La coordinadora vecinal de Montes rechaza la regulación a través del Micocyl

La Coordinadora de Montes Vecinales de Soria y Burgos expresó ayer su rechazo al sistema de regulación de los aprovechamientos micológicos a través del Programa de Micología de Castilla y León (Micoyl) que gestiona el Cesefor.

Esta coordinadora, constituida por vecinos de los ayuntamientos de localidades de la comarca de Pinares de las dos provincias, expuso en un comunicado que esta gestión no se realiza de manera justa y ordenada, a la vez que reclamaron «cordura» a los ayuntamientos que han cedido sus derechos al Programa Micocyl «a que paren este desenfreno» y propuso que la regulación la deben realizar directamente los ayuntamientos propietarios de los montes.

La coordinadora criticó duramente la decisión de los ayuntamientos de adjudicar de manera directa, sin subasta pública, el aprovechamiento micológico a una empresa-fundación por el precio de 0,10 a 0,14 euros la hectárea de monte público.

De la misma manera, la coordinadora no ha visto con buenos ojos que el único trabajo que realiza el Cesefor sea la venta de permisos a través de internet y el dinero se ingrese directamente a las arcas del Cesefor. A ello se suma que al final de la campaña únicamente se reparte el 37% del dinero recaudado de los permisos a los ayuntamientos. Unos datos que suponen un agravio frente a los ayuntamientos que regulan directamente el aprovechamiento y que ingresan el 85% de la recaudación de los permisos.

La coordinadora expuso la diferencia del balance económico de la campaña micológica en dos ayuntamientos, uno con regulación del Micocyl y otro sin ella. En el primer caso se trata de Covaleda, que con la regulación del Micocyl, y una población de 1.875 vecinos y 9.944 hectáreas de montes en la campaña de 2013 recibió 944 euros y en la de 2014, 3.690 euros. La localidad burgalesa de Huerta de Rey, fuera del Micocyl, con 1.064 vecinos y 2.913 hectáreas de montes, en 2013 ingresó 8.800 euros y en 2014, 11.164 euros.

También protestó por la falta de información porque en la liquidación anual que realiza el Cesefor a los ayuntamientos no se les facilita la documentación contrastada en función de los permisos vendidos en cada monte, así como los ayuntamientos desconocen a qué se destina la cantidad que se incluye en el epígrafe de gastos de administración que se descuentan de los ingresos y de los fondos que se reparten finalmente.

Asimismo, los vecinos de los montes comunales advirtieron que la mayor parte del dinero de los permisos procede de los recolectores locales «que son los propietarios del recurso micológico y que con la regulación pasan a pagar a un organismo ajeno a los vecinos por un aprovechamiento que ha sido de ellos siempre», según el comunicado, que añade que «los vecinos son utilizados por el Cesefor con la connivencia de los ayuntamientos».

Por último, la coordinadora defiende la regulación a través de ordenanzas como el modelo más adecuado para el aprovechamiento micológico y que sean estas normas las que autoricen la recogida a los recolectores foráneos o locales en cada municipio.