El PP presenta un recurso ante el TSJ para anular la última subida del IBI en Soria

Nuevo lío con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del Ayuntamiento de Soria. El PP municipal ha presentado un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ)contra la subida del impuesto para el ejercicio 2024, cuyo periodo de cobro está a punto de iniciarse. De forma resumida, el PP plantea que la subida es irregular porque se aplica sobre un tipo impositivo que había sido anulado previamente por sentencia judicial, según explicaron la portavoz Belén Izquierdo y el concejal Saturnino de Gregorio. Además del recurso del PP hay otras dos reclamaciones judiciales en el mismo sentido, una presentada por FOES y otra por un particular que incluso reclama medidas cautelares para limitar el cobro al tipo del 0,56. Las primeras estimaciones del PP, aún con toda la cautela del mundo, apuntan a que en estos últimos años se habría producido un cobro indebido de unos 300.000 euros anuales.

El escenario es un tanto enrevesado y para entenderlo en su conjunto hay que retrotraerse hasta octubre de 2021 cuando se aprueba una subida del tipo del IBI del 0,56 al 0,574 con vistas al ejercicio 2022. Esa modificación de la ordenanza provoca dos recursos al Contencioso presentados por FOES y por el grupo de Ciudadanos –que entonces lideraba Saturnino de Gregorio–. Este es un punto clave que provoca los acontecimientos posteriores.

Aproximadamente un año después, el equipo de Gobierno anuncia la «congelación» de la ordenanza de cara a 2023 –año electoral– aunque sí introduce algunas modificaciones en lo referente a bonificaciones del impuesto. Los servicios económicos municipales marcan esa congelación con el tipo del 0,57.

Ya entrado 2023 y con la nueva Corporación se conoce la estimación de los recursos de FOES y Cs, en los meses de mayo y junio. La sentencia anula la subida del IBI de 2022 y se comunica la firmeza de la misma el 10 de octubre de 2023, según explicaron desde el PP. A pesar de esa circunstancia, en el Pleno del 19 de octubre del año pasado se aprueba una incremento del 3,5% del IBI que pasa del 0,574 al 0,59 actual. Una sesión plenaria extraordinaria el 29 de diciembre del año pasado elevó a definitivo el aumento del impuesto a pesar de las advertencias del PP. El recurso que ahora presentan los populares es contra esa aprobación definitiva.

A grandes rasgos, el recurso del PP, y los otros dos procedimientos, se sustentan en la premisa de que el incremento del 0,56 al 0,574 de 2021 –para el ejercicio 2022– fue anulado y por tanto, el incremento para 2024 tenía que haber tomado como base el coeficiente de 0,56 y no de 0,57. La diferencia estriba en que la subida, en términos porcentuales, pasaría del 3,5 al 6%, es decir, prácticamente el doble. El PP insiste que si en 2023 el equipo de Gobierno hubiese planteado el incremento en estos términos ahora no habría este problema.

Desde el PP lamenta la «inseguridad jurídica» que, a su juicio, provoca el equipo de Gobierno por limitarse a dar cuenta de la sentencia que anuló la subida de 2022 sin proceder a «cumplirla y ejecutarla». De Gregorio avanzó que en cálculos estimativos, y sin tener en cuenta variables como el número de viviendas nuevas, se podría haber cobrado de manera irregular unos 300.000 euros por año a los vecinos de Soria, aunque la propia naturaleza del conflicto hace complejo que pueda llegar a recuperarse ese dinero.

Cabe insistir que en el recurso interpuesto por un particular sí se incluyen medidas cautelares, a diferencia del PP. Estas medidas están enfocadas a que el cobro de los recibos de 2024 se haga en base al tipo de 0,56 en tanto en cuento se dirimen los recursos presentados.

Desde el PP insistieron en que todo el embrollo procede de la resistencia del PSOE a cumplir y ejecutar la primera de las sentencias, la que anuló la subida para 2022. De Gregorio recordó que incluso llegó a pedir al alcalde, Carlos Martínez, en el turno de ruegos y preguntas del Pleno de final de año, que aclarara la afección. «Me comentó que habría informes técnicos y de los servicios económicos que aún no han llegado».

Uno de los aspectos en los que incide el PP es la resistencia del equipo de Gobierno a dar cumplimiento, y en su caso ejecución, a la sentencia que anuló el incremento del IBI de 2022. De Gregorio explica que «nosotros no decimos sí tienen que devolver o no ese dinero, pero sí queremos que se explique cómo se va a cumplir esa sentencia, y después, cómo ejecutarla». El concejal recordó que ya se ha publicado en el BOP –el pasado 24 de marzo– la misma y que el Ayuntamiento, hasta ahora, se ha limitado a dar conocimiento de la misma. Izquierdo insiste en que «es un incumplimiento más» por parte del equipo de Gobierno.

El PP municipal vuelve a recurrir a la vía judicial por tercera vez en apenas un año que va de legislatura. Los populares ya presentaron recursos por la vía Contencioso-Administrativo con dos asuntos vinculados a la polémica quinta planta de Pajaritos II –ambos pendientes de resolución– y ahora de nuevo acude a la vía judicial por la cuestión del IBI.