Una cacería ilegal en Santa María de Huerta se salda con 12 identificados

Cazadores 'cazados'. Los agentes medioambientales identificaron y denunciaron a una docena de personas preparadas para la caza en una zona vedada del sur de Soria. La operación se desarrolló en base a sospechas anteriores y puede saldarse con sanciones abultadas y prohibiciones temporales para ejercer la caza.

Desde hace un tiempo, agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León sospechaban de diferentes casos de furtivismo que podrían estar sucediendo en un terreno vedado en el término municipal de Santa María de Huerta, espacio que debería ser el reservorio de especies de la zona y de los cotos colindantes. Todo hacía indicar que este terreno estaba siendo aprovechado por furtivos de diferentes modalidades, como caza de corzo a rececho, caza de palomas en bebederos habituales y cacerías colectivas de jabalí y ciervo.

Una vez que se tuvo constancia de que iba a celebrarse, el 26 de febrero, una cacería en un coto colindante de la Comunidad de Aragón, la Junta organizó un dispositivo compuesto por ocho agentes medioambientales y cuatro vehículos para vigilar esta zona de reserva. Los agentes se situaron de manera estratégica en oteaderos para verificar la cacería y concretar el número de participantes y la forma de proceder.

Antes de dar comienzo la cacería y para evitar la caza de cualquier animal, los agentes medioambientales intervinieron identificando a 12 personas que se ubicaban en puestos fijos o batiendo la zona con perros de rehala, invadiendo un citado terreno vedado del término municipal de Santa María de Huerta, por tanto una zona prohibida para la actividad cinegética.

Se decomisaron rifles y artes de caza y se tramitaron las denuncias correspondientes por incumplimiento a lo establecido en la Ley 4/2021 de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. Los hechos podrían ser considerados infracción grave y, de ser así, las sanciones podrían oscilar entre 2.000,01 y 10.000,01 euros, pudiendo conllevar la inhabilitación para cazar en un periodo comprendido entre uno y tres años. Además, a la citada sanción correspondiente podría sumarse la valoración de daños y perjuicios ocasionados.

Los agentes de la Junta de Castilla de León realizan servicios de vigilancia y control cinegético durante todo el año, adoptando los operativos a la época o modalidad cinegética practicada.