El Consistorio analiza cómo la nueva norma de basuras afectará al recibo en Soria

No está claro en cuánto, pero sí que habrá consecuencias al alza para el recibo por la recogida de basuras, como consecuencia del fin del ‘periodo de gracia’ establecido por una Ley que incorpora al ordenamiento español normativa europea. El Consistorio, explicó el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, analiza las repercusiones de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Aquí se establece que el servicio no puede ser deficitario, mientras que en Soria parte del coste es asumido por el Ayuntamiento. La cuestión, refirió Muñoz, ha sido trasladada a los servicios locales y servicios técnicos, de manera que analicen qué parte de los costes hay que «obligatoriamente trasladar al recibo». Y es que, los aspectos de reciclaje son asumidos con fondos propios, de manera que tendrán que repercutirse al usuario. De momento el debate de las ordenanzas fiscales de cara al próximo año ha eludido la cuestión y no está definido si la novedad entraría en vigor en 2025 o al año siguiente. En todo caso, la «normativa» local que contemple la modificación tiene que estar hecha «antes de abril del 25», indicó el concejal.

La cuestión es común al conjunto de los municipios españoles, muchos de los cuales están ya aprobando lo que ha dado en denominarse ‘tasazo’, ya que la aportación local que cubre una parte significativa está destinada a desaparecer. La Ley no sólo determina que el servicio tiene que ser asumido íntegramente por los usuarios, sino que también establece que se desarrollen mecanismos para incentivar la recogida selectiva, abriendo la puerta a reducciones. Cómo se implanta esto último es difícil de precisar y los municipios están teniendo complicaciones a la hora de hacerlo. Muñoz explicó que lo que tiene que estar, con el tope de abril, es la norma redactada.

La Ley española introduce los requisitos de dos directivas europeas que, vistas sus fechas, han tardado en llegar con plenos efectos a España, ya que proceden de 2018 y 2008. Los aspectos más vagos de las nuevas obligaciones preocupan a los consistorios en su definición y la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo, reclamó este lunes al Gobierno que ofrezca un criterio común para que los consistorios puedan aplicar homogéneamente la nueva tasa de basuras. También reclamó ampliar el plazo de su entrada en vigor.

La Ley habla del establecimiento de «una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía».