El Juzgado condena a Distiller por vertidos contaminantes

El Juzgado de lo Penal de Soria dictó ayer sentencia de conformidad en la vista en la que se iba a enjuiciar la responsabilidad de un administrador de la planta Distiller, ubicada en Ólvega, por vertidos contaminantes a un arroyo causando daños medioambientales. 

El acusado reconoció haber cometido una imprudencia grave en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y admitió la pena dictada por la jueza. Cumplirá cinco meses de prisión, que se suspende al carecer de antecedentes penales) y seis meses de inhabilitación especial en el cargo de administrador de la empresa. Además deberá pagar una multa de 3.600 euros (8 meses a razón de 15 euros diarios) y una indemnización de 100.000 euros a la Junta de Castilla y León, en concepto de daños generados al suelo y al dominio público hidráulico por los vertidos tóxicos. Cantidad que la empresa va a invertir en el entorno donde se encuentra ubicada la planta de Ólvega.

La fiscal, acusación particular (Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León) y defensa del acusado llegaron ayer a un acuerdo que evitó la celebración del juicio, con el que se rebajaron las penas y la indemnización. 

La Fiscalía tuvo en cuenta la prueba presentada por la defensa, en la que la empresa argumentaba una  inversión de 650.144 euros, en el periodo 2012-21, para reparación de daños ambientales en la planta olvegueña. Por ello, se rebajó la cuantía de la indemnización por daños solicitada en un principio de los 405.000 a los 100.000 euros.

Asimismo, el Ministerio Fiscal retiró la imputación del delito doloso al acusado y consideró que los hechos correspondían únicamente a una imprudencia grave con la consecuencia de daños al medio ambiente. Por ello, rebajo la pena inicial que pedía en  un principio de los 3 años y medio de prisión, 16 meses de multa a razón de 15 euros diarios y dos años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión durante dos años. 

La agrupación ecologista, que actuó como acusación particular, también se dio conforme con las penas y rebajó sus pretensiones iniciales,  en las que solicitaba 21 meses de prisión para el responsable de la empresa. 

 El letrado de la agrupación ecologista, Luis Oviedo,  manifestó en declaraciones a HERALDO DIARIO DE SORIA que

«aunque entendíamos que en los hechos había dolo eventual hemos aceptado la imprudencia grave porque se han reconocido los hechos por parte de la empresa». El letrado pidió que «estos hechos no vuelvan a ocurrir  y si Distiller funciona que lo haga correctamente». 

La compañía catalana Distiller cuenta con una planta en Ólvega que está dedicada al tratamiento de residuos peligrosos, recuperación de disolventes y tratamientos de aceites industriales, entre otras actividades. 

Los hechos por los que se ha condenado a Distiller se remontan a incumplimientos denunciados  en los  años 2016 y 2017. Según el relato de Fiscalía,  se detectó en el arroyo de la Vega un olor a hidrocarburos y se comprobó que la empresa había instalado dos tuberías subterráneas, como drenajes de metales pesados del suelo, que no estaban debidamente cegadas y ocasionaron un vertido directo al cauce del arroyo, de cuya existencia tenía conocimiento el responsable de la empresa, así como de  dos puntos de «vertidos ilegales» en la red de pluviales del  polígono industrial de Ólvega. 

En relación a estos vertidos se tomaron varias muestras para proceder a su análisis; en la tubería de salida de la empresa, a  la salida del arroyo entubado, en la tubería de hormigón de la empresa, aguas arriba del punto de vertido y en la confluencia del arroyo de Los Caños con el río Val. 

Según la Fiscalía, a cien metros  aguas abajo de los citados vertidos se detectó una fuerte acumulación de metales pesados, en comparación con los análisis de las aguas tomadas varios metros arriba. La fiscal concluyó que el responsable de la empresa no realizó «un control adecuado» de estos vertidos que causan una grave contaminación en el cauce del arroyo y en el entorno medioambiental. 

En el transcurso de la investigación judicial, a raíz de esta denuncia por los ecologistas, se detectó un fuerte problema de contaminación de las aguas subterráneas, tanto dentro como fuera de las instalaciones. 

Por último, Distiller ya había sido sancionada con ocasión de un vertido anterior, concretamente en el año 2014, tras una fuga de pluviales con restos de hidrocarburos.