a la altura del kilómetro 71,5, dentro del término municipal de Almazán, de forma alternativa cada 45 minutos. En este caso se vieron implicadas 40 personas, de las que se denunció a cuatro. Asimismo, un grupo de unas 35 personas mostraron «interés de abordar y cortar la A15 a su paso por Almazán», lo que finalmente no sucedió por el despliegue de la Guardia Civil, «disuasorio» al respecto.
Por último, se desarrollaron marchas lentas en la Nacional 122 entre los municipios de Langa de Duero y La Vid (en Burgos), donde el tráfico fue lento y con ciertos parones entre las 11.30 horas hasta las 18.50 horas. Hubo alrededor de 70 tractores.
El 23 de febrero, con motivo de la puesta de largo del cuartel de la Guardia Civil de San Esteban, una treintena de agricultores de la zona se acercó hasta la localidad con sus tractores para hacerse visibles ante las autoridades allí presentes. Estuvieron en las inmediaciones hasta que se acabó el acto inaugural y cuando ya estaban retirándose «la Guardia Civil fue a identificar a unos cuantos». Se abrieron 34 expedientes «por entorpecer la inauguración».