Reclaman al Gobierno central que concluya la presa de Tierras Altas

La Diputación reclama al Gobierno de la nación que concluya la presa de Tierras Altas, paralizada como se recordará hace casi dos años. La institución provincial «no entiende que si la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) no da por paralizada una obra de gran importancia para la comarca de Tierras Altas, el Gobierno de la Nación tarde más de dos años en buscar una solución para acabar con dichas obras», tal y como reza en el acuerdo adoptado ayer por la corporación en forma de declaración institucional. 

En este sentido, solicitan al Ejecutivo que tenga en cuenta «la excepcional situación» de la comarca en cuanto a su situación económica y demográfica para que «si llegado el momento hiciera falta, acometa un esfuerzo económico extraordinario para la urgente finalización de esta infraestructura». 

La citada obra es «fundamental» para el desarrollo de la zona que, después de años reclamándola, consiguió ver adjudicada la presa del río Mayor en septiembre de 2018. Con un precio de adjudicación de 3,7 millones de euros, «una cantidad muy baja con respecto al de licitación», tal y como se deja constancia en la declaración, el contrato recayó en la UTE formada por la toledana Sarrión y la soriana Aglomerados Numancia, pero se paralizaron hasta el momento en que había que subir el cuerpo de la presa y el hormigonado. 

El argumento oficioso es que el desarrollo de la infraestructura había consumido el presupuesto, con los consiguientes requerimientos de la CHE a que las obras continuaran según los plazos previstos, que ya no se cumplirán puesto que tenía que haber estado acabada el pasado año. Así las cosas, con la cimentación necesaria hecha, el cuenco amortiguador (la zona propiamente de la presa) para rebajar la energía del agua terminado y el río incluso desviado, tan solo hay dos opciones para el reinicio de las obras. Una pasa por un modificado de proyecto, que obligaría al Ministerio de Transición Ecológica a poner más dinero. La otra, por una rescisión de contrato (lo que puede acarrear sanciones para la adjudicataria), pero ello significaría tener que licitar de nuevo la obra, con la consiguiente acumulación de tiempo de retraso.

La corporación instan al Gobierno y a la adjudicataria a «flexibilizar sus posturas» para que puedan llegar a un acuerdo urgente y reclaman saber, «como parte interesada en el proyecto, los informes técnicos y económicos por los que se mantiene paralizada la infraestructura».

También a la Junta

El proyecto contempla una presa de planta recta, con una altura de cimientos de casi 24 metros y una capacidad de embalsar de 0,623 hectómetros cúbicos, así como un aliviadero con tres vamos. También la construcción de oficinas y un laboratorio de control de obras y aguas.

Del mismo modo, el pleno insta a la Junta a agilizar la tramitación necesaria para la construcción de la captación de agua en el embalse, una ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) y la red de distribución de agua potable a localidades de la comarca, parte que le correspondía y que la corporación provincial  quiere que dote en presupuesto.