Piden a la Junta que dé el arma corta a los agentes medioambientales ante la inseguridad por recolectores furtivos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) exigió, de nuevo, a la Junta de Castilla y León, que entregue el arma corta reglamentaria a los agentes medioambientales que así lo soliciten, “para poder cumplir sus funciones y los servicios de vigilancia con las garantías de seguridad suficientes”, debido a la presencia de recolectores micológicos furtivos en los montes que generan situaciones de “riesgo”.

El arma fue retirada por la Junta en mayo de 2013, y aunque los agentes medioambientales vienen reclamando reiteradamente su devolución, como recurso disuasorio y de defensa personal “necesario”, “la masiva presencia de recolectores ilegales de setas en los montes de Soria o Burgos, durante estas semanas, que desobedecen e incumplen reiteradamente la normativa medioambiental, y que han mostrado actitudes amenazantes y agresivas en ocasiones”, lleva a los agentes medioambientales a reiterar la petición del arma reglamentaria.

En comunidades vecinas, como es el caso de La Rioja, que comparte espacios naturales con Soria y Burgos, sus agentes sí llevan arma reglamentaria, recordó CSI-F. Este sindicato añadió que los problemas de seguridad de los agentes medioambientales se extienden a todas las provincias de la Comunidad y a otros ámbitos, como la caza furtiva.

CSI-F remarcó que “es totalmente incongruente e irresponsable que se retiren las armas reglamentarias, y se ordenen instrucciones para luchar contra los cazadores furtivos que sí portan armas, o contra otras actividades medioambientales y forestales que atentan contra la actual normativa de protección medioambiental, que se llevan a cabo en un medio aislado y disperso, en el que el agente medioambiental está solo y desprotegido, frente al infractor o delincuente medioambiental”

CSI-F recordó, además, que el Cuerpo de Agentes Medioambientales es un cuerpo armado que tiene más de 130 años, y que es el único de la Junta de Castilla y León con carácter de agentes de la autoridad y funciones de policía administrativa y judicial.

“Los responsables no deben ser reticentes a entregar el arma corta a los agentes medioambientales que lo soliciten voluntariamente. El reglamento de la Junta que regula este colectivo prevé la dotación del arma reglamentaria para servicios de vigilancia o control, en los que se presuponga la existencia de un riesgo para el agente”, indicó.

CSI-F ha formado a unos 600 agentes medioambientales de toda España -también de Castilla y León- en materia de Policía Judicial genérica, es decir, en sus competencias de esclarecimiento de delitos ambientales, “funciones para las cuales también resulta imprescindible el arma corta reglamentaria como herramienta de trabajo y prevención de riesgos laborales”.

Asimismo, aseguró que “la importancia de la protección medioambiental en Castilla y León, en ámbitos como los espacios naturales, la caza o la micología, depende de un cuerpo sacrificado y muy bien formado, como es el de los agentes medioambientales, a los que hay que dignificar, valorar y darles las herramientas necesarias para cumplir correctamente con su trabajo, para el que el ciudadano deposita su confianza”.

Por ello, CSI-F lamentó que el agente medioambiental tenga que afrontar “con demasiada frecuencia, situaciones de peligrosidad para su integridad física”, indicó.