La Diputación de Soria modifica el contrato con Airpull y concede 10 días a la empresa para firmarlo

El pleno de la Diputación aprobó ayer, con la abstención del PSOE, la modificación del contrato de concesión del aeródromo con la empresa Airpull, a la que concede el plazo de 10 días hábiles para suscribir las nuevas condiciones relacionadas con la gestión de las instalaciones aéreas, propiedad de la Institución Provincial. 

Las modificaciones se resumen en dos aspectos fundamentales. El primero está relacionado con la actualización de las tarifas por la utilización del aeródromo y el segundo con la incorporación de nuevas edificaciones y dotaciones de infraestructuras que no estaban  en el año  2013, cuando se adjudicó a a Airpull. Además se ha modificado la partida económica del seguro de responsabilidad civil hasta los diez millones de euros y finalmente será la Diputación la que cobre directamente la tasa de almacenaje de aeronaves, de acuerdo a los precios reflejados en la ordenanza que aprobó para este concepto, tal y como explicó el vicepresidente y coordinador del Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI), José Antonio de Miguel. 

Las tarifas de los diferentes usos como el estacionamiento de aeronaves, utilización de angares  y el canon de escuelas, entre otros, se han actualizado con el IPC acumulado desde 2013 y los precios serán a partir de ahora un 9,9% más caros. 

Por otra parte, las infraestructuras que no estarán sujetas al contrato con Airpull son las instalaciones de la base de helicópteros para los incendios, la parcela de 10.000 metros cuadrados que se adjudicó a Layônair, la plataforma para estacionamiento de aviones de 37.000 metros cuadrados que  ya está hecha y la segunda plataforma de 4.500 metros para ultraligeros. 

Esta modificación de contrato es la segunda vez que pasa por pleno, ya que en diciembre se retiró para completar la propuesta con más informes técnicos y jurídicos. La modificación entre la propuesta inicial y la que ayer se aprobó en el pleno estriba fundamentalmente en el encargado de cobrar la tasa de almacenaje de aviones. En la inicial se planteaba que lo hiciese Airpull y posteriormente lo revertiese a la Diputación, pero los técnicos plantearon la idoneidad de que lo hiciese la Institución a través de su propia ordenanza. No obstante,  De Miguel recordó que Airpull es el actual gestor del aeródromo y se encarga del control del tráfico, aterrizaje y despegue de los aviones, «y esto conlleva un gasto que también tendremos que abonar», puntualizó De Miguel. 

La portavoz del PSOE, Esther Pérez, justificó su abstención porque después de presentarla hace unos meses «ahora se presenta con prisas». La portavoz hizo hincapié en que en la modificación se han incluido tres importes de la tarifa sin un previo informe económico que no estaban en la concesión. También consideró que hubiese sido conveniente que se hubiese dado cuenta a Airpull antes de llevarlo al pleno. A esto último, De Miguel indicó que la empresa tiene puntual conocimiento de los cambios y está a favor de los mismos.