La presa de San Pedro se sumerge en el olvido
La paralización de las obras cumple tres años y su reanudación depende de la resolución de tres expedientes administrativos y judiciales que enfrentan a la empresa adjudicataria con la Administración General del Estado
«Inmaculada» es el término que empleó el alcalde de San Pedro Manrique, Julián Martínez, para definir el estado de las obras de la presa que llevan paradas tres años. Lo ejecutado en el año 2018 permanece ahí, a la espera de que se resuelva la guerra administrativa y judicial (tres expedientes) entre la empresa adjudicataria y la Administración General del Estado que ha llegado a la Audiencia Nacional.
Hace 20 días que Julián Martínez estuvo visitando lo que está hecho de la presa y después de tres años comenta que ya ni pregunta a nadie, «si quieren hacerla la harán, aquí la necesitamos», puntualizó.
La presa de San Pedro Manrique es una reivindicación histórica de este municipio soriano para mejorar el abastecimiento en las poblaciones de San Pedro Manrique, Palacio de San Pedro, Ventosa de San Pedro, Matasejún, Taniñe, que corresponden a todo el término municipal.
Este año, San Pedro ha acusado problemas en dos fechas puntuales del año. Una semana en el mes de agosto y otra en otoño. A causa de la sequía se ha hecho necesario bombear agua del río para atender a la demanda para el consumo de la población del municipio. Los problemas seguirán existiendo hasta que la presa, proyectada sobre el río Mayor, no entre en funcionamiento.
En la actualidad la obra de la presa se encuentra «parcialmente suspendida» por la tramitación de un modificado del proyecto y las unidades de obra no suspendidas «han sido abandonadas unilateralmente por el adjudicatario», según la información facilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica para el Reto Demográfico a este periódico.
Esta situación ha desembocado en tres expedientes que «hasta que no se resuelvan no podrá conocerse la vía por la que se continuará la ejecución de esta obra», aclara el Ministerio. Declaraciones que arrojan incertidumbre sobre el futuro de su construcción que responde a un convenio marco firmado en 1999, entre el Ministerio y la Junta de Castilla y León, en el que el Gobierno regional se hacía cargo de las actuaciones necesarias para llevar a cabo la conducción del agua a las poblaciones beneficiadas, proyecto en el que ya había comenzado a dar los primeros pasos.
Desde entonces, San Pedro ha alzado la voz solicitando la construcción de esta presa que venía recogida en los planes hidrológicos en numerosas ocasiones, pero que no llegaba.
Adjudicación baja
Finalmente, la presa salió a licitación en 6.132.502 euros a la que concurrieron 24 empresas y se le adjudicó en septiembre de 2017 a la UTE formada por Construcciones Sarrión y la soriana Aglomerados Numancia por 3,7 millones, con una baja elevada en comparación el precio de la licitación.
El inicio de las obras estuvo previsto para comienzos de 2018, pero se retrasó por las condiciones meteorológicas. Tras cinco meses de trabajos, en septiembre de 2018 se había acabado con la excavación del cuenco de amortiguación y se había avanzado en el cuerpo de la presa y de los estribos. También se habían realizado excavaciones en la parte central de la presa. La entonces presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), María Dolores Pascual, visitó el avance de las obras marcando un horizonte temporal de finalización entre 2019 y 2020.
En otoño de 2018 se colocó la planta de hormigonado para acometer estos trabajos que no llegaron a realizarse, pero la planta sigue allí, como confirmó el alcalde de San Pedro. Y desde entonces las obras están en tal estado, paradas y tal como se quedaron.
Tras la parada invernal del año 2018, en marzo de 2019 el contratista solicitó la resolución del contrato alegando causas imputables a la Administración y una reclamación de daños, abriendo así una maraña de reclamaciones entre la UTE adjudicataria y la Administración central del Estado. Además, en el último año se ha tramitado una modificación del proyecto de construcción, en el que se recogen nuevas necesidades, que también ha sido recurrido por la empresa adjudicataria y que complica más toda la tramitación.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico había invertido en la presa, hasta marzo de 2021, un total de 561.920 euros, correspondientes a las anualidades de 2018 y 2019. Para el próximo año no hay partida presupuestaria consignada, según la información facilitada por el diputado nacional del PP, Tomás Cabezón, que ha sido y sigue siendo incisivo a la hora de reclamar al Gobierno soluciones para desbloquear esta paralización al tratarse de una infraestructura necesaria para mejorar el abastecimiento en la comarca de Tierras Altas.
Cabezón ha tramitado numerosas preguntas al Gobierno en el Congreso para realizar el seguimiento de los expedientes, pero también ha recabado información entre las empresas que forman la UTE a la que se adjudicaron las obras.
El Ministerio de Transición Ecológica sostiene que las obras fueron «abandonadas de manera unilateral» por la empresa adjudicataria, pero el diputado popular, Tomás Cabezón, lo rechaza e indica que la adjudicataria quiere negociar un acuerdo.
Entre los problemas que la empresa ha trasladado al responsable político soriano destaca que una de las carencias de las que adolecía el proyecto inicial es que no detectó que el suelo de la presa y todo el entorno es de pirita, por lo que obliga a emplear cemento sulforesistente. Al parecer solo una empresa lo fabrica en España y ello encarece la obra, «un gasto que no lo admite la CHE para el modificado», concluye Cabezón.