Desarticulan una red que inscribía parejas de hecho para regularizar a inmigrantes ilegales

La Guardia Civil de Soria ha desarticulado un grupo organizado que inscribía parejas de hecho en ayuntamientos de Soria para legalizar inmigrantes irregulares. La operación policial, denominada ‘Bautizos,’ se ha saldado con 15 detenciones de personas de nacionalidad española y marroquí, con diversos grados de implicación en la trama. Ninguno de ellos tenía vecindad soriana. Según explicó ayer el teniente coronel de la Guardia Civil de Soria, Andrés Velarde, el grupo organizado operaba desde la provincia de Málaga y se había especializado en obtener documentación de forma fraudulenta para extranjeros irregulares.

La banda tenía dos cabecillas, de nacionalidad marroquí, que eran los encargados de captar a los extranjeros, varones, con residencia irregular en España o con el interés de entrar en el país, generalmente eran ciudadanos de Marruecos y Egipto. A estos extranjeros se les ofrecía toda la tramitación burocrática que consistía en buscar una pareja femenina, de nacionalidad española, con la que se iniciaba un trámite de empadronamiento de la pareja un pueblo de Soria y posteriormente se solicitaba su inscripción como pareja de hecho.

La investigación arrancó el pasado mes de enero cuando los funcionarios de los ayuntamientos de Ágreda, Almarza y Garray sospecharon que las peticiones formuladas correspondían a parejas con una composición poco habitual: todas ellas estaban formadas por chicas de Málaga y los varones eran ciudadanos marroquíes y egipcios. En alguna ocasión, la Guardia Civil detectó que alguna de las parejas inició un trámite para arrendar una vivienda en el pueblo, «pero en el que se observó que nunca residieron», puntualizó Velarde.

El registro de la pareja de hecho permitía al extranjero irregular pedir una tarjeta de residencia como familiar de un ciudadano de la Unión Europea. La investigación policial ha constatado que estos extranjeros tenían como objetivo viajar a otros países del norte de Europa como Bélgica y Holanda. Por todo este trámite, los extranjeros pagaban una cantidad entre los 3.000 y los 5.000 euros, dinero que se hacía efectivo una vez que tenían en poder la documentación. De manera paralela y con el objetivo de acreditar ante las autoridades de extranjería que la pareja constituida poseía medios de vida, la trama utilizaba a empresas que daban altas en la Seguridad Social sin que realmente existiese una actividad laboral que justificase los contratos. En el marco de la investigación se realizó una inspección de los agentes de la Guardia Civil a la Tesorería de la Seguridad Social de Málaga, un expediente que sigue abierto.