Rey revisará la ordenanza de recaudación de tributos

El presidente de la Diputación, Luis Rey, se comprometió ayer en el pleno a revisar la ordenanza del Servicio de Recaudación provincial, «para mejorarlo si lo estamos haciendo mal y analizar en qué podemos mejorar», manifestó. Desde el servicio ya se ha presentado una propuesta de modificación, que se dará a conocer en breve a los grupos políticos, que afectará no solo a los ayuntamientos que tienen cedida la recaudación a la Institución Provincial, sino también a los contribuyentes, con el fin de que estos últimos puedan pagar cuando quieran.

Rey lanzó este compromiso al cierre del debate sobre la adhesión de la Diputación al convenio que tienen firmado la Agencia Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la recaudación en vía ejecutiva de los impuestos de las corporaciones locales. El convenio salió adelante con 24 votos y por unanimidad de todos los diputados. Sin embargo, el voto favorable no evitó las duras críticas del diputado no adscrito José Antonio de Miguel sobre el funcionamiento del servicio de recaudación de la Institución.

Rey justificó la adhesión ahora a este convenio por las dificultades a las que se enfrenta la Diputación para cobrar en vía ejecutiva los tributos de los contribuyentes con bienes en la provincia, pero con residencia fuera de la misma. El principio de territorialidad imposibilita estas labores de recaudación, explicó el presidente.

El diputado no adscrito José Antonio de Miguel tomó la palabra, en el debate, para aseverar, primero, que el servicio ha funcionado mal y, en segundo lugar, para decir que «me siento atracado y como Ayuntamiento creo que nos ha robado la Diputación». Para argumentar estas críticas, De Miguel desempolvó la ordenanza de recaudación que estuvo en vigor hasta 2015 y también la actual, cuyas tasas de cobro comparó con las que se van a aplicar ahora, gracias al convenio de la FEMP, al que se ha adherido Diputación.

En este sentido aseguró que la Diputación ha hecho caja con los ayuntamientos a los que les gestiona el cobro de servicios, «porque se podría haber adherido antes a este convenio y haber pagado el servicio cinco veces más barato de lo que se ha cobrado hasta ahora», puntualizó. En este sentido agregó que «hemos dado un servicio muy caro y malo». Por ello exigió al equipo de Gobierno una modificación de la actual ordenanza «y articular la devolución del dinero que se ha cobrado por encima de lo que se debería haber aplicado». De Miguel aseguró que las condiciones de gastos de gestión que aplicará la Agencia Tributaria, a través de este convenio, son mejores que las que aplica la Diputación a sus ayuntamientos. A través del convenio, por cada expediente tramitado se cobrará tres euros y la Diputación deberá abonar un 9% del total recaudado por este sistema y un 4% de los expedientes que se inicien pero que no se lleguen a cobrar.

El diputado y alcalde de Almazán indicó que con la actual ordenanza, la Diputación cobra a los ayuntamientos que gestiona el cobro en ejecutiva unos gastos del 20% del recibo como recargo, más los intereses de demora más un 10% del total de la deuda. En este sentido, indicó que las condiciones eran mucho peores con la ordenanza anterior, que se aprobó en 2011. Entonces los gastos de gestión superaban más del 50% del cobro del recibo.

Rey se defendió y dijo que solo es responsable desde 2015, año en la que tomó posesión como presidente. Además recordó que el PSOE se abstuvo cuando se aprobó la ordenanza de recaudación correspondiente al año 2011. El presidente manifestó que no tiene la impresión de que el servicio funcione mal «y tampoco me lo han hecho llegar los alcaldes». Admitió que ha habido ciertos «vaivenes» dentro del servicio, en materia de personal.

Para el resto de diputados de la corporación también expresaron que su impresión es que el servicio de recaudación funciona bien. La diputada no adscrita Ascensión Pérez defendió la efectividad del servicio, así como también solicitó la convocatoria de una comisión informativa para aclarar todas las dudas sobre los gastos de gestión que expuso De Miguel en el debate.

Por último, el PP también respaldó este convenio y también defendió el funcionamiento de este servicio, como así lo expuso el portavoz, Jesús Ángel Peregrina.

Por último, Rey se reafirmó en dar una vuelta a la ordenanza con una propuesta concreta para hacer cambios, sobre la que han comenzado a trabajar los técnicos de la Diputación y que se trasladará para su estudio en comisión informativa con todos los grupos.