El tripartito aprueba ampliar el aeródromo que se retrasa a 2022

El tripartito de la Diputación Provincial aprobó ayer, con la abstención del PSOE, el proyecto de ampliación del aeródromo cuyas obras se aplazarán hasta la primavera de 2022 y el expediente de declaración  de utilidad pública para la expropiación de terrenos necesarios. 

Fueron en vano  los ruegos que le hicieron  el presidente, Benito Serrano, y el vicepresidente tercero, José Antonio de Miguel, al  portavoz socialista, Luis Rey, para que votase a favor del  proyecto del aeroparque industrial. La bancada socialista se mantuvo firme y se abstuvo en este punto del orden del día en el que su portavoz explicó que estaban a favor de la ampliación pero no con la gestión  de la expropiación a «que entendemos que ha sido mala», aclaró Rey, quien reprochó al coordinador del   aeroparque, José Antonio de Miguel, de falta de agilidad en el proyecto y de los precios con los que la Diputación ha negociado la compraventa de los terrenos necesarios para la ampliación del aeródromo. 

En primer lugar, Rey recordó que las previsiones que tenía el tripartito para iniciar las obras al final del verano no se van a cumplir y, en segundo lugar, indicó que las fincas compradas hasta la fecha para esta ampliación se han pagado al triple de lo que se ha fijado para la expropiación, además de que se ha comprado el doble del terreno del que se necesita, 399.000 metros cuadrados frente a los 159.000 metros cuadrados. 

En cuanto a los precios, Rey también ofreció cifras. Indicó que si la Diputación hubiese comprado solo el terreno que necesita para la ampliación de la pista y lo hubiese hecho al precio marcado por la expropiación hubiese desembolsado 180.000 euros y no los 589.000 euros que ya ha pagado. Indicó que hubiese sido conveniente haber realizado la expropiación para todos los terrenos, dado que no ha habido acuerdos para comprar 14 fincas y se han comprado 13. De esta manera argumentó la abstención socialista diciendo que «si esto sale mal, el PSOE no quiere ser responsable». 

El vicepresidente tercero y coordinador del Aeroparque Tecnológico Industrial, José Antonio de Miguel, le reprochó al portavoz socialista que siembre dudas sobre el  procedimiento que realiza la Diputación para la adquisición de los terrenos que necesita tanto en la compra venta como de cara a la expropiación. «Todo se ha realizado con luz y taquígrafos», espetó De Miguel, en una de sus intervenciones. El vicepresidente dejó claro que los precios de compraventa  están avalados por informes técnicos y que se han valorado a 15.000  euros la hectárea, mientras que para la expropiación el precio marcado es 13.400 euros la hectárea. 

En este sentido recordó que todas las hectáreas afectadas por este proyecto en esta zona son de regadío y están dentro del área del campillo de Buitrago, «no sé si usted sabe mucho sobre lo que cuesta una hectárea de regadío», manifestó dirigiéndose a Luis Rey.  Negó que se haya pagado el doble por los terrenos e indicó que se han comprado fincas completas, porque si bien para la ampliación no se necesitan todas sí serán necesarias para el proyecto del ATI. A juicio de De Miguel se debería seguir comprando otras 200 hectáreas más, que son los terrenos entre  Tardesillas hacia la carretera de El Royo hasta el entronque donde está la empresa Ondara  y desde Tardesillas hasta el entronque con el camino que se dirige hasta la EDAR de Garray. Estas son las hectáreas necesarias para desarrollar todo el proyecto según marca el Plan Director del ATI, recordó De Miguel, quien también puso de manifiesto la importancia de este proyecto para el desarrollo de la provincia, en el que la Diputación también se ha puesto en contacto con empresas interesadas en instalarse en el área industrial. 

Consideró que los argumentos del portavoz socialista son «excusas porque en realidad piensa que si no sale adelante el ATI mejor». Le acusó de confundir ofreciendo datos falsos y  lamentó el «estilo rastrero» que empleó en el debate de ayer. 

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, también intervino en el debate para indicar al socialista que con su abstención se demorará el expediente de utilidad pública y agregó que «cuando este proyecto salga adelante le recordaré que no ha ayudado» . 

Por otra parte, el pleno de la Diputación, que se celebró con las ausencias del diputado no adscrito  Miguel Cobo y el socialista, Alberto Abad, dio cuenta de la designación del cargo en dedicación exclusiva para el diputado del PSOE Carlos Llorente, después de la renuncia a la misma que tenía su compañera Esther Pérez.