Éste es el montante por las protestas de los agricultores en San Esteban: 9.915 euros
El movimiento ciudadano 6-F presentará en unos días ante los juzgados el recurso de las denuncias
Vehículo de la Guardia Civil bloqueando el paso a los tractores en la inauguración del cuartel de San Esteban.
La Subdelegación del Gobierno de Soria ha incoado finalmente 24 expedientes sancionadores por las protestas de los agricultores en San Esteban de Gormaz el pasado 23 de febrero, durante la inauguración del cuartel de la Guardia Civil tras las obras de remodelación, 15 faltas graves y nueve leves, y cuyo importe asciende a 9.915 euros.
Según informa el Ministerio del Interior a una pregunta parlamentaria del popular Tomás Cabezón, quien se había interesado por la situación, la Guardia Civil formuló 36 denuncias «por diversas infracciones recogidas en la Ley 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, siendo posteriormente la autoridad con competencia sancionadora la encargada de incoar los correspondientes expedientes, así como de graduar e imponer las sanciones que pudieran corresponder». Así, la Subdelegación recibió 27 denuncias relacionadas con los hechos, si bien hasta la fecha se han incoado 24 expedientes sancionadores. 15 de las denuncias han sido tipificadas como faltas graves por la infracción del artículo 36,6 de la mencionada ley de protección de seguridad ciudadana, proponiendo la imposición de una sanción de 601 euros, el mínimo aplicable a una infracción grave, y las nueve restantes lo han sido por la infracción del artículo 37,4, con una propuesta de sanción de 100 euros, el mínimo aplicable a una infracción leve. No obstante, el movimiento 6-F recurrirá todas las denuncias ante el juzgado de forma conjunta, una vez concluya el primer periodo de alegaciones, según volvió a recordar ayer el portavoz del grupo en Soria, Miguel Ángel Aguilera, porque las consideran «desproporcionadas» y porque el único objetivo de sus manifestaciones era defender su «medio de vida», además de «garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos».
El Ministerio del Interior sostiene que el día de la inauguración la Guardia Civil informó de «la presencia de numerosos tractores, así como de una máquina cosechadora, llegó a colapsar la circulación de vehículos, tanto en las inmediaciones del nuevo acuartelamiento, como en el acceso a la localidad, provocando largas retenciones, hecho que, asimismo, provocó que el inicio del acto de inauguración se retrasara más de 15 minutos. En consecuencia, se estableció un dispositivo policial a fin de garantizar una zona de seguridad en el perímetro del acuartelamiento que permitiese mantener el acceso de las autoridades y el posterior desarrollo de los actos con normalidad».
Además, añade que «durante la realización del dispositivo el personal de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria informó a los participantes de que la organización y desarrollo de de este tipo de actos se encontraba sujeta a la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, toda vez que no se tenía constancia de la comunicación a la autoridad gubernativa competente de la celebración de esa reunión».
Asegura que «el jefe del dispositivo ordenó a los asistentes en reiteradas ocasiones que abandonasen la vía pública y retirasen sus vehículos, al objeto de restablecer la circulación, haciendo éstos caso omiso a las indicaciones dadas, manteniéndose en el lugar hasta la finalización del acto, momento en el que se llevaron a cabo las identificaciones de aquellas personas sobre las que existían indicios sobre su participación en la infracción administrativa propuesta para sanción, llegando a un total de 36».
De esta forma, el montante asciende a 9.915 euros a partir de las 15 denuncias graves por importe de 601 euros cada una y las nueve leves, cuantificadas en 100 euros cada una.
Cabe recordar que estos expedientes incoados son la mitad de las 50 denuncias tramitadas por la Guardia Civil durante las movilizaciones del campo durante el mes de febrero, según la Subdelegación del Gobierno y que ya ha comunicado, unas en materia de tráfico y otras por seguridad ciudadana. Así, a las de San Esteban hay que sumar otras dos en Soria capital, dos en Cadosa, cuatro en Almazán, seis en Ágreda, cinco en Almenar-Cardejón y cuatro en Almenar-Peroniel, con multas desde los 601 hasta los 30.000 euros, la mayoría «por desobediencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación», y por «faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal».
Estas sanciones son del día 7 de febrero, cuando varios grupos continuaron con las movilizaciones del día anterior pero sin comunicarlas previamente.