Patrimonio impide actuar en el escudo del Consistorio visontino
Los técnicos indican que «no se pueden quitar ni destruir elementos»
La corporación municipal de Vinuesa sigue dándole vueltas a la solución para que el escudo que figura en la fachada del Ayuntamiento cumpla con la denominada popularmente como Ley de la Memoria Histórica. Ahora parece que de nuevo regresa con fuerza la primera de las opciones barajadas, la de cubrirlo.
Ésta fue desechada por los ediles tras el pleno celebrado el pasado mes de octubre, cuando se acordó seguir estudiando las posibilidades y declinaron, por el momento, taparlo con una plancha de metal en la que pintar el escudo de la localidad, una de las ideas que hasta entonces había cobrado más fuerza.
Fue entonces cuando se barajó la posibilidad de modificar el escudo, realizado en piedra y que forma parte de la fachada, para «que deje de ser preconstitucional y sea constitucional», tal y como señaló entonces la alcaldesa, Asunción Medrano. Pero ahora esta opción tampoco podrá ser la elegida, ya que recientemente la sección de Patrimonio de la Junta de Castilla y León comunicó al Consistorio visontino que no es factible adoptar esta medida.
Ya cuando surgió la idea, Medrano dudó de si podría llevarse a cabo e indicó que es «algo que tienen que determinar los expertos». «Seguramente será una acción más costosa» que otras de las planteadas en un primer momento, explicó, ya que del escudo tendrían que haberse eliminado detalles como «el águila, el yugo o las flechas» y conseguir que quedara «bien», comentó Medrano, quien dudaba entonces de que fuera «viable». Y no se ha equivocado. Aunque el edificio no está catalogado como histórico, Medrano comentó que desde Patrimonio se han remitido al Ayuntamiento «unas pautas» en las que se recoge que «no se pueden quitar ni destruir elementos».
Por tanto las opciones para cumplir con la Ley de la Memoria Histórica parece que pasan únicamente por tapar el escudo, ubicado en el centro de la fachada de la Casa Consistorial, que se encuentra en la plaza de la localidad visontina. «Parece que es lo único que podemos hacer», comentó la alcaldesa, quien señaló que en la próxima sesión plenaria dará a conocer a los ediles la resolución del informe remitido por Patrimonio y buscar así, entre todos, la solución más factible.
Medrano apostó desde el principio por esta opción, por ser la más rápida y barata, pero tras un largo debate durante el pleno de octubre los ediles decidieron no aceptar esta propuesta, avalada por el técnico municipal, que recogía la posibilidad de colocar el escudo de la población visontina, fabricado en forja, sobre el preconstitucional. Esta solución tendría un coste estimado de unos 3.000 euros más IVA.
El Ayuntamiento de Vinuesa se enfrenta a esta situación desde hace varios meses, cuando recibió la notificación del abogado Eduardo Ranz en el que le solicitaba subsanar la existencia de elementos franquistas en el escudo y cumplir así con la Ley de la Memoria Histórica.
Los concejales visontinos han mostrado en numerosas ocasiones su malestar ante la situación vivida en la localidad durante la dictadura franquista, por la que también apelan a la Ley de la Memoria Histórica.
Vinuesa también fue agraviada durante la dictadura y nadie ha hecho nada por rectificarlo», han comentado tanto los concejales como la alcaldesa en diferentes ocasiones, haciendo referencia a que en 1953 y 1954 «los ingenieros del Distrito Forestal de Soria, apoyados por las fuerzas armadas, como consecuencia de maniobras del Ayuntamiento de Soria y la Mancomunidad de los 150 Pueblos ayudados por el Catastro y otras fuerzas, hicieron sendos deslindes de los montes de Santa Inés y Verdugal, del término de Vinuesa, atribuyéndose la propiedad de las fincas de los caseríos de Santa Inés y El Quintanarejo y de otras pertenecientes a vecinos situadas en esos montes, concretamente 2.643 hectáreas correspondientes a particulares unas y al común de los vecinos otras», tal y como recogía un documento aprobado por el pleno en noviembre del pasado año.
En ese mismo escrito se instaba al abogado Eduardo Ranz a «estudiar este caso y proceder a la reivindicación de la restauración de la situación jurídica de los bienes al estado anterior al deslinde usurpatorio rehabilitando y reparando la injusticia en el agravio sufrido en este municipio», algo que, por el momento, el letrado no ha hecho.