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La Capital

El PP alerta del bloqueo del centro de los Royales por «otra chapuza»

Los populares revelan que tras la venta de la parcela en 2010 la cesión de locales no se incluyó en la escritura y ahora están afectados por un concurso de acreedores

Edificio donde se pretende ubicar el Centro Cívico de Los Royales.Mario Tejedor Hernández

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Soria

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La construcción del anunciado Centro Cívico de Los Royales está bloqueada, a pesar del proceso de licitación de las obras iniciado hace unas semanas. El problema es que los locales donde se piensa ubicar no son, de momento, propiedad municipal. Esos inmuebles deberían haber sido entregados al Consistorio en 2010, pero la escritura no se hizo de manera correcta y ahora, 14 años después, la empresa que debió entregarlos está en pleno proceso de liquidación tras entrar en concurso de acreedores. El Ayuntamiento ya ha iniciado el procedimiento para corregir la situación en conversaciones con el administrador concursal, pero desde el PP, que desveló ayer la problemática, auguran que no será fácil y que la ciudad se arriesga a perder un patrimonio valorado en unos 400.000 euros. «Es chapuza tras chapuza», lamentó su portavoz, Belén Izquierdo.

Una situación «rocambolesca» según el PP que arranca en 2009 con el proceso de venta de una parcela municipal en la zona de Los Royales. La parcela se vendió a una empresa, Construcciones Moles, que en su oferta de compra incluyó la cesión de un piso –con trastero y garaje– y tres locales comerciales. El contrato se firmó, pero a la hora de escriturar ante notario, esos bienes no aparecieron en el documento suscrito.

Para enredar más aún la cuestión, en el año 2015 Construcciones Moles entró en concurso de acreedores y desde 2016 está en fase de liquidación. Desde el Ayuntamiento defiende su derecho sobre esos bienes amparándose en el contrato firmado con la empresa y ya ha iniciado la reclamación de los mismos, pero el PP, que consideran que es otra muestra de la «mala gestión» del equipo de Gobierno, augura que la única solución pasa por comprar unos bienes que valora, a precio de mercado, en 400.000 euros.

El asunto se descubrió por un acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado 14 de octubre. En ese expediente se detalla el proceso de adjudicación de la parcela –desarrollado entre finales de 2009 y principios de 2010–. Se destaca que en aquel momento «la intención manifiesta de los contratantes –Ayuntamiento y empresa– fue pactar un contrato complejo en el que la empresa debía pagar una contraprestación, una parte en dinero y otra parte en construcción futura a título oneroso».

La clave es la escritura pública de compraventa, que está fechada el 30 de marzo de 2010. En el propio expediente municipal se explica que «nada se señala de las mejoras que se obligaba a entregar al Ayuntamiento el adjudicatario en la futura construcción y que fueron puntuadas en la ponencia, puntuación determinante en la adjudicación» y añade «por lo tanto deberían figurar sin ningún género de duda en dicha escritura pública». Esas mejoras eran el piso y los tres locales referidos con anterioridad. Esos bienes «no han sido entregados hasta la fecha al Ayuntamiento incumpliendo las obligaciones del adjudicatario». El informe insta a «aclarar y complementar» tanto el expediente municipal como la escritura pública.

Por todo ello, el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno hace referencia a «aclarar y complementar» en la escritura pública de compraventa la relación de bienes comprometidos por la empresa –el piso y los locales–. Además, se toma la decisión de notificar el acuerdo al notario con el que se firmó aquella escritura y notificar de igual manera el acuerdo tanto a la constructora como al administrador concursal. También se añade la remisión del acuerdo al Juzgado número 2 de Soria que es el responsable del concurso.

Tal y como está explicado por la compleja situación de la empresa que entró en concurso de acreedores en el año 2015 y desde marzo de 2016 está emitido el auto de inicio de la fase de liquidación. En esta parte, el Ayuntamiento ha tenido algo de ‘suerte’ por la prolongación del concurso de acreedores durante 8 años durante los que incluso se podrían haber vendido esos bienes para saldar las deudas con los acreedores de Construcciones Moles.

Esta es la compleja situación que el PP denunció en la mañana de ayer a través de su portavoz, Belén Izquierdo. «Dijeron que el Centro Cívico se iba a hacer en cinco meses y no es posible, tal y como está la situación el proyecto no puede ejecutarse porque los locales no son de su propiedad», señaló la concejala.

Izquierdo se mostró sorprendida porque desde el Ayuntamiento «se haya tardado 14 años en darse cuenta del error» que supuso no incluir en la escritura de compraventa los locales y cuestionó que «nadie asume la responsabilidad».

La portavoz popular advirtió que el Ayuntamiento no está personado en el concurso de Moles y no figura como acreedor. En esa situación, vaticina que la ciudad puede perder tanto el piso como los locales. «No se puede ir a la firma de una escritura y no leer lo que pone, no darse cuenta. ¿Quién no hizo su trabajo?», se pregunta. Desde el PP incluso insinúan que el piso puede haber sido vendido, o que incluso algún acreedor, como puede ser la firma financiera que costeó la construcción, tenga derecho preferente. En este contexto, apuntan que quizás la única opción que reste al Ayuntamiento sea la compra de los bienes.

No hay mejor defensa que un buen ataque y por ello desde el equipo de Gobierno su portavoz, Javier Muñoz, acusó al PP de «jugar a los bulos y la manipulación». Muñoz aseguró que no se ha perdido la propiedad de esos bienes ya que «en el expediente se reconocen perfectamente los derechos sobre los locales y la vivienda». Muñoz sí reconoce que hay un problema derivado del error durante la escritura de los bienes ya que «este Ayuntamiento, a través del administrador concursal, reclama los bienes adjudicados a través de la licitación». Insiste Muñoz en que es «falso» que el Ayuntamiento «se haya dejado perder ningún local». Fuentes municipales aclararon que el Ayuntamiento «lleva tiempo» en conversación con la administración concursal aunque «hay discrepancias con algunos aspectos fiscales». En estos momentos, se está a la espera de la firma con el notario, según las mismas fuentes.