El recorte de dinero y competencias ahoga a la Cámara Agraria Provincial

La situación de la Cámara Agraria Provincial es delicada por la «asfixia económica y que nos quitan competencias», los que deja al organismo «abocado al desastre». Así lo explicó ayer su presidente, Carmelo Gómez, quien lamentó que «ahora mismo estamos dejados de la mano de Dios, o en este caso de las administraciones».

Gómez explicó que las cámaras agrarias se financiaban a través de la Consejería de Agricultura, pero «de buenas a primeras nos quitaron el 50% de esas subvenciones». Esto obligó «a tener que despedir a los trabajadores propios y a tener que trabajar con los funcionarios de la Junta de Castilla y León», dos en concreto, que atienden el servicio.

Esta situación «se ha visto agravada con las indemnizaciones que tenemos que pagar a los trabajadores» que perdieron su empleo con los recortes. Respecto al funcionamiento ordinario «para este año, donde dije digo... se quedó en nada» y no llega el dinero comprometido para su financiación.

Por el momento la única línea abierta llega tras «demostrar determinados gastos del primer semestre, que es lo que nos quieren pagar. No llegan ingresos y conlleva que de una forma u otra habrá que tomar medidas drásticas», lamentó el presidente de la Cámara Agraria.

Al capítulo económico se suma el de la nueva organización generada por la Ley Agraria, que vacía de competencias a este organismo. «se ha quedado sin sentido porque los servicios que prestaba los pueden dar ahora otras instituciones como los ayuntamientos o la Junta de Castilla y León. Hay cuestiones que tendríamos que hacer como fijar los precios de los pastos, pero ya no tenemos potestad de hacerlo y el organismo que debería encargarse no se ha constituido. El jefe de Servicio (de Agricultura) y el delegado (territorial de la Junta) están mostrando buena voluntad y los han prorrogado un año. Vamos saliendo como podemos del atolladero», sentenció.

Por otro lado, «la Cámara tiene patrimonio en bajos y solares», pero por la situación económica «es un mal momento para vender». Por ello mostró su temor a que «con los dos funcionarios, llegará un momento en el que la Junta de Castilla y León dirá que ‘no están haciendo nada’. Acabarán quitándolos y tendremos que cerrar la puerta». Gómez ahondó en esta línea porque «si ahora mismo estamos abiertos es porque tenemos un personal que no cuesta dinero», por lo que en caso de que la administración retirase este apoyo.