Los propietarios de los áticos en la 5ª planta "ilegal" en Soria preguntan dónde vivirán

Los propietarios de los áticos, en la quinta planta del edificio de la calle Guadalajara declarada «ilegal» por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria, se preguntan dónde vivirán tras la sentencia que obliga a la constructora a la demolición del piso de más. Aseguran que están «desesperados» ante un proceso que se demora ya desde hace meses y dudan de cuál es la solución que les dará la empresa a quienes adquirieron estas viviendas.

Su confianza pasa por que, una vez que el Juzgado ha desechado la posibilidad de legalizar –según el ordenamiento urbanístico en vigor–, esa quinta planta, donde estaban contemplados los áticos que compraron, se puedan instalar en las viviendas del cuarto piso, aunque desconocen si también están vendidas. En cualquier caso, lo que no están es ocupadas, pues si bien en el edificio ya hay propietarios viviendo desde hace meses, todos están entre la planta baja y la tercera, no en la cuarta. Se encuentran ante una situación complicada pues las circunstancias de cada uno es diferente y han tenido que prolongar su estancia en otras viviendas al no poder acceder a las nuevas.

Aseguran que lo que adquirieron ya no existe, pues eran áticos con terraza sin techar, y ahora el cuarto piso está cubierto por un voladizo.

En ese sentido, los afectados también mostraron su preocupación por la seguridad a la hora de ejecutarse la sentencia por cuanto hay vecinos en el inmueble cuya última planta está obligada, por sentencia, a desaparecer en una demolición. No obstante, el fallo no es firme y cabe el recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La sentencia supone un varapalo al Ayuntamiento de Soria por cuanto tumba su resolución que consideraba factible la legalización de la quinta planta, ajustándose al planeamiento urbanístico, al considerar que dicha quinta planta podía utilizarse para albergar placas solares, sin que ello conllevara un aumento de edificabilidad. También echa por tierra los argumentos de la constructora, a la que recrimina además haber realizado las obras sólo con un proyecto básico y antes de aprobar el de ejecución. De hecho, cuando se produjo ese trámite, se ordenó la paralización de las obras en el edificio, prácticamente ya terminado, y se impuso una sanción por incumplimiento, que la empresa recurrió y está pendiente.

Algunos de los vecinos también pusieron de relieve que se han ocupado las viviendas de protección oficial, a pesar de que la licencia de ocupación con declaración responsable, que es la que firmaron el resto de los residentes en la vivienda libre, no es suficiente, según afirmaron.