El Gobierno revela ahora otra prórroga del Soria-Castejón

El culebrón en torno al estudio de viabilidad para la reapertura de la Soria-Castejón suma un nuevo capítulo. El Gobierno desvela ahora, a través de Transparencia, que el pasado mes de junio se aprobó una segunda prórroga en el contrato adjudicado para la redacción del estudio y que la empresa encargada del mismo tiene hasta el 7 de noviembre para entregar el documento. Una revelación que, sin aparente motivo, se ha ocultado hasta la fecha y que ni siquiera fue comentada el 23 de septiembre cuando la secretaria de Estado de Transporte Terrestre, Marta Serrano Balbuena, respondió en la comisión de Transportes del Congreso a la situación de la Soria-Castejón a preguntas del diputado del PP por Soria, Tomás Cabezón.

El proceder del Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, con este estudio es cuestionable. Las dos prórrogas aprobadas no fueron comentadas por ninguno de sus representantes y en ambas ocasiones ha sido Transparencia, a preguntas de este medio, la que ha desvelado las extensiones del plazo aprobadas por el mismo Ministerio para entregar el estudio.

A nivel oficial, el estudio, tras la primera prórroga, debía haber sido entregado el pasado 6 de julio. Desde esa fecha, en cada intervención de representantes del PSOE se ha preguntado por los resultados del estudio y los plazos para conocer los mismos sin obtener respuestas claras. Algo similar ha ocurrido con los representantes del Gobierno. También se han remitido las mismas preguntas directamente al Ministerio de Transportes a través de su departamento de comunicación y hasta la fecha no se ha dado respuesta alguna, ni siquiera sobre la remisión del estudio al Gobierno.

El motivo no era otro que la existencia de una segunda prórroga para la finalización del mismo que se aprobó en junio. Este medio preguntó, a través de Transparencia, por el resultado del estudio y la respuesta es la que revela la prórroga. La solicitud de información se inadmite «toda vez que el contrato del estudio de viabilidad solicitado se encuentra actualmente en ejecución y no se conoce aún el resultado de éste». En este sentido explica que «con fecha 7 de junio de 2024 se aprobó la segunda prórroga de 4 meses de duración, siendo la fecha de finalización vigente del contrato el 7 de noviembre de 2024». La respuesta de Transparencia está firmada por el subdirector general de Planificación Ferroviaria, Francisco Javier Sánchez Ayala.

Hace justo dos años que el Ministerio de Transportes formalizó el contrato para la ejecución del estudio. El contrato fue adjudicado a la UTE formada por Proes Consultores y Deloitte Consulting por un importe de 344.712,06 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 15 meses, es decir, que tenía que estar terminado en torno a finales del año 2023 o principios de 2024. Evidentemente, el plazo no se cumplió. De hecho, no fue hasta el mes de mayo, y a través de Transparencia por preguntas de este medio, cuando se conoció que el 17 de octubre de 2023 se había aprobado «una primera prórroga de seis meses de duración siendo la fecha de finalización vigente del contrato el 6 de julio de 2024». Ahora, ha vuelto a pasar lo mismo con la segunda prórroga, ocultada hasta que Transparencia la ha desvelado.

El hecho de que el estudio de viabilidad no deba ser entregado hasta el 7 de noviembre hace que encajen mejor las palabras de Serrano Balbuena el pasado 24 de septiembre en la comisión de Transportes del Congreso. La secretaria de Estado aseguró que se está «trabajando» en el estudio de viabilidad, adjudicado en agosto de 2022 , de cara a esta «nueva conexión» que dará continuidad a la Soria-Torralba». La principal novedad explicada por Serrano Balbuena fue que se estaba «finalizando» el estudio, que tal y como marca la legislación ferroviaria, el documento debe ser remitido al Consejo Asesor de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que debe emitir un informe. La secretaria de Estado explicó que espera que la remisión del estudio se produzca «antes de acabar el año».

Serrano Balbuena insistió en la dificultad de un proyecto de este estilo, reabriendo una vía cerrada hace casi 30 años y que «no es poner la vía y que pasen los trenes». En este sentido auguraba que será necesario «rehacer» por completo el trayecto «adaptado a los nuevos requisitos de seguridad, funcionalidad e interoperabilidad».

La secretaria de Estado insistió en que este tipo de proyecto requiere un «trabajo riguroso» y que también es necesario «cumplir la ley ferroviaria». Se trata de un estudio, detalló, que requiere de un análisis previo de alternativas, un estudio de demandas y un análisis de coste-beneficio que serán las herramientas que permitan la «toma de decisiones». «No es tan simple», reiteró Serrano Balbuena. La secretaria de Estado aseveró que el estudio permitirá analizar con «precisión» las alternativas de viabilidad del trazado para poder realizar una comparación que aborde cuestiones «técnicas, económicas, medioambientales, sociales y de explotación». También habrá un factor de «sostenibilidad económica y financiera de la nueva conexión».