La ermita de Ulagares ya tiene dueño

Ni para uno ni para otro. Será de los dos. Se acabó el litigio entre la Iglesia y Castilruiz. Obispado y Ayuntamiento compartirán la propiedad de la ermita de Ulagares, un templo del que tienen titularidad compartida tras el acuerdo alcanzado entre las partes a finales del pasado año.

Se pone fin así a la polémica originada en torno a la propiedad de este templo, que hasta 2018 cada una de las partes en conflicto quería para sí. Poco antes de noviembre de ese año, el Obispado interpone una demanda ante el Jugado de Primera Instancia reclamando la ermita; el Ayuntamiento tampoco se había quedado quieto: la citada demanda llegaba después de un expediente de investigación iniciado por el Consistorio, que pretendía clarificar la posesión del inmueble. Un templo situado cerca del casco urbano, que tiene anexas tres fincas que se arriendan para pastos.

Las espadas en alto se enfundan casi un año después, cuando desde el Obispado que dirige Abilio Martínez se plantea la posibilidad de un acuerdo, para lo cual acuden a los tribunales para solicitar la suspensión del juicio. Se trataba del primer juicio de estas características que iba a tener lugar en la provincia por la propiedad de un bien de la Iglesia, pero Obispado y Consistorio se avinieron a negociar a través de sus representantes jurídicos.

Ambas partes lo compartirán todo, gastos y beneficios. Un patronato formado ad hoc administrará el templo y sus bienes, según el compromiso de los ya copropietarios, tal y como confirma a este periódico el párroco de Castilruiz, Alfonso García. Este patronato está integrado por tres personas: un representante del Ayuntamiento (ahora lo es el alcalde pero la designación no tiene por qué recaer en el dirigente municipal); el párroco; y un miembro de la mayordomía. La presidencia será rotativa, según los estatutos de la fundación, elaborados por el Obispado, según el sacerdote. Y todo se decidirá por el patronato.

El acuerdo clarifica y ordena la propiedad en todos los aspectos, pero sobre todo despeja dudas sobre el funcionamiento del templo, si bien la ermita ya venía operando como un patronato o fundación, aunque sin personalidad jurífica, sin CIF. Las mayordomas son dos familiares del municipio, que siempre han estado ligadas al templo, quienes se encargaban de su mantenimiento.

“Aquí ha habido paz”, comentó el párroco, satisfecho por el desenlace de la historia y también por la finalización de las obras en la cubierta de la ermita, “necesarias” y que ya han podido concluir tras ser paralizadas durante el tiempo que duró el litigio.