Política
Las ayudas de funcionamiento se debatirán en el Pleno del Congreso
El PP presenta una PNL para su «máximo aprovechamiento» y también reclama que el Gobierno se «retracte» de las palabras de Alegría comparándolas con el cupo catalán
El diputado del PP, Tomás Cabezón, en la tribuna del Congreso.
El PP devuelve las ayudas de funcionamiento a la arena parlamentaria. En esta ocasión con la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) presentada para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados. La propuesta se registró el pasado 18 de octubre y está firmada por una veintena de diputados populares, entre ellos el representante de Soria, Tomás Cabezón. En resumen, solicita elevar al «máximo permitido» la aplicación de las ayudas y también insta al Gobierno a «retractarse» por las palabras de la ministra portavoz, Pilar Alegría, en las que comparaba estas ayudas con la financiación singular de Cataluña.
La PNL hace referencia al «mal endémico» que supone la despoblación y recuerda la situación de Teruel, Cuenca y Soria con densidad de población por debajo de los 12,5 kilómetros cuadrados. Ese es el contexto en el que el 2021 la Comisión «incluyera a las tres provincias entre los territorios susceptibles de beneficiarse de ayudas para detener el retroceso demográfico y fijar población». La propuesta también incide en que estas ayudas sirven «para compensar los costes del tejido productivo de dichas provincias, frenar la pérdida de competitividad y estimular la inversión».
Desde el PP recuerdan que las ayudas fueron incluidas «en las disposiciones adicionales» de los Presupuestos de 2023 «pero incomprensiblemente en cuantía muy limitada desde su máximo legal permitido». En este sentido, recuerda que la cuantía del primer año de aplicación se situó en los 25 millones con algo más de 6 millones para Soria.
Los populares defienden que las cuantías «se han quedado muy por debajo de las expectativas de las organizaciones empresariales que aspiran a acceder a la máxima bonificación, 20% de los costes laborales. Además, recuerda el compromiso de la ministra Teresa Ribera de hacerlas retroactivas a 2022 durante una visita a Soria y que tampoco se cumplió.
A pesar de ese «modestísimo alcance» y la «insatisfacción empresarial» desde el PP recuerdan como en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 3 de septiembre «la ministra aragonesa portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, e empleó a fondo en la justificación de la necesidad de establecer una financiación singular y preferente para Cataluña, equiparándolo al procedente de las ayudas autorizadas por la Comisión que en su momento tuvo a bien equiparar esas tres provincias españolas con las regiones más despobladas de Suecia, Finlandia o Noruega».
El PP recuerda las palabras textuales de la ministra que fueron: «Siempre hemos trabajado teniendo en cuenta las singularidades de todos los territorios, en el caso de Cataluña, pero también en Baleares, Canarias o también esas singularidades fiscales para Teruel, Soria y Cuenca».
«Acto seguido a las declaraciones de la ministra Alegría, las reacciones desde las provincias aludidas, como las procedentes desde la mayoría del espectro político y social de nuestro país, no se hicieron esperar, exigiendo una rectificación clara e inmediata por su parte que lamentablemente continúa sin producirse», apuntan desde el PP recordando las palabras, entre otros, del presidente de Aragón, Jorge Azcón, o el expresidente de esa región, el socialista Javier Lambán. También se hacen referencia a las palabras del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco que «tildó la ocurrencia de indignante, ruindad y de un insulto a la inteligencia».
Las peticiones concretas del PP hacen referencia en primer lugar a instar al Gobierno a «reanudar la senda de la cohesión social, igualdad de tato entre españoles y vertebración entre territorios, garantizando la realización efectiva del principio de solidaridad, de conformidad con lo estipulado en la Constitución». El segundo punto se centra en las ayudas de funcionamiento para pedir al Gobierno que las aplique «de manera efectiva hasta el máximo permitido por la Comisión Europea las bonificaciones de las cotizaciones de la Seguridad Social aplicables a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, dado su carácter imprescindible para mejorar la competitividad de las empresas en esos territorios, procurando atraer inversiones, generación de empleo y fijación de población». Por último, insta al Gobierno a «retractarse del pronunciamiento efectuado por parte de la ministra portavoz el pasado 3 de septiembre» a lo que añade «una disculpa pública ante los vecinos de Teruel, Soria y Cuenca por la desafortunada e ilógica comparación llevada a cabo».