Nuevas bases para Planes para buscar la «objetividad»

Los Planes Provinciales de la Diputación contarán este año con unas bases muy renovadas que permitirán a los municipios saber de antemano con qué mínimos cuentan. Así, se han establecido criterios objetivos como la población o el número de núcleos que lo componen, pero también queda un porcentaje para primar obras que garanticen servicios básicos, caso del abastecimiento de agua.

Así lo anunciaron ayer el presidente de la Comisión correspondiente, José Antonio de Miguel, y la vicepresidenta de la institución y portavoz del Equipo de Gobierno, Esther Pérez. El líder de Ciudadanos en la Diputación señaló que con estos cambios «empezamos a recoger viejas reivindicaciones sobre todo de la legislatura anterior» en aras a un reparto más equitativo y «objetivo» a los ayuntamientos.

Así, aunque se mantienen los «criterios financieros de aportación municipal» se introducen nuevos «criterios socioeconómicos y territoriales». El primer capítulo supone que se mantienen los porcentajes que deberán aportar los municipios en función del tipo de obra, con un 23% para polígonos industriales y obras del ciclo hidráulico, así como trabajos de redes y pavimentación; un 30% para reparación de cementerios, pavimentaciones y recuperación de edificios municipales para alquiler, y un 50% para el resto de las intervenciones.

En el ámbito del reparto es donde se concentra la ‘revolución’. Por ejemplo, «para los municipios menores de 50 habitantes la máxima subvención será de 5.000 euros» sin contar con la parte municipal. La excepción serán las «obras prioritarias, aquellas destinadas a servicios básicos, sobre todo hidráulicas». En esta situación hay unos 53 municipios repartidos por la provincia.

Por otro lado, para los otros 130 ayuntamientos «se establece un mínimo de 5.000 euros» con el que ya, con seguridad, pueden contar. No obstante, como aclaró De Miguel, aún no se conocen los presupuestos. Por ello se ha trabajado sobre un mínimo de cinco millones de euros para los Planes Provinciales y, «si no lo tenemos, habrá que conseguirlo incluso vía crédito».

Asimismo reiteró -como vino haciendo los años anteriores- que reivindicará «con más fuerza si cabe el apoyo de administraciones supramunicipales» como la Junta o el Gobierno. El objetivo es que se establezca «un mínimo, una base para todas las diputaciones» para que no dependa todo de la población, un parámetro que castiga especialmente a la provincia.

De vuelta a los criterios, el reparto marca otras partes fijas para que ya puedan contemplarse en presupuestos municipales. Así, «el 40% de esos cinco millones de euros» estimados «se repartirá por habitantes», excluyendo a la capital pero no a sus cuatro pedanías. Esto garantizará «un mínimo de 50 euros por habitante» de inversión en toda la Soria rural.

Asimismo, por cada barrio se establecerá un coeficiente corrector de 0,05. Esto significa que un ayuntamiento con una pedanía recibirá un 5% más de lo que le correspondiese, uno con dos barrios un 10% y así sucesivamente. El caso más llamativo es el de San Esteban de Gormaz, que con 18 pedanías obtendrá un 90% más de dinero. Eso sí, De Miguel fue claro en remarcar que esta medida conlleva «la obligación de que la cifra (a mayores) se invierta en esos núcleos de población» y no acabe concentrada en la sede del Ayuntamiento. Por otro lado se reserva parte del presupuesto para «obras singulares» o  relacionadas con el ciclo del agua.

Por su parte la socialista Esther Pérez destacó la importancia de los Planes Provinciales y aseguró que la postura es clara, si bien está abierta a mejorarse conforme avancen las convocatorias. «Hemos empezado a trabajar unas bases que seguramente necesitarán pulirse» pero que de momento limitan «el criterio arbitrario a voluntad del Equipo de Gobierno. Cada Ayuntamiento va a saber con qué mínimo puede contar». Hasta ahora, en sus palabras, «los pequeños núcleos recibían varapalos importantes por voluntad de quien gobernaba», aseveró.

De esta forma, al menos un 60% se basa «en criterios objetivos y fijos» como la población y el número de núcleos en los que se reparte. No obstante «vamos de ver los pros y los contras y vamos a tratar de ir adaptándolas». Por el momento sí que se sabe que debido al ‘relevo’ en la institución y el retraso en la aprobación de las bases -posiblemente para el Pleno de septiembre- el plazo de solicitudes se extenderá hasta el 30 de octubre en lugar de finalizar el día 8 como ocurrió el año pasado.

Respecto a la postura observada en las comisiones celebradas, salvo sorpresa las nuevas bases recibirán el respaldo de PSOE y Ciudadanos, pero no el del PP. «Hemos celebrado las dos comisiones buscando el mayor consenso. Sólo el PP ha estado en contra de estas bases, han dicho lo que no les ha gustado, pero no hemos oído ninguna propuesta», añadió Pérez.

En lo tocante a la financiación, De Miguel confió en que no fuese necesario recurrir al crédito pero no sería una opción desdeñable. Así, «contamos casi seguro con un millón de euros del tema de la telefonía», en referencia a la banda ancha móvil y la baja participación de las operadoras, «y luego los criterios políticos decidirán si va a esto».

«Ciudadanos, para estos temas, estaría dispuesto a ir a crédito», prosiguió. Asimismo recordó la postura del grupo, PPSO antes de su integración, sobre el consumo de los remanentes para alcanzar la deuda cero.

«Podríamos haber dejado sólo un 50% de, cuatro millones de euros, que bien que nos hubiese venido. Quedaba muy bien lo de ser la primera Diputación de España con deuda cero, pero ahora es contraproducente».

Por su parte Pérez aseveró que ya intuían los «problemas de esa amortización de la deuda por el capricho de un titular. No obstante, los cinco millones de euros se conseguirán para aplicar unos nuevos criterios que «vienen a intentar compensar una discriminación histórica», concluyo el portavoz de Ciudadanos en la mañana de ayer.